El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, informó que se logró suspender el remate de varios locales pertenecientes a la organización política. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Fleitas señaló que los bienes partidarios “se respetan y no se negocian” y agradeció el respaldo de militantes, dirigentes y el equipo jurídico que acompañó las gestiones.

El titular del PLRA resaltó que la medida fue posible “con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de mucha gente comprometida”, reafirmando que continuarán trabajando para “dar siempre lo mejor” a la nucleación política. La suspensión del remate evita, por el momento, la pérdida de inmuebles utilizados para actividades partidarias en distintas localidades del país.

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Es sabido que el Partido Liberal arrastra una difícil realidad financiera desde ya hace varios años, deudas que fueron adquiridas durante la presidencia de Efraín Alegre y que en su mayoría, han permanecido impagas hasta la fecha, llevando a los acreedores a realizar demandas y promover embargos en contra del partido.

La situación económica adversa del PLRA también ha sido un factor que ha contribuido a su inestabilidad política. Muchos dirigentes liberales han cuestionado la gestión de Fleitas al frente de la institución, puesto que señalan que su administración no ha terminado de dilucidar el monto real de la deuda.

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“Los concejales aprobaron todas las barbaridades administrativas de Miguel Prieto, y hoy son sus principales defensores y obstructores del proceso de intervención”, denuncia dirigente del PLRA.

El dirigente del Partido Libe­ral Radical Auténtico (PLRA), Iván Airaldi, requiere que los concejales de Ciudad del Este sean investigados por supues­tamente avalar los hechos de corrupción en la administra­ción de intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

“Por medio de la interven­ción se dio apertura a una caja de Pandora. Los con­cejales aprobaron todas las barbaridades administra­tivas de Miguel Prieto han sido aval de los robos y hoy son sus principales defen­sores y obstructores del proceso de intervención. Los concejales oficialistas fueron cómplices de todo”, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El requerimiento de Airaldi surge tras detectarse una malversación por G. 29.000 millones en la administra­ción de Prieto, de acuerdo a los datos proveídos por el inter­ventor Ramón Ramírez en una reciente conferencia de prensa. El presunto desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gas­tos corrientes, transferencias y pago de deudas.

“La intervención viene a demostrar todo lo que siem­pre denunciamos como los hechos de planillerismo, el pago de favores o apoyo polí­tico por medios de los jugosos salarios utilizando la figura de asesores. Igual este pro­ceso expone el esquema mon­tado para favorecer a los ami­gos del entorno mediante desvío del dinero municipal por medio de obras sobrefac­turadas”, sostuvo Airaldi.

Documentos que aparecen y desaparecen.

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documen­tación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planifi­cado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evi­denciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anti­cipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

Dirigentes de bases del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Alto Paraná urgieron a las máximas autoridades de la nucleación de oposición impulsar la construcción de un proyecto político serio con miras a las presidenciales del 2028.

En la ocasión, intendentes, concejales y otros representantes de la nucleación coincidieron en la necesidad de reconducir y organizar al PLRA, recuperar su identidad y acompañar a los sectores más desfavorecidos, según detalló el senador Éver Villalba, quien, a través de su movimiento Corriente de Renovación Liberal (Correlí), impulsa un ñemongeta en varios puntos del país.

Villalba detalló que la actividad consiste en un espacio de diálogo, discusión y análisis entre los dirigentes rumbo a las elecciones municipales del 2026 y las generales del 2028. El encuentro con las bases también ya fue realizado en los departamentos de San Pedro y Central.

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Los encuentros fueron desarrollados en Ciudad del Este y Presidente Franco. El parlamentario estuvo acompañado por el miembro del directorio del PLRA, Julio Alvarenga, la coordinadora de presidentes, Rosa Ojeda, y el candidato a concejal, Richard López.

El encuentro tuvo como eje principal la necesidad de reconducir al liberalismo y devolverle su fortaleza histórica. Asimismo, se informó que entre los temas debatidos en el ñemongeta surgen preocupaciones comunes a otros puntos del país como la crisis en la conducción partidaria, la sensación de que lo electoral ha opacado lo político y la necesidad de que los liberales definan internamente sus diferencias antes de los próximos desafíos electorales.

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El dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Iván Airaldi, requiere que los concejales de Ciudad del Este sean investigados por supuestamente avalar los hechos de corrupción en la administración de intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

“Por medio de la intervención se dio apertura a una caja de Pandora. Los concejales aprobaron todas las barbaridades administrativas de Miguel Prieto, han sido aval de los robos y hoy son sus principales defensores y obstructores del proceso de intervención. Los concejales oficialistas fueron cómplices de todo“, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El requerimiento de Airaldi surge tras detectarse una malversación por G. 29.000 millones en la administración de Prieto, de acuerdo a los datos proveídos por el interventor Ramón Ramírez en una reciente conferencia de prensa. El presunto desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas.

“La intervención viene a demostrar todo lo que siempre denunciamos como los hechos de planillerismo, el pago de favores o apoyo político por medios de los jugosos salarios utilizando la figura de asesores. Igual este proceso expone el esquema montado para favorecer a los amigos del entorno mediante desvió del dinero municipal por medio de obras sobrefacturadas”, sostuvo Airaldi.

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Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

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