El diputado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentó sobre el rechazo al proyecto de ley de insolvencia tratado este miércoles en sesión extraordinaria. Sostuvo que la situación económica no daba las condiciones para esta normativa. El proyecto fue rechazado por unanimidad en Diputados, con 80 votos.
Primeramente, Maidana mencionó que durante una audiencia pública llevada a cabo ayer martes con varios representantes de diferentes gremios, los mismos manifestaron su postura en contra. La propuesta se había dado mesa de entrada en el 2019. “Era otra la situación económica, era hora de modificar algunos aspectos de modificar la Ley de Quiebra”, explicó, pero con la pandemia cambió el escenario.
El cuestionado artículo 9º es el que alertó a la ciudadanía y a comerciantes. “El primer perjuicio que traería es que cualquier acreedor puede solicitar la quiebra de su deudor ante el segundo incumplimiento o falta de pago de una obligación”, dijo el diputado sobre este apartado.
Por lo cual consideró como “una reacción peligrosa en estos momentos, hicimos una audiencia pública con la asociación de comerciantes, la sindicatura general de quiebras, que están en contra porque van a pasar a ser mixtos, pagados por el Estado y por la masa del acreedor”, añadió.
De esta forma justificó el motivo por el cual se rechazó el proyecto que vuelve al Senado. “Atendiendo toda esta situación, la caída de la actividad económica, el desempleo que aumentó, el crecimiento de informalidad y la falta de cumplimiento con obligación”, recomendó el rechazo.
Finalmente, el legislador dijo que “cuando pase la pandemia, se podría estudiar la normativa que va poder ayudar a toda la gente en nuestro país”, esto buscando modificaciones que sean acordes al escenario mundial pospandemia.
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Senador Nakayama afirma que definición de Cantero para la FGE es legítima
Ante cuestionamientos de algunos sectores, políticos principalmente, sobre la confirmación de Alba Cantero como fiscala general del Estado (FGE), el senador Eduardo Nakayama defendió la decisión tomada por la Cámara de Senadores. Explicó que el sector de la oposición trató el tema y decidió acompañar la confirmación de Cantero.
“Hablamos nosotros entre los opositores, teníamos que tomar una decisión a la luz de los hechos, y sobre todo, en la laguna jurídica que tiene la carta orgánica del Ministerio Público. Ahí no se contempla el caso de renuncia, el artículo 51 habla de inhabilidad”, señaló a los medios de prensa.
En este sentido, indicó que se tomó como referencia dicho artículo, la inhabilidad para definir quién tenía que interinar el cargo de fiscal general tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández. “En ese sentido yo entiendo que hayan constitucionalistas, abogados que tengan una posición, eso es absolutamente legítimo, pero el Senado consideró que teníamos que interpretar, de manera positiva o negativa”, aseveró.
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Respecto a la antigüedad, requisito fundamental para la designación, el legislador contó que fueron convocados representantes del Consejo de la Magistratura (CM) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes confirmaron que Cantero “definitivamente ella era la fiscal adjunta en lo penal más antigua en el Ministerio Público con 25 años de antigüedad”.
Otro de los puntos señalados por el senador, es la laguna respecto a la línea de sucesión en el caso de renuncia de un fiscal general, explicó que este caso es diferente a la Presidencia de la República, para el cual la línea de sucesión es clara. Por lo tanto, no se podría interrumpir un periodo establecido, que es de 5 años.
“También hablamos del riesgo que eso podría significar una convocatoria exprés, que no corresponde hacer una convocatoria exprés, y que no está tampoco prevista en la Constitución Nacional llamar a completar un periodo de un fiscal general. Será electo por el periodo de 5 años dice la Constitución, no dice que puede llamarse a concurso para completar el periodo”, refirió.
Agregó que “si se convocaba para un nuevo periodo sería interrumpir el periodo de 5 años que tienen los distintos fiscales desde que inició la Fiscalía general del Estado. Eso también era un riesgo que no se puede alterar”.
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Senado insta a investigar el manejo de datos biométricos de 3 millones de usuarios
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y al Banco Central del Paraguay (BCP) a colaborar con el Ministerio Público en la investigación sobre el manejo de datos personales, crediticios y biométricos vinculados al Grupo Vázquez. La iniciativa busca resguardar la información de más de tres millones de usuarios, cuyos datos, según las advertencias recientes, podrían quedar expuestos a la suplantación de identidad.
La iniciativa fue impulsada por los senadores colorados Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores, y su colega Lizarella Valiente, quienes expresaron la preocupación ante el plenario, teniendo en cuenta que todos los datos personales, crediticios y biométricos, que, según la exposición de motivos, permanecen alojados en servidores vinculados a empresas del grupo investigado.
Ante el plenario, Kemper advirtió que la información alojada en los sistemas informáticos del grupo empresarial no se limita a datos bancarios, sino que incluye registros personales sensibles, domicilios, hábitos de consumo y características biométricas de los ciudadanos.
Riesgo sobre información sensible
El senador Kemper explicó que uno de los aspectos señalados en el proyecto es la posibilidad de que los datos personales y biométricos hayan sido extraídos, transferidos o utilizados de forma ilegal, por lo que su eventual exposición representa un riesgo que puede afectar la seguridad y privacidad de los ciudadanos a largo plazo.
Ante esta vulnerabilidad, planteó a sus colegas la necesidad de determinar cuánto antes qué ocurrió con esos registros, dónde se encuentran alojados, quién tiene actualmente acceso a ellos y qué medidas se están adoptando para garantizar su protección.
“El objetivo es contribuir a la salvaguarda de los datos personales, crediticios y biométricos de la ciudadanía en general, y de los clientes y ahorristas en particular. En caso de comprobarse que se haya realizado una extracción o uso ilegal de la base de datos, dicha información pudiera incorporarse como evidencia en la investigación fiscal”, remarcó el legislador.
Cabe recordar que días atrás el nuevo presidente del BCP, Jorge Schreiner, mencionó ante el Senado que el verdadero negocio de los dueños de Ueno Bank era capturar los datos biométricos de todo el país. Indicó que durante el tiempo de operatividad fueron más de tres millones de clientes cuyos datos biométricos eran manejados por el Grupo Vázquez a través de sus empresas, según las investigaciones y datos del propio banco.
Peligro de suplantación
Al respecto, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, advirtió en comunicación con radio 1080 AM que los datos biométricos de tres millones de usuarios quedaron expuestos. Ante esta situación, señaló que el riesgo principal al que se exponen los ciudadanos de quienes el Grupo Vázquez manejaba sus datos biométricos es a la suplantación de identidad.
“Supongamos que esa información alguien la haya llevado en un disco duro y esté negociando; el problema que puede haber es la suplantación de identidad en primera línea. Los datos que manejaba dicha firma le daban un espacio tremendo al ámbito de negocio del servicio digital, tanto en pagos, habilitación de cuentas, billetera, entradas a la cancha”, comentó.
No obstante, mencionó que, como medida preventiva, ya se solicitó a Google y Amazon el resguardo y bloqueo de toda la información que almacenó Itti tanto de clientes de servicios financieros como asistentes de eventos masivos, como la Expo en Mariano Roque Alonso y el ingreso a las canchas.
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Senado aprobó ley que modifica procedimiento para integrar el JEM
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto que introduce cambios en el procedimiento para la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la modificación del artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, “y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público. Asimismo, establece que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá verificar la legalidad de los títulos profesionales antes de que la propuesta de designación sea puesta a consideración del pleno.
Durante el estudio de la iniciativa la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió a la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, quien planteó la necesidad de impulsar una reforma más amplia e integral de la normativa, al considerar insuficiente una modificación limitada únicamente al artículo 3º.
En ese sentido, la comisión emitió dictamen en mayoría por el rechazo y en minoría por la aprobación del proyecto. No obstante, durante el tratamiento en plenaria, el senador Mario Varela propuso modificaciones que fueron aceptadas por la Cámara Alta. En consecuencia, la iniciativa fue aprobada con modificaciones y será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados.
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El Senado brasileño aprueba un ajuste fiscal que apunta a ahorrar USD 9.500 millones
El Senado de Brasil aprobó este miércoles un plan de ajuste fiscal propuesto por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en un esfuerzo por controlar la deuda y tranquilizar al mercado tras la reelección del mandatario.
Lula ganó las elecciones en octubre con promesas como aumentar los subsidios a la población más pobre o perdonar deudas a microempresarios, en un contexto en el que el endeudamiento público supera el 80 % del PIB y va en aumento.
El plan aprobado prevé un ahorro de hasta 56.000 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares) en 2027, gracias en parte a un gasto menor en salud y educación.
Sin embargo, el gobierno no accedió a algunos reclamos del mercado como alterar el cálculo del salario mínimo y las pensiones, que en Brasil aumentan cada año por encima de la inflación.
“No es posible hacer ajustes perjudicando al pueblo trabajador, perjudicando el salario mínimo”, dijo Lula el lunes durante una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid.
“No puedo volverme rehén del sistema financiero”, agregó.
Pero el consenso en el mercado es que el ajuste “no es suficiente”, dijo a la AFP Jason Vieira, economista de la corredora Lev DTVM.
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Para corregir la trayectoria creciente de la deuda pública sería necesario un ajuste de 73.200 millones de reales (unos 12.500 millones de dólares), anotó Vieira.
Debatido mientras el real brasileño se desploma a su valor más bajo en casi dos años, el plan también generó rechazo entre la base izquierdista de Lula en el parlamento, que alerta sobre una posible recesión a causa de los recortes.
“Lo que el mercado quiere es meter a Brasil en una recesión, hacer que Lula pierda popularidad”, dijo el diputado oficialista Lindbergh Farias.
Sin embargo, fue aprobado en el Senado por una votación de 45 a 31 y será discutido ahora en la Cámara de Diputados.
El recorte excluye parte de los ingresos petroleros de Brasil de la fórmula para calcular los presupuestos destinados a salud y educación, que están fijados por la Constitución en 15 % y 18 % de los ingresos totales del Estado.
También rebaja las transferencias del gobierno federal a los gobiernos locales y acaba con algunas exenciones tributarias.
“El mercado mira mucho más la cuestión estructural” de la deuda brasileña y el ajuste aprobado es “un paño de agua tibia”, estimó el economista de la Fundación Getulio Vargas Mauro Rochlin.
Fuente: AFP