Luego de ser salvado una vez más por sus aliados, Rodolfo Friedmann también quiere ser el verdugo y presentó el pedido de pérdida de investidura del senador colorado Sergio Godoy. En la nota presentada a la presidencia de la Cámara de Senadores, Friedmann alega que existen supuestas pruebas fehacientes del uso indebido de influencias de Godoy en el caso Darío Messer.

El alegato menciona que Godoy realizó el asesoramiento jurídico a Messer para los trámites de naturalización, “como también le aconsejó la realización de determinadas inversiones” que habrían sido determinadas por la justicia de Brasil como ilícitas. El escueto documento con los alegatos solo cuenta por el momento con la firma de Rodolfo Friedmann.

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Rodolfo Friedmann por tercera vez fue salvado por los aliados del oficialismo (Colorado Añetete), el Frente Guasu, Partido Demócrata Progresista (PDP) y un grupo de liberales de perder la investidura. Sectores que forman parte de la mayoría coyuntural que desde hace tiempo viene manejando la votación a favor de postergar su expulsión evitaron su destitución.

Entre los protectores del exgobernador de Guairá están los senadores Sixto Pereira, Jorge Querey, Miguel Ángel Rodríguez, Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Pedro Santacruz, Amado Florentín, Eusebio Ramón Ayala, Víctor Ríos, Hermelinda Ortega, José Ledesma, Silvio Ovelar, Rodolfo Friedmann, Juan Afara, Javier Zacarías, Lilian Samaniego, Mirta Gusinky, Luis Castiglioni, Derlis Osorio, entre otros.

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Este grupo, horas antes de la sesión extraordinaria de ayer miércoles comunicaron al presidente del Senado, Óscar Salomón, que no estarían participando en ninguna sesión que trate pérdida de investidura hasta que se reglamente el artículo 201. Una de tantas excusas para trabar la expulsión de Friedmann; con lo que solo se conectaron 15 senadores en dicha sesión.

Friedmann está acusado de supuestamente haber montado un esquema presuntamente para adueñarse de las licitaciones de la Gobernación del Guairá para la provisión del almuerzo escolar mediante la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), que siempre era la adjudicada con los llamados, casualmente cuando el denunciado era gobernador y accionista de la firma donde aportó un capital operativo de G. 1.700 millones.

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