Desde tempranas horas, los afiliados del Partido Patria Querida se encuentran participando activamente de la jornada electoral, ejerciendo su derecho al voto para definir los candidatos a intendentes y concejales de juntas municipales en todo el país, en el marco de un proceso interno democrático que también define la mesa directiva y la conformación de los equipos de conducción ejecutiva y nacional de la nucleación política.

La renovación de autoridades cuenta con una lista única, denominada Marcha el cambio 2026, que postula a Stephan Rasmussen González en su reelección como presidente, así como el actual intendente de Encarnación, Alfredo Luis Yd Sánchez, como vicepresidente primero; y la diputada Hilda María del Rocío Vallejo Ávalos, también como vicepresidente segunda.

Entre los primeros que ya ejercieron su derecho al voto, justamente fueron las autoridades partidarias, entre ellos, el presidente del partido Stephan Rasmussen, la diputada Rocío Vallejo, el concejal Álvaro Grau y el candidato Sebastián Garay, quienes acompañan activamente del proceso electoral interno.

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Igualmente, a primeras horas de la mañana, la candidata a la intendencia de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, visitó el puesto de comando del PPQ, acompañada igualmente por el presidente Rasmussen; la diputada Vallejo; los concejales Grau y Serrano; así como los candidatos a la Junta Municipal capitalina, Sebastián Garay e Ingrid Noguera, junto a dirigentes y afiliados de la nucleación política.

Las autoridades partidarias resaltaron la importancia de la participación de los afiliados desde el inicio de la jornada, en un proceso que fortalece la institucionalidad del partido y reafirma su compromiso con los valores de la ética, la transparencia y el servicio público.

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El diputado colorado Alejandro Agüilera presentó un proyecto de resolución “Que pide informes a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el cobro de cánones a la publicidad luego de la rescisión del convenio MOPC - Fast Print”.

El documento se fundamenta en hechos de público conocimiento relacionados con la instalación de carteles publicitarios con mensajes ofensivos hacia la soberanía nacional en dicha localidad, situación que generó una amplia repercusión y preocupación en diversos sectores de la sociedad.

El proyectista señaló en su argumentación que la inquietud se ve agravada por una situación institucional vinculada a un aparente cobro indebido de cánones por publicidad por parte del municipio esteño.

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Según los antecedentes expuestos, dichos cobros se habrían efectuado con posterioridad a la rescisión del convenio que existía entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Fast Print.

En su exposición de motivos, el parlamentario resalta las declaraciones públicas del representante legal de la firma publicitaria, quien afirmó de manera categórica que la Municipalidad de Ciudad del Este le otorgó los permisos correspondientes para el cobro del canon.

La normativa plantea que la administración municipal responda de manera puntual si ha cobrado cánones por publicidad a la empresa Fast Print o a cualquier anunciante luego de la rescisión del convenio con el MOPC, debiendo especificar los períodos y los montos involucrados en caso afirmativo.

Solicita que la institución explique las razones legales o administrativas por las cuales consideró procedente el cobro de dichos cánones de forma posterior a la rescisión de la alianza, considerando que la autorización original para instalar la publicidad provenía de la cartera de Obras Públicas y no de la propia municipalidad.

Finalmente, el proyecto exige la remisión de copias de las ordenanzas, resoluciones, contratos o permisos en los cuales la comuna sustentó la recaudación en la zona afectada tras la culminación del acuerdo.

Este pedido de informes será remitido a las comisiones para los dictámenes de rigor y, posteriormente, será tema de análisis en el plenario de la Cámara de Diputados. Como en todos los casos, de ser emitido el requerimiento, el plazo para las respuestas será de 15 días.

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El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.

Por iniciativa del diputado colorado, Carlos Godoy, se busca obtener información de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la asistencia ofrecida a las comunidades indígenas en el territorio nacional. El pedido a la SEN requiere un informe pormenorizado sobre programas, planes y acciones en el marco de la ley y cantidad de comunidades asistidas, discriminadas por departamento y pueblo indígena.

Se busca obtener datos también sobre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados. En tanto al Indi, se solicita detalles sobre las acciones institucionales desarrolladas desde la promulgación de la ley de emergencia, el alcance de la asistencia brindada a las comunidades, la ejecución de recursos financieros y la eventual conformación del equipo de trabajo intergubernamental.

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Es por ello, que el parlamentario del Movimiento Honor Colorado, fundamenta su planteamiento en la implementación de la Ley Nº 6319/2019, que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas pertenecientes a los 19 pueblos asentados en distintos departamentos del territorio nacional.

Según el proyectista, la intención es contar con una evaluación de los resultados, conocer las limitaciones, así como las acciones previstas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las comunidades indígenas en situación de emergencia.

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