Por: Antonella Mateu
Propiedad privada, reglas claras y libertad cambiaria forman parte del atractivo de Paraguay, pero cuando el capital entra en un proyecto, la seguridad se juega también en otra cancha: fideicomisos, contratos, fondos, permisos y la estructura detrás del desarrollador.
¿Qué está comprando realmente una persona cuando pone su dinero en un proyecto inmobiliario? La respuesta parece sencilla: metros cuadrados, ubicación, calidad constructiva y la posibilidad de que el activo gane valor con el tiempo. Sin embargo, para un inversor, esa es apenas la superficie. Detrás del ladrillo existe una estructura que puede resultar tan determinante como el inmueble. Quién administra los fondos, qué derechos tiene el inversor, cómo se protege el patrimonio y qué ocurre si el escenario cambia.
Para José Serratti, accionista y director jurídico de Civis, esa estructura comienza con un concepto menos visible que el ladrillo: la previsibilidad. “Cuando uno invierte a diez o quince años en un activo inmobiliario, no necesita que le prometan que no habrá riesgos; necesita poder identificarlos, medirlos y administrarlos”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, Paraguay cuenta con condiciones que favorecen la inversión inmobiliaria, tanto nacional como extranjera. José destacó “la simplicidad con reglas claras, una carga tributaria baja y sencilla, y una política de Estado bastante consistente de promover y proteger la inversión”.
La primera capa está en el marco jurídico. La Constitución protege la propiedad privada y los extranjeros pueden adquirir inmuebles en condiciones similares a los nacionales, con las excepciones previstas para determinadas zonas de frontera. También existe un registro público donde se inscriben los derechos sobre los inmuebles.
A esto se suma un mercado cambiario libre, sin controles de capital, y el uso extendido del dólar en las operaciones inmobiliarias. Para quien proyecta una inversión a varios años, estos factores aportan previsibilidad a una ecuación que incluye costos, financiamiento, ingresos y potencial de valorización.
Pero hay una diferencia clave, y es que un mercado sea favorable para invertir no significa que todos los proyectos tengan la misma estructura de seguridad. Por eso, antes de comprometer capital, el inversor debe mirar mucho más que la ubicación y el precio. ¿Quién es el propietario del inmueble? ¿Cuenta con los permisos y habilitaciones necesarios? ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Dónde estarán los fondos mientras avanza la obra? ¿Qué contratos respaldan la operación? ¿Qué sucede ante una demora, un sobrecosto o un cambio en las condiciones del mercado?
En ese entramado aparece el fideicomiso, una herramienta que permite separar el patrimonio de cada proyecto del patrimonio de la desarrolladora y establecer una estructura específica para administrar los activos y recursos vinculados a la inversión.
Para el inversor, esto cambia la conversación. Ya no se trata solamente de cuánto puede valer un inmueble terminado, sino de qué mecanismos existen para proteger y ordenar el capital durante todo el proceso.
También importa quién está detrás del proyecto. La trayectoria del desarrollador, los proyectos entregados, la capacidad para administrar recursos, la transparencia de la estructura y la confianza construida con los inversores forman parte del análisis de riesgo.
En Civis, esa mirada se traduce en una estrategia que prioriza la estructuración jurídica y financiera, la trazabilidad de los fondos, los contratos claros y el uso de fideicomisos. “Nuestro principal diferencial es que pensamos primero como inversores y después como desarrolladores”, afirmó.
A estos elementos suma el track record de la compañía con proyectos desarrollados y entregados, inversores que volvieron a invertir y una reputación que, según explicó José, buscan proteger. “Nosotros también invertimos en nuestros proyectos, así que existe una alineación real de intereses y no estamos simplemente administrando el dinero de un tercero, estamos construyendo patrimonio junto con nuestros inversores” concluyó.