En el marco de los preparativos para la realización del Rally Mundial – WRC Paraguay 2025, el intendente de Hohenau, departamento de Itapúa, Enrique Hahn Villalba, dijo que la ciudad avanza con acciones concretas para garantizar a los visitantes un evento seguro, cómodo y con precios accesibles.

“Estamos preparándonos con todo para tener mucha comodidad. Desde el pasado año ya empezamos a invertir, a reestructurar nuestro presupuesto del gobierno municipal", sostuvo en el programa “Dos en la ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El jefe comunal detalló que en la zona se cuenta con 4 parques naturales amplios para la realización de camping. Detalló que los visitantes contarán con lugares para la compra de alimentos, también podrán visitar los atractivos turísticos de la ciudad, presenciar shows entre otras actividades ligadas al Rally Mundial.

“La gente se desespera, se hizo una campaña de que ya no había hoteles, pero hay muchas formas de hospedajes, hay lugares y todo se encuentra cerca”, dijo el jefe comunal.

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El evento automovilístico, previsto del 28 al 31 de agosto, representa una oportunidad única para el país teniendo en cuenta que será a la vez una plataforma para exhibir la riqueza cultural, natural y deportiva. Con una audiencia global que supera los 800 millones de espectadores en cada temporada, el rally es una ventana clave para proyectar al Paraguay en el mundo.

Por primera vez en la historia, el país se incorpora al calendario oficial del WRC, y lo hace con una convocatoria estelar: 48 tripulaciones, entre ellas, los nombres más consagrados del rally internacional y los mejores exponentes del talento automovilístico paraguayo.

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"Un año y medio después sigue pendiente la eliminación de impuestos. Los costos se mantienen muy altos para exportar", relata Rubén Artigues, tercera generación de productores frutihortícolas de San Pedro, 170 km al noroeste de Buenos Aires. “Igual seguimos apoyando” al presidente, aclara. En La Buena Moza, paraje del noroeste de la provincia de Buenos Aires, la cosecha de naranjas para exportar avanza a toda máquina y la soja está lista para embarcar, pero hay impaciencia: los productores piden más reformas al presidente argentino Javier Milei.

La paciencia se mide en la espalda económica de los productores. Algunos, como Artigues, perdieron este año el 30 % de la cosecha de naranja y duraznos por las heladas, otros atesoran soja en silos a la espera de un mejor precio internacional, por ahora deprimido. Con Milei descontaban para este año una mejor ecuación, con menos impuestos y menores tasas para financiarse, pero nada de eso ocurrió.

El gobierno leyó el malestar y anunció la semana pasada una rebaja tributaria marginal a la exportación de carnes y granos, con las elecciones legislativas de octubre a la vista. La soja, principal producto de exportación, pasó de pagar 33 % a 26 % de impuesto. La carne vacuna y aviar del 6,7 % al 5 %.

“Es insuficiente, pero ayuda”, dice Artigues. “Estamos conscientes de que no se pueden sacar los impuestos de un plumazo, pero pedimos un plan”. En 2024, la exportación de la cadena agroindustrial representó el 58 % del total de exportaciones en este país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo.

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“Estábamos en el infierno y ahora subimos al purgatorio”, definió a la AFP Raúl Vítores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, respecto al recorte impositivo. Desde que asumió Milei, las mejoras para el sector llegaron a cuentagotas en un contexto de ahogo financiero del gobierno, que amplió un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y pidió luego una dispensa por incumplir metas de atesoramiento de reservas.

Los productores valoran la eliminación parcial del control de cambios, la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal, meta absoluta del Ejecutivo ultraliberal. Pero recuerdan que en su campaña presidencial en 2023 Milei había definido los impuestos a la exportación como “un robo” y había prometido eliminarlos.

A fines de julio pasado, en la feria anual del sector, el presidente supeditó esa meta al equilibrio fiscal en aras del cual vetó leyes que buscaban mejorar el presupuesto universitario o aumentar jubilaciones y pensiones por discapacidad. “Sabemos que la situación es difícil”, señala Artigues mientras supervisa la clasificación de naranjas que se embalan para exportar a Europa.

“Pero sacar una caja de naranjas desde un puerto argentino nos cuesta un 40 % más que para nuestros competidores de Chile, Uruguay o Sudáfrica. El costo del cartón también se encareció en dólares”, explica. En la finca de Artigues, los cosechadores despliegan escaleras para alcanzar la fruta madura de las copas de los árboles. Los tractores van y vienen cargados con naranjas de la variedad Washington Navel, apreciadas por su color intenso y exquisito dulzor.

“Acá tenemos muchos robos, saquean los naranjos por la noche. Entre la delincuencia y la falta de incentivos el productor se va cansando, muchos abandonan y rentan los campos para soja. Es una pena porque la fruta da mucho empleo, la soja no”, explicó Artigues, que emplea a unas 120 personas. El cultivo de soja es, por definición, extensivo y requiere menos mano de obra por hectárea.

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Los productores agropecuarios respaldan la política de ajuste de Milei, que ha eliminado decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público, pero piden resguardos en áreas sensibles para el sector, como infraestructura e investigación. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, que reúne a los grandes terratenientes, había advertido que “no es viable aumentar la producción si no hay caminos, ferrocarriles o vías navegables para sacarla”.

Desde que asumió, Milei paralizó la obra pública, incluido el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales en un país donde el 90 % del transporte de cargas es por carretera.

“Antes de Milei ha habido mucho despilfarro, populismo, pero es cierto que las rutas son un desastre”, dijo a la AFP el ingeniero agrónomo Federico Ávila, que gestiona más de 2.500 hectáreas en San Pedro con cultivos y ganado. También abogó porque la ‘motosierra’ del presidente “pase con cuidado de bisturí” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Quizás no es la velocidad (de reformas) que quisiéramos pero hay que ver de dónde venimos con 200 % de inflación”, resumió.

Fuente: AFP.

La justicia argentina investiga a un hombre como el presunto asesino serial de al menos cinco personas, a las que atacaba y mataba los viernes, según confirmó a la AFP ayer martes el fiscal general de la provincia de Jujuy. Identificado como Matías Jurado, de 37 años, fue imputado el lunes por “homicidio calificado por ensañamiento” y se le dictó prisión preventiva por cuatro meses mientras se avanza en la investigación.

El hombre, que se declaró inocente, fue imputado por uno de los asesinatos, pero se investiga su relación con otros cuatro homicidios. La investigación dio un salto la semana pasada cuando la fiscalía detectó un patrón entre cinco personas desaparecidas, analizó cámaras de seguridad y allanó el domicilio del hombre, donde encontró “huesos, sangre, pedazos de piel, e incluso una nariz”, informó el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez.

En la casa allanada había un joven de 16 años que se presentó como el sobrino del dueño. Aunque al principio se mostró notablemente asustado y nervioso, luego manifestó: “Yo quiero hablar, yo quiero contar lo que pasa”. El menor dijo que su tío “salía los días viernes a la tarde y regresaba a la noche con distintas personas. Aparentemente les ofrecía trabajo y los invitaba a tomar alguna bebida en su casa”.

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“Yo me iba porque sabía que allí pasaban cosas malas, él los golpeaba mucho, los mataba, cortaba sus partes, las quemaba y las sacaba en bolsas de residuos”, relató el joven, según informó al canal local A24 el fiscal de la causa, Guillermo Beller.

Según Lello Sánchez las víctimas “eran gente que deambulaba por las calles en situación de marginalidad”, la mayoría ancianos. El fiscal aclaró que la investigación se encuentra en una “etapa temprana” ya que “hay que hacer análisis de estos restos supuestamente humanos y extraerles muestras biológicas a los parientes de los desaparecidos para hacer el cotejo” de ADN.

Fuente: AFP.

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La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la confianza de las instituciones y por supuesto venimos a reportar el mal o buen uso de los recursos", indicó Ramírez a los medios de comunicación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Las irregularidades incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avances de obras, y la elusión de procesos legales de contratación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.

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El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.

Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.

Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir el Ministerio Público.

“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención", puntualizó.

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