La postura de la bancada de Patria Querida con relación a la emisión de nueva deuda es la de no acompañar hasta que el Gobierno tenga un plan de acuerdo a la ejecución de la misma.
El senador Stephan Rasmussen dijo que la nueva emisión de bonos prevista debe ser justificada, en qué serán utilizados los fondos que ya fueron aprobados, que rondan los US$ 3.500 millones para saber “en claro lo que se va realizar y cómo se va realizar, lo que se va priorizar con toda la deuda aprobada por el Congreso”, dijo.
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Recordó que en la Bicameral se acordó aceptar el 4% del déficit fiscal que envió el Poder Ejecutivo para el presupuesto del año que viene, que serían alrededor de US$ 1.500 millones de déficit. “Se agregaron 640 millones de deuda que se pidió agregar al PGN y ahora piden más de US$ 300 millones de nueva deuda por encima de lo que ya tenemos como déficit”, manifestó.
“Creemos que el Ejecutivo está siendo muy irresponsable fiscalmente hablando, no tiene techo, no determinó un techo ni prioridades”, lamentó. Considera que la idea es seguir endeudando, lo que calificó como peligroso si no tiene un techo. “Es el primer Ejecutivo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal”, agregó.
Finalmente, indicó su preocupación con respecto a no tener una regla de responsabilidad fiscal, “no tiene tope, ven como que no importa que crezca tanto la deuda”. Por eso cree que se va llegar probablemente a deudas superiores al 40% del PIB, cuando se había definido que un monto razonable era en torno al 30%, “ya llegaremos al 40% y siguen pidiendo más".
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Galeano seguirá con la “economía de guerra” hasta que Peña designe nuevo ministro
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuará con la línea de ajuste y ordenamiento del gasto público mientras se define al nuevo titular de la cartera.
Así lo confirmó a Universo 970 AM/Nación Media el ministro interino, Juan José Galeano, quien asumió tras la salida de Carlos Fernández Valdovinos y permanecerá en funciones, al menos, hasta después de la Semana Santa, cuando el presidente Santiago Peña tome una decisión definitiva.
Galeano explicó que su designación es transitoria y responde a la necesidad de dar continuidad a la gestión en un momento de presión sobre los ingresos fiscales. En ese sentido, aseguró que no habrá cambios en la hoja de ruta del plan denominado “economía de guerra”, con foco en mejorar la eficiencia del gasto público.
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“El mandato es claro, cuidar cada guaraní”, señaló, al referirse a la instrucción directa de Pea. La prioridad será revisar el uso de los recursos del Estado, ordenar el plan de caja y garantizar que sectores clave como salud, educación, seguridad y protección social mantengan su funcionamiento.
Coyuntura
El ministro también buscó desmarcar el escenario actual de una crisis económica. Según explicó, la situación responde a una coyuntura específica de menores ingresos, principalmente por la caída del tipo de cambio. Al estar el guaraní apreciado, los ingresos vinculados al comercio exterior, que se generan en dólares, se reducen al convertirse en moneda local, afectando la recaudación.
A pesar de este contexto, destacó que los ingresos internos, vinculados al consumo, continúan creciendo en línea con la economía, lo que refleja que la actividad se mantiene dinámica.
En cuanto a las medidas, Galeano descartó un aumento de impuestos y enfatizó que el ajuste no recaerá sobre el sector privado. La estrategia del gobierno apunta, en cambio, a mejorar la calidad del gasto y ampliar la base tributaria, es decir, incorporar a más contribuyentes al sistema formal.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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Capaco valora que el Gobierno asuma intereses de la deuda con constructoras
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del gobierno de asumir los intereses generados por las deudas con el sector, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pendientes.
Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso importante en medio de la situación que atraviesan las constructoras. “Se valora la importancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remarcaron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.
En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al mecanismo de cesión de deuda (factoring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es utilizado por las empresas para adelantar el cobro de certificados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que generan los atrasos en los pagos.
Además, el Gobierno también definió cómo se abordarán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto importante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitaciones presupuestarias actuales. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones destinados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millones. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financieros”, señaló.
Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sostener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atrasos en los pagos.
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Déficit fiscal se ubica en 0,5 % del PIB a febrero y presión proviene de caída de ingresos
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el informe de Situación Financiera (Situfin), en el que reportó un déficit fiscal acumulado de 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de febrero de 2026, equivalente a unos USD 316,5 millones, en un contexto de caída de ingresos y contención del gasto.
La exposición estuvo a cargo de la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, junto al director general de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, quienes detallaron que los ingresos totales registraron una caída de 5,1 % interanual, afectados principalmente por menores transferencias de las binacionales y una disminución en la recaudación tributaria, especialmente en el componente aduanero.
En el ámbito macroeconómico, el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP), con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), mostró una variación interanual de 0,9 % a enero, con dinamismo en servicios y sectores primarios, aunque con retrocesos en manufactura y electricidad. A su vez, la inflación se ubicó en 2,3 % interanual a febrero, por debajo de la meta, mientras la política monetaria acumuló dos reducciones consecutivas de la tasa, situándose en 5,5 %.
Otro factor relevante fue la apreciación del guaraní frente al dólar, que impactó negativamente en la recaudación de impuestos externos al reducir la base imponible en moneda local, pese al crecimiento de las importaciones en términos de dólares.
Por el lado del gasto, se observó un crecimiento acumulado del 11,1 %, aunque a un ritmo menor que el año anterior, impulsado por aumentos en remuneraciones en sectores clave, programas sociales y obligaciones financieras.
Pese al deterioro en los ingresos, el MEF destacó que la trayectoria fiscal mantiene su senda de convergencia, con un déficit global anualizado alcanzó G. 8,1 billones, equivalente al -2 % del PIB.
Durante la presentación, Nathalia Rodríguez fue consultada sobre los ajustes en el gasto mencionados días atrás por el ministro Carlos Fernández Valdovinos. Al respecto, señaló que se priorizarán el gasto en salud, educación, protección social e inversión pública, con revisión caso por caso de las obras.
En cuanto a los menores ingresos de las binacionales, explicó que no afectan los programas, ya que el Estado debe cubrir el faltante.
También indicó que el plan de pagos a farmacéuticas y constructoras avanza de forma parcial, conforme a la disponibilidad de ingresos. La deuda estimada asciende a USD 500 millones con farmacéuticas y USD 300 millones con empresas vialeras.
Finalmente, afirmó que los posibles ajustes en obras y gastos para cumplir la meta fiscal se enmarcarán en una política de austerida