Las audiencias públicas para postulantes a la Defensoría Pública prosiguieron este jueves en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores y a instancias de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública.

Durante la jornada, once participantes presentaron sus perfiles, principales propuestas y ejes de trabajo.

Expusieron sus proyectos: Eusebio Junior Villanueva, Marta María Verónica Nogués Vargas, Claudia Patricia Sanabria y Silvia Juana Santander Florentín.

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También defendieron sus postulaciones: Carlos Arza Melgarejo, Francisco Bogado Ferreira, Fulvio Bernardo Llano Goitia, Roberto Fabio Ozuna Ruiz y Claudia Jessica Mosqueira Céspedes.

Las exposiciones siguieron con los candidatos Edgar Eligio Villalba Riquelme y María Antonia Araujo Florentín. En tanto, Emiliano Gaspar Cantero Jacquet no se presentó a la audiencia.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías destacó la participación de Eusebio Junior Villanueva, a quien presentó como líder juvenil del Pueblo Guaná y postulante a uno de los cargos en concurso.

En ese contexto, resaltó la importancia de la participación de los pueblos indígenas en los espacios institucionales, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.

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Un proyecto de ley que prevé una nivelación salarial para los mediadores judiciales se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores. La propuesta, presentada por los diputados Alejandro Aguilera y Federico Franco, plantea, entre otros aspectos también un régimen jubilatorio similar al de magistrados y actuarios judiciales.

Este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta analizó el tema y decidió contar primero con los pareceres del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de emitir el dictamen pertinente.

Para el tratamiento de la propuesta, participó la abogada Gladys Alfonso de Barreiro, directora de Mediación de la Corte Suprema de Justicia, quien destacó el rol que desempeñan los mediadores judiciales. Los describió como funcionarios altamente capacitados y dotados de herramientas comunicacionales y procedimentales para el desarrollo de sus funciones.

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Explicó que la iniciativa busca reconocer la relevancia jurídica de la labor desempeñada por los mediadores judiciales del Poder Judicial. Afirmó que estos profesionales cumplen una función fundamental para el acceso a la justicia, la resolución pacífica de conflictos, la descongestión de los órganos jurisdiccionales y el fortalecimiento de la paz social.

Durante la reunión también se expuso que los haberes de los mediadores judiciales no han sido actualizados desde hace aproximadamente 20 años.

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La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, resolvió por unanimidad de los presentes, aprobar el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Para su análisis contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Esta mesa de trabajo que es presidida por el senador Antonio Barrios, junto con sus colegas legisladores analizaron los principales alcances del acuerdo, que establece una Zona de Libre Comercio entre el Mercosur y los Estados de la AELC, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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La iniciativa tiene como objetivo liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios, promover las inversiones y fortalecer los vínculos económicos entre las Partes. Asimismo, busca ampliar las oportunidades para los sectores productivos, generar condiciones favorables para el comercio y las inversiones y contribuir al desarrollo sostenible.

En materia de acceso a mercados de bienes, el acuerdo establece compromisos de reducción y eliminación arancelaria para las mercancías originarias de las Partes, además de disposiciones relativas al trato nacional, restricciones cuantitativas, licencias de importación y otros mecanismos de administración comercial.

También contempla preferencias arancelarias para determinados productos agropecuarios, contingentes específicos para productos sensibles, procedimientos para la administración de cuotas y mecanismos orientados a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los operadores económicos.

Durante el debate, el ministro de Industria Marco Riquelme destacó las oportunidades que representa el acuerdo para Paraguay, tanto para la exportación de productos nacionales como para la atracción de inversiones.

“Este es un acuerdo que abre la posibilidad de comerciar libremente, sin aranceles, y abre una oportunidad no solamente para la exportación de productos paraguayos, sino también para atraer inversiones de esos países que puedan desarrollarse en Paraguay”, manifestó el ministro.

En ese sentido, se destacó que los países miembros de la AELC cuentan con mercados de alto poder adquisitivo y demanda de alimentos, productos sostenibles, bienes agroindustriales y manufacturas diferenciadas, lo que podría generar oportunidades para sectores en los que Paraguay cuenta con potencial exportador.

El presidente de la comisión, senador Antonio Barrios, resaltó la importancia del acuerdo y señaló el interés de los países que integran la AELC en fortalecer sus vínculos comerciales y económicos con Paraguay.

Por su parte, el senador Walter Kobylanski manifestó especial interés en el mercado noruego y señaló: “El país que más nos interesa es Noruega”. A su turno, el senador Eduardo Nakayama destacó la importancia de la aprobación de los anexos del acuerdo, al considerar que permitirán ampliar determinados compromisos comerciales y facilitar el acceso a mercados de alto poder adquisitivo.

Asimismo, el senador Gustavo Leite se refirió a la distribución de los cupos establecidos en el acuerdo y planteó la necesidad de que estos sean distribuidos de manera equitativa entre los países del bloque. La senadora Lilian Samaniego, por su parte, destacó la importancia de posicionar a Paraguay como un país con oportunidades para la inversión y el desarrollo de nuevos negocios.

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Trepó hasta los G. 4,4 billones, en el acumulado de enero a agosto del presente ejercicio, significando el 1,1 % del PIB.

El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) dio a cono­cer su informe de Situación Financiera de la Adminis­tración Central (Situfin), en el cual expone el desenvolvi­miento de las finanzas públi­cas. Se destaca que al cierre del mes de agosto la inversión pública creció 19,3 %.

De acuerdo a la informa­ción divulgada, la inversión pública trepó hasta los G. 4,4 billones, en el acumulado de enero a agosto del presente ejercicio, significando el 1,1 % del producto interno bruto (PIB). El incremento con rela­ción al mismo periodo de 2025 es de 19,3 %.

En el detalle se aprecia que la mayor participación en la erogación la tiene el Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sumando G. 3,03 billones. Con relación a la evolu­ción del desembolso de la cartera de Estado se apre­cia un desarrollo de 37,4 %, frente al mismo periodo de ocho meses de 2025. Sobre el gasto total, se apuntó que el desarrollo fue de 10,7 % acumulado, con énfasis en las remuneraciones de sec­tores estratégicos, progra­mas sociales y regulación de obligaciones pendientes por medicamentos.

Al cierre del octavo mes del ejercicio, el déficit acumu­lado fue de G. 6,9 billones, lo que representa -1,7 del PIB, lo que a la vez significa USD 1.117,3 millones. Como ya se sabe, la expectativa para la conclusión de este año es de 3,2 % en términos de insufi­ciencia fiscal.

En cuanto a los ingresos, acumularon un aumento del 1,2 %, sostenido por el crecimiento de los ingresos tributarios (2,2 %), aun­que contrarrestados por la reducción de los ingre­sos no tributarios (-2,3 %), principalmente por meno­res recursos de binacionales e incidencia de apreciación cambiaria.

Además, en el informe se dio a conocer el detalle del com­promiso adquirido con ban­cos locales, en el marco de la cesión de deuda por parte de las empresas farmacéuticas proveedoras de medicamen­tos al Ministerio de Salud. El pasivo debe ser cancelado en 36 meses, con el siguiente esquema de desembolsos: G. 265.000 millones en 2026, G. 796.000 millones tanto en 2027 como en 2028 y, final­mente, G. 531.000 millones en 2029. El Tesoro no se hará cargo de intereses, ya que la negociación corrió entre entidades bancarias y pro­veedores.

La ejecución acumuló G. 25,7 billones al cierre de agosto de 2026, lo que representa un incremento del 7 %.

El Ministerio de Econo­mía y Finanzas (MEF) dio a conocer los detalles sobre la ejecución presupuestaria correspondiente a agosto. Se destacan las erogaciones en el ámbito social, con un incremento registrado del 7 %. Los sectores de educación y salud son los segmentos que se hicieron con el mayor cau­dal de desembolsos. La eje­cución del gasto social acu­muló G. 25,7 billones al cierre de agosto de 2026, lo que representa un incremento del 7 %, es decir, unos G. 1,8 billones, respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), depen­diente de la Gerencia de Ges­tión Financiera del Estado del Viceministerio de Admi­nistración Financiera (VAF).

De acuerdo con lo señalado, el desarrollo estuvo impul­sado por una mayor inversión hacia los principales secto­res estratégicos de impacto ciudadano. En el detalle, cita el sector de salud, que lideró el crecimiento del gasto social, registró un aumento interanual del 17 %, orien­tado, por un lado, a mante­ner la continuidad del stock de medicamentos e insumos médicos esenciales en la red sanitaria pública, y, por otro, a respaldar la sostenibilidad financiera mediante el cum­plimiento de las obligaciones con proveedores.

Se observó un incremento del 13 % en el ritmo de ejecución dentro del sector de Protec­ción y Acción Social. Se des­taca la Pensión Universal para Adultos Mayores, que absorbió la mayor variación de la inversión en esta área respecto al año pasado. Este programa mantiene un cre­cimiento continuo, reflejado tanto en su ejecución presu­puestaria como en la incor­poración progresiva de bene­ficiarios.

Por otro lado, el sector de educación mostró una expansión del 9 % en su nivel de ejecución, destinada prin­cipalmente a ejes clave para la prestación de servicios educativos en sus diferen­tes niveles y la cobertura ali­mentaria de los estudiantes a través del programa Ham­bre Cero.

La mayor participación den­tro de la estructura del gasto social corresponde al sec­tor de educación, que con­centra el 33 % del total eje­cutado, equivalente a G. 8,4 billones. Le sigue salud, con una participación del 25 % y desembolsos por G. 6,4 billones. Además, Promoción y Acción Social, y Seguridad Social representan el 22 % (G. 5,5 billones) y el 17 % (G. 4,3 billones) del gasto social ejecutado, respectivamente, evidenciando la prioridad otorgada a las políticas públi­cas orientadas al bienestar y la protección de la población.