La Corte Suprema de Justicia notificó a la Cámara de Senadores sobre la integración de la Sala Constitucional ampliada para tratar el pedido de inconstitucionalidad presentado por la exsenadora Kattya González sobre la pérdida de investidura. “La pérdida de investidura es categórica”, fue la reacción del presidente del Senado, Basilio Núñez, a favor de la institucionalidad.

“Respeto la institucionalidad, siempre digo, la Corte tiene esa prerrogativa, así como también el Poder Legislativo, ya había dicho en aquel entonces. Yo voy a hablar por mi persona, como un voto más, yo no estoy de acuerdo que sean avasallados los derechos del Congreso, del Poder Legislativo, en este caso. Es una postura personal, deberíamos hablarlo después con los colegas”, afirmó el titular legislativo en conversación con los medios de comunicación.

Afirmó que se debe respetar y cumplir con la autonomía y la independencia de cada institución. “La Constitución habla para las pérdidas de investidura de mayorías simples, un reglamento no puede estar por encima de una ley, una ley no puede estar sobre la Constitución Nacional”, apuntó Núñez.

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Con respecto a la consulta si está de acuerdo o no con el regreso de la exparlamentaria a un curul en el Senado, si existe un fallo de la Corte en ese sentido, respondió que “no existe la recuperación de la investidura en la legislación paraguaya, la pérdida de investidura es categórica”.

Recordó otras situaciones en periodos anteriores, donde senadores fueron despojados de su investidura y tampoco volvieron a su banca. “Yo ya analicé y tengo una postura contundente. Yo no creo (en la reincorporación), viendo la historia política democrática del Paraguay, si algunos de los senadores fueron reincorporados; sí hubo disculpas de la senadora Esperanza (Martínez) por haberle echado al senador Dionisio Amarilla, porque actuaron mal”, puntualizó.

Ratificó nuevamente que la Constitución Nacional es clara con relación a la perdida de investidura. “Yo estoy convencido de que nosotros actuamos bien, porque la Constitución Nacional está de nuestro lado, avalado por el libro de la excolega, y yo estoy convencido que del que policía que está conmigo no puede hacer pegatinas. La pérdida de investidura es un juicio político. Voy a hablar con los colegas para que la independencia del Poder Legislativo sea respetada”, señaló el senador.

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El diputado Alejandro Aguilera, uno de los integrantes de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que la primera reunión para instalar la mesa directiva está prevista para el próximo lunes. Dijo que, a partir de allí, se establecerán las convocatorias a los concejales municipales y al intendente Miguel Prieto.

“Nosotros vamos a reunirnos el lunes, nuestra primera reunión probablemente, a confirmar. Luego, inmediatamente, ya haríamos la invitación para convocarle a los concejales municipales, para que vengan a dar su versión, también de las denuncias, y luego estaremos convocando al intendente Miguel Prieto”, adelantó, este jueves, en entrevista a La Nación/Nación Media.

Con relación a la convocatoria a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) para exponer sobre el informe que llevó al pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, Aguilera refirió que el informe es bastante completo, por lo que el llamado estaría demás. También adelantó que se podría realizar una visita in situ a la sede municipal para constatar las denuncias.

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“La Cámara cuenta ya hoy en día con el dictamen emitido por la Contraloría General de República, así que estaría ya demás invitarlo a él (contralor Camilo Benítez). Sí a pedido de los miembros de la comisión, si ellos lo sugieren y creen conveniente, también iríamos hasta Ciudad del Este para ver in situ, cotejar las denuncias que hay respecto determinadas obras, sobrefacturaciones y demás denuncias existentes”, sostuvo el legislador en conversación con LN.

Una vez que se realicen todas las convocatorias y la eventual verificación in situ, ya estará emitiendo el dictamen final. “Luego, ya estaríamos elevando un dictamen que pondríamos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, para que la Cámara tome la decisión de si interviene o no la municipalidad. Calculamos un plazo de dos semanas que va estar en funcionamiento de esta comisión y luego ya va quedar en manos de la Cámara”, señaló el diputado.

Por otra parte, se refirió a la posible renuncia de Prieto a la intendencia y afirmó que mientras no exista nada oficial no se puede evaluar si esto afectaría o no el trabajo de la Comisión de Intervención. “No quiero hablar de supuesto porque es una información que no es oficial, sí escuché versiones, pero si es que no sucede no quisiera emitir ningún tipo de opinión”, sentenció.

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Durante la sesión de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún lanzó duras críticas contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuya administración es señalada por la Contraloría General de la República por contener varios indicios de hechos punibles. El legislador cuestionó también a quienes todavía lo defienden, pese a que él mismo reconoció haber incurrido en hechos de nepotismo.

“Algunos siguen le defendiendo diciendo que es una persecución, no entiendo en qué cabeza entra poder defender lo indefendible, en este caso, cuando es autor confeso de la corrupción, cuando existen pruebas palpables que podemos tocar, ver y sentir, no hay forma de defender si queremos ser coherentes”, expresó ante el pleno.

El parlamentario recordó que existen denuncias en la comuna esteña por desembolsos millonarios a favor de comisiones para la supuesta construcción de empedrados, asfaltos, escuelas, entre otros, y estas estaban encabezadas por allegados y funcionarios de la municipalidad. Además, se expidieron facturas que no tendrían validez legal.

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“Y esto no es según Javier Zacarías ni el Partido Colorado, sino según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), según la Contraloría y según las denuncias que se hacen de forma independiente. Pero acá un sector de la prensa y de la oposición nos quieren enseñar que tenemos que ser opositores y no hay ningún problema en ser corrupto, si total, si se nos denuncia, vamos a decir que es persecución”, afirmó.

Zacarías lamentó que exista una especie de “coraza” a quienes son de la oposición y también lamentó que algunos aleguen una supuesta persecución para evitar ser controlados por los organismos pertinentes. “Hace tres años está chicaneando su juicio, hoy vi que le recusó de vuelta a los fiscales y nuevamente no se va a poder hacer la audiencia, de vuelta chicaneando su juicio porque tiene miedo y trata de esconder la corrupción”, aseveró.

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Durante la plenaria de la Cámara de Diputados, esta semana se aprobó un proyecto de declaración “Que exhorta a la Entidad Binacional Itaipú a realizar estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad necesarios para el abastecimiento energético nacional a largo plazo, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 11 de la Ley Nº 3008/2006 y sus modificatorias”.

La iniciativa fue presentada por los diputados colorados Carlos Núñez Salinas y Rubén Roussillón, quienes coincidieron en la importancia de adoptar decisiones estratégicas en el ámbito energético, con visión de largo plazo y en estricto apego al marco legal vigente.

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El proyecto exhorta formalmente a la Entidad Binacional Itaipú a impulsar los estudios técnicos requeridos para evaluar alternativas de abastecimiento energético sostenible, que garanticen la seguridad, eficiencia y suficiencia del sistema energético nacional en el mediano y largo plazo.

El objetivo central de la declaración es sentar una postura institucional clara sobre la necesidad de promover una política energética de Estado, que responda al crecimiento de la demanda interna, fortalezca la soberanía energética del Paraguay y asegure el uso racional y estratégico de los recursos hidroeléctricos del país.

Este pronunciamiento legislativo se da en el contexto del proceso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, lo que refuerza la importancia de contar con información técnica actualizada y estudios que sirvan de base para la toma de decisiones de alto impacto nacional.

La declaración fue aprobada con amplio respaldo del cuerpo parlamentario y constituye un “compromiso firme de la Cámara Baja con el desarrollo energético integral del Paraguay, orientado al beneficio de las generaciones presentes y futuras”, según la exposición de motivos.

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