La postura de la bancada de Patria Querida con relación a la emisión de nueva deuda es la de no acompañar hasta que el Gobierno tenga un plan de acuerdo a la ejecución de la misma.
El senador Stephan Rasmussen dijo que la nueva emisión de bonos prevista debe ser justificada, en qué serán utilizados los fondos que ya fueron aprobados, que rondan los US$ 3.500 millones para saber “en claro lo que se va realizar y cómo se va realizar, lo que se va priorizar con toda la deuda aprobada por el Congreso”, dijo.
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Recordó que en la Bicameral se acordó aceptar el 4% del déficit fiscal que envió el Poder Ejecutivo para el presupuesto del año que viene, que serían alrededor de US$ 1.500 millones de déficit. “Se agregaron 640 millones de deuda que se pidió agregar al PGN y ahora piden más de US$ 300 millones de nueva deuda por encima de lo que ya tenemos como déficit”, manifestó.
“Creemos que el Ejecutivo está siendo muy irresponsable fiscalmente hablando, no tiene techo, no determinó un techo ni prioridades”, lamentó. Considera que la idea es seguir endeudando, lo que calificó como peligroso si no tiene un techo. “Es el primer Ejecutivo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal”, agregó.
Finalmente, indicó su preocupación con respecto a no tener una regla de responsabilidad fiscal, “no tiene tope, ven como que no importa que crezca tanto la deuda”. Por eso cree que se va llegar probablemente a deudas superiores al 40% del PIB, cuando se había definido que un monto razonable era en torno al 30%, “ya llegaremos al 40% y siguen pidiendo más".
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Titulación masiva del Indert: experto en economía agrícola destaca beneficios de la formalización
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.
El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.
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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.
Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.
“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.
Notorios cambios en la gestión
Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.
“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.
Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.
Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.
Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.
“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.
Otros beneficios
Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.
“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.
Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.
Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.
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Deuda de morosos a la Ande asciende a USD 140 millones
La deuda total impaga de usuarios morosos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), llega a 140 millones de dólares, según el ingeniero Félix Sosa, presidente de la citada institución.
“En este momento tenemos una promoción de fraccionamiento hasta en 48 cuotas sin intereses ni recargos por mora para quienes, por alguna razón, acumularon deuda y no pudieron pagar su factura”, comentó a Unicanal.
Afirmó que la cifra total de la deuda de los usuarios en este momento alcanza 140 millones de dólares. “En realidad aumentó bastante la mora en la época de la pandemia. Existía un índice de morosidad de 14 % antes de la pandemia, por dos años no se realizó ningún corte. Eso se fue a 30 %, hoy en día está en 22 % y nuestra meta es que este año baje a 16 %”, detalló.
Dijo que con las promociones se busca precisamente facilitar a los clientes el saldo de sus deudas por el suministro de energía eléctrica. El titular de la Ande se refirió también al proyecto de abaratamiento de costos previsto para un segmento de la clase trabajadora, cuyo tratamiento está a instancias del equipo económico.
“A nivel de Gobierno se está analizando para un cierto segmento, principalmente para la clase trabajadora. Se está analizando a nivel del equipo económico para poder definir qué segmento es lo que realmente se considera de que el costo de la factura de energía eléctrica le afecta un porcentaje importante en sus ingresos”, refirió.
Recordó que la tarifa social beneficia actualmente a 280.000 familias. Y ahora existe la necesidad de otorgar una tarifa más conveniente también a la clase trabajadora, según el análisis del Gobierno.
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Bonos en dólares y guaraníes: prevén estabilidad o mayor diferencia en tasas, según Cadiem
Es probable que la diferencia entre las tasas de los bonos en dólares y los bonos en guaraníes se mantenga como está o incluso aumente un poco más. Esto considerando que la presión sobre la cotización del dólar bajó y además que se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) empiece a bajar sus tasas de interés en los próximos meses.
En cuanto al retorno local, el economista César Paredes, presidente de Cadeim Fondos, reconoció que es poco probable que el Banco Central del Paraguay (BCP) baje su tasa de interés, que ahora está en 6 %, considerando que la inflación se encuentra en niveles de 4 % interanual a abril y 3 % en el acumulado, frente a una meta anual de 3,5 %.
Sobre el punto, recordó que en los próximos meses habrá un reajuste del salario mínimo, considerado uno de los factores que se tiene en cuenta para las decisiones de política monetaria del BCP. “La reducción de los precios de los combustibles va a ayudar positivamente al control de la inflación, pero en julio se viene el aumento del salario mínimo y detrás de eso, ajustes de precios seguramente”, refirió Paredes.
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Por otro lado, remarcó que hoy en día, cuando las empresas emiten bonos en dólares en la bolsa local, lo hacen más por las necesidades de su negocio que solo por la diferencia entre las tasas de interés en dólares y guaraníes. “Para las empresas en general, el aumento de las emisiones en dólares lo que demuestra es que más empresas con negocios relacionados con exportaciones u otros negocios que se hacen en dólares están saliendo a buscar recursos”, explicó.
Escenario en dólares
El presidente de Cadiem Casa de Bolsa, Elías Gelay, coincidió con el análisis y señaló que el primer cuatrimestre del año fue un buen momento para que las empresas emitan deuda en dólares. Aunque la diferencia (spread) entre las tasas en dólares y guaraníes escaló, aclaró que sigue siendo baja comparada con lo normal, que antes solía estar alrededor del 4 %.
Como el spread sigue chico, los inversores prefirieron los bonos en dólares. Y las empresas, viendo esta demanda, aprovecharon para sacar emisiones con tasas atractivas. “Entonces, hay un interés de los inversores en invertir un poco más en dólares, teniendo en cuenta una perspectiva de devaluación de la moneda (estadounidense) en los próximos meses. Las empresas sintieron este apetito y por eso fueron sacando emisiones en dólares con tasas atractivas”, indicó Gelay.
En el cuatrimestre, el spread promedio fue del 2,93 %, pero en abril bajó a solo 2 %. Según Gelay, esa diferencia sigue siendo muy poca, por lo que las inversiones en dólares fueron más atractivas en esos meses. “Antes era más del 3 % o 4 %, o sea, las tasas en dólares estaban más cercanas al 6 % y en guaraníes más o menos del 9 % o el 10 %. Ese spread del 3,5 % o 4 % tiene más sentido para lo que es el riesgo de Paraguay vs. el riesgo del mundo, con la inflación y demás”, puntualizó.
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Intendente de Asunción defiende su gestión y asegura no temer a la intervención
El intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, se refirió sobre el pedido de intervención a su gestión al Ministerio del Interior, anunciando el pasado viernes por la Contraloría General de la República (CGR). El jefe comunal rechazó que haya cometido hechos de corrupción en su administración.
“Que demuestren si yo hice algo indebido, que soy un bandido. Les desafío, si alguien encuentra algo, juro que renuncio a ser intendente, renuncio a la política, renuncio a todo“, indicó el intendente asunceno.
Ante los reportes sobre presuntos hechos punibles, Rodríguez afirmó que se encuentra predispuesto a someterse a la justicia con el fin de asegurar a los contribuyentes capitalinos, que los recursos económicos del municipio fueron manejados de manera transparente bajo su gestión. “Si yo desvié G. 1.000 me someto (a la justicia) y me voy en fila a la penitenciaría de Tacumbú”, dijo Rodríguez en una entrevista con la 1020 AM, el viernes pasado.
En la petición de intervención realizada por el órgano extrapoder, que preside Camilo Benítez, informaron que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del año 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.
Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %.
En ese entonces, desde la municipalidad indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.