El ataque fue durante protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, en marzo de 2021.

La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por una de las defensas de los acusa­dos y ratificó la resolución de la Cámara de Apelación, que ordenó un nuevo juicio oral y público para tres procesa­dos por la quema de parte de la sede de la ANR.

Esta causa, conocida como “quema de Colorado Róga”, ocurrió en medio de las protestas contra el gobierno del entonces pre­sidente Mario Abdo Bení­tez en marzo de 2021.

Los ministros votaron por la inadmisibilidad de la casación planteada por la defensa del acusado Pedro Areco, argumentando que no cumple con los requisi­tos establecidos en el Código de Procedimientos Penales, al no ser su objeto una reso­lución que ponga fin al pro­ceso.

Días atrás, el Tribunal de Sentencia pospuso el inicio del nuevo juicio oral para los cuatro acusados a fin de esperar la resolución de la Corte y así llevar adelante el juzgamiento de Pedro Areco, Enrique Agüero, Arnaldo Martínez y Vivian Genes.

Ahora, la presidenta del Tri­bunal de Sentencia, Lourdes Garcete, deberá informar a las partes el día y la hora del inicio de la audiencia oral.

Dalia López permanecerá por unos días en el área de Admisión del Complejo Penitenciario de Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada hasta definir el módulo en el cual será recluida, dijo hoy el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.

Su ingreso al penal se dio el lunes en horas de la tarde, luego de que el juez Francisco Acevedo rechazara la solicitud de la defensa para que la empresaria siga en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.

“Permanecerá en Admisión hasta concluir el proceso de admisión y definirse en cuál de los módulos será ubicada”, indicó en conversación con el programa “Así Son Las Cosas” de canal GEN y Radio Universo 970AM/Nación Media.

Teniendo en cuenta su situación jurídica, se disponen de tres módulos para procesadas, que son los módulos 2, 4 y 6, mencionó el entrevistado.

“La definición va a ser resultado de las evaluaciones que se le hacen al ingreso y forman parte del proceso de admisión”, puntualizó.

En cuanto a la posibilidad de que la reclusa pueda contar con ciertos privilegios en su celda, como los descubiertos la semana pasada, el alto funcionario del Ministerio de Justicia descartó que López pueda disponer de comodidades especiales.

“El COMPLE cuenta con una arquitectura modular, en la que todas las celdas tienen las mismas dimensiones y el mismo mobiliario, básicamente de concreto; no existe posibilidad de realizar conexiones eléctricas, por lo que sería técnicamente imposible introducir algún electrodoméstico”, explicó.

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Además, con el nuevo modelo de gestión penitenciaria se hacen requisas rutinarias de mañana y de tarde. De esa manera se busca evitar que en algunas celdas puedan tener algún elemento no permitido, añadió.

No obstante, podrá recibir visitas. “Una vez que sea ubicada en el módulo que le corresponda, va a tener un día y una hora determinada para las visitas”, aclaró.

Por otro lado, dijo que está prohibido filmar o divulgar imágenes del interior del penal, sobre todo en áreas críticas, por una cuestión de seguridad.

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El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, indicó que la decisión de dotar de comodidades al espacio de reclusión de la empresaria Dalia López, que pasó a considerarse como una “celda vip”, es responsabilidad personal y unilateral de la exjefa del Departamento Judicial Femenino, Nidia Martínez, quien ya fue apartada del cargo y sometida a sumario de Asuntos Internos.

Benítez comentó que ni bien tomó conocimiento del hecho, se puso en contacto con el comandante de la Policía Nacional, César Silguero Lobos, con el director general de Investigación Criminal, Marcelino Espinoza, así como con el director de Asuntos Internos, para evaluar la situación, comentó durante una entrevista en la radio 730 Am.

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“Lo que primariamente hemos visto que fue una decisión unilateral, de la entonces jefa de este departamento Judicial Femenino. Por eso, esta acción, y lo puedo decir con certeza, no responde a lo que es la responsabilidad del comando institucional. Es una responsabilidad personal y unilateral de esta jefa que ha tomado esa decisión de facilitar digamos ciertos elementos a la señora que está privada de libertad”, mencionó.

Dijo además, que estas fueron las primeras impresiones que sacaron de la reunión que mantuvo con el comandante Silguero y el director general de Investigación Criminal. Por tanto, señaló que la exjefa de este departamento Judicial Femenino fue apartada del cargo y ya se encuentra a cargo de Asuntos Internos para la investigación.

“Tendrá que responder por su actuar de manera unilateral y personal. Reitero, amén de que se pueda hablar o sospechar de algún tipo de corrupción o de haber recibido dinero a cambio de este favor. Amén de esto, es una responsabilidad totalmente personal y en absoluto no representa una decisión institucional. Está claro que esto conlleva un sumario y la posible sanción dependiendo el nivel de hecho que se llegue a comprobar durante la investigación”, enfatizó.

En cuanto a medidas a tomar a partir de ahora, resaltó que a lo que se apunta es a elegir a los mejores talentos humanos disponibles, siempre conscientes de que existen los riesgos de que algo pueda salir mal, o puede haber malas decisiones, pero la voluntad institucional es siempre apostar a escoger al mejor personal, al mejor talento humano, más cualificado disponible.

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El Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Humberto Otazú, que fue planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, en la causa en la que es investigado por supuesta lesión de confianza.

El presente caso está sin magistrado hace dos meses por la falta de determinación de los integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, segunda sala.

Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron que en la misma fecha en que presentaron la recusación contra el citado magistrado, los representantes de legales de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.

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El juez Otazú había admitido la imputación presen­tada contra el exministro de Obras Públicas por el pre­sunto delito de lesión de con­fianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del Metrobus.

Según la imputación, no cum­plió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.

Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Esti­garribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demoli­das durante su administra­ción.

Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.

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