El juez Miguel Palacios admitió la imputación presentada por el fiscal Luis Said en el caso que involucra al expresidente del Indert Mario Vega, a Luis Clerch, jefe de gabinete, y Aldo León, asesor jurídico de la institución. Clerch y León se presentaron ante la Fiscalía, pero no declararon.

Tras abrir el proceso penal, el juez Palacios convocó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas, fijada para el 27 de octubre, a las 10:30. Mario Vega y los demás altos funcionarios del Indert están imputados por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios tras haber sido denunciados por pedir US$ 200 mil en coima para tramitar títulos y el desembolso de dinero a la Fundación Cerro León.

Se desconoce el paradero de Mario Vega y tampoco hubo comunicación, indicaron desde la Fiscalía. Luis Clerch y Aldo León pidieron prórroga. Todos los imputados fueron convocados a declarar el 27 de octubre y si no comparecen se declarará la rebeldía.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, Luis Said, indicó que sostienen la imputación sobre la base de medios probatorios. Indicó que tanto el presidente como el gerente administrativo dieron diligencia a una transferencia a la Fundación Cerro León, cuando estaba solicitando una coima de US$ 25.000 a los directivos de la organización.

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Incautación de documentos

El fiscal refutó el alegato de Mario Vega, quien dijo no haber tenido contacto con la fundación. Sin embargo, se corrobora en el expediente administrativo la celeridad dada al desembolso, ya que el trámite se encontraba varado desde el 2016 por dictamen contrario de la Junta Asesora. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2019 fue la primera solicitud y el 14 de febrero del 2020 se hizo efectivo el cheque de G. 300 millones.

El fiscal informó que ayer decomisaron documentos complementarios que la Fiscalía se encargará de estudiar. Señaló que la base para la decisión de imputar está en el reglamento del Indert, que dice que ciertas decisiones que tenga que asumir el presidente deben ser tomadas previamente con dictamen favorable de la Junta Asesora. En este caso, esto no sucedió y se procedió a transferencia y pedido de coima, indicó Said.

El fiscal informó que la segunda transferencia debía ser por G. 439 millones, pero con un dictamen de Asesoría Jurídica se sugirió al presidente que lo haga de manera parcial. Es decir, se hizo un desembolso de G. 300 millones, quedando pendientes G. 139 millones. Indicó además que ayer tuvieron acceso al expediente en el que la fundación Fusela exige la transferencia total de esa parte sobrante.

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