Desde las dos cadenas mediáticas que fueron soportes publicitarios y cómplices por pecado de omisión de los graves hechos de corrup­ción perpetrados en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), hoy quieren crear un clima adverso, de visceral antagonismo a la gestión del presidente Santiago Peña. Y lo hacen desde sesgados puntos de vista que tra­tan de ungirlos a la categoría de relatos univer­salmente válidos. Incontrastables, demole­dores.

Es lo que afanosa e infructuosamente ambicionan. Pero, para ellos, el periodismo ya no es lo que era. Nos referimos al tiempo en que recuperaron la memoria de lo que esta profe­sión representa para la sociedad, la democra­cia y la construcción del pensamiento crítico. Habían recuperado la memoria –insistimos– por razones que nunca quedaron muy claras, porque, durante más de una década, fueron aliados y apologistas de la dictadura del gene­ral Alfredo Stroessner, recibiendo, a cambio, ingentes beneficios que les permitieron amon­tonar la fortuna que actualmente impúdica­mente ostentan.

Y en este conflicto de intereses bien demar­cados, la verdad es la primera víctima. Dentro de ese esquema, para que sus prédicas tengan algún éxito, algunos hechos son magnificados, en tanto que otros son intencionalmente ocul­tos, creando una imagen que carece de con­sistencia, pues las falsedades son tan obvias como torpes, y sus autores –obnubilados por sus deleznables propósitos– ni siquiera se pre­ocupan en armar un cuadro que pueda tener alguna credibilidad, disimulando con inteli­gencia y talento su distorsionada narrativa. Así que, cuando la verdad es la primera víctima en esta campaña inmoral que atenta con los prin­cipios mínimos del periodismo, la segunda es, indefectiblemente, la credibilidad.

No es una crisis ética que estamos enfocando por primera vez, pero lo volvemos a hacer, por­que la situación se torna, también, cada vez más reincidente, poniendo en práctica la vieja estrategia nazifascista del “miente, miente, que algo queda”. Partamos de la base de que nadie está exento de la crítica, pues la perfec­ción humana no existe. No estamos, conse­cuentemente, negando el derecho al cues­tionamiento que, de manera alguna, puede ser restringido o cortado abruptamente. Sin embargo, estamos muy lejos de que vivamos bajo un régimen autoritario, como pretenden proyectar estos medios y algunos desaforados militantes de la oposición política e, incluso, determinados referentes sociales. Basta con recordar que, ante el mínimo señalamiento de ciertos actos reprochables cometidos por auto­ridades de la dictadura depuesta en febrero de 1989, la represión era inmediata: periodis­tas presos o exiliados y medios suspendidos o clausurados.

Stroessner no tuvo contemplación ni siquiera con el diario del que fue su aliado por años, cuando su director decidió cambiar de línea editorial. Varias son las explicaciones de este giro brusco de posición. No obstante, lo con­creto es que se volvió crítico al sistema cuando este empezaba a agonizar. Pero el tiranosaurio, como diría Augusto Roa Bastos, todavía podía dar sus últimos coletazos, aunque, probable­mente, ya de la mano de su círculo más íntimo formado por el llamado “Cuatrinomio de Oro”, siendo uno de sus miembros justamente Mario Abdo Benítez, padre, progenitor del expresi­dente de la República y abonado personaje de estos conglomerados mediáticos. Este perma­nente recordatorio no tiene más intención de que conozcan las nuevas generaciones quiénes fueron sus actuales supuestos “paladines de la justicia y la honestidad”.

Está claro dónde pondrán sus fichas, todas ellas, en las elecciones municipales que se desarrollarán en Ciudad del Este, del inten­dente Miguel Prieto, destituido mediante sólidas pruebas fundadas en una amplia y profunda investigación de la Contraloría General de la República, corroborada, luego, por el interventor designado por el Poder Ejecutivo para verificar las denunciadas irregularidades. Los comicios internos ten­drán lugar el 5 de octubre de este año, y las generales el 9 de noviembre. Serán operado­res, estos medios, del candidato del defenes­trado jefe comunal, quien representará al movimiento político denominado Concien­cia Democrática Esteña Yo Creo. En tanto que la Asociación Nacional Republicana pro­pondrá oficialmente a un postulante de con­senso como el más fuerte. Decimos el más fuerte, porque, como se trata de un partido que ajusta su estatuto al Código Electoral, cualquiera que esté afiliado podrá inscri­bir su candidatura. Tratarán de instalar a toda costa que estamos ante la madre de todas las batallas, pretendiendo transportar los resultados de estas justas electorales al 2028, como presagio de lo que podría ocurrir entonces.

Esto lo harán, claro está, si triunfa el candidato de estos medios periodísti­cos. De lo contrario, habrá sido apenas una elección más. Una situación que solo puede darse en un modelo democrático, modelo al que estos medios –desesperada y paradóji­camente– tratan de desacreditar a cualquier precio, con tal de intentar desprestigiar al presidente Santiago Peña.

La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Ramón Ramírez, permitió visibilizar las irregularidades en la gestión del destituido intendente Miguel Prieto, afirmó el concejal Ernesto Guerín en comunicación con La Nación/Nación Media.

El edil valoró el trabajo del interventor y sostuvo que la investigación permitió “sacar a la luz cómo se manejaban los recursos y las decisiones dentro de la municipalidad, pese a la filtración de algunos audios”. Según Guerin, la intervención sirvió para que la ciudadanía pueda formarse una opinión clara sobre la gestión de Prieto y su equipo, puesto que reveló su verdadero rostro.

Si bien existen denuncias documentadas por la Contraloría General de la República (CGR) y confirmadas por el equipo interventor, Guerín cuestionó el hecho de que las investigaciones del Ministerio Público aún no se han concretado y lamentó su lentitud, en medio de una seguidilla de chicanas que la defensa de Prieto interpone desde hace un año en las dos causas en que está imputado.

“Yo estoy preocupado porque el Ministerio Público aún no se ha pronunciado ante tantos robos, tantas denuncias, hasta hoy no han venido a la municipalidad, esta gente está libre, hay muchos hechos de corrupción. Estoy seguro que si del que se trataba era alguien del Partido Colorado ya íbamos a estar en cadena nacional, y vemos que también un sector de la prensa le defiende a un corrupto”, aseveró.

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La designación del intendente interino, que asumirá el cargo en tanto se elija a un intendente en las elecciones de noviembre, fue definida y, tras un acuerdo entre los concejales del movimiento prietista Yo Creo y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se permitió que la liberal María Portillo asuma el cargo.

La hermana del exdiputado Carlos Portillo estará interinando la administración municipal hasta que asuma el candidato electo para completar el mandato. Las internas se realizarán el próximo domingo 5 de octubre y la votación final el siguiente domingo 9 de noviembre. En tanto, las elecciones municipales ordinarias están confirmadas para el domingo 4 de octubre de 2026, con internas programas el domingo 7 de junio de 2026.

La Justicia Electoral ya ha iniciado el proceso que suponen el desarrollo de estas elecciones, que se realizarán con la utilización de papeletas teniendo en cuenta que para la fecha estimada aún no se disponibilizará de las máquinas de votación, que todavía están en etapa de licitación.

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El diputado Rodrigo Gamarra, quien integró la comisión especial que analizó la intervención a la Municipalidad de Asunción, sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.

“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media.

El legislador señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor, Carlos Pereira, cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.

“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.

Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.

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Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, donde en el primer caso el intendente Óscar Rodríguez renunció, mientras que en la comuna esteña se dio la destitución de Miguel Prieto, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.

Por último, el legislador colorado cuestionó la postura de la oposición, a la que acusó de aplicar una “doble vara”. “Cuando se trata de un colorado, piden destitución inmediata, pero cuando se trata de un aliado político, lo protegen. La ciudadanía ya se da cuenta de esa incoherencia”, afirmó.

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Don Ángel Giménez, uno de los históricos líderes campesinos, miembro fundador de la Organización Nacional Campesina (ONAC) y fundador de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), culminó su gestión como representante de los campesinos ante la Junta Asesora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destacando los importantes avances en la titulación de tierras como nunca antes se vio.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que tras cumplir su mandato de dos periodos (10 años), se está retirando del escenario de discusión que es la Junta Asesora del Indert. Señaló que le ha tocado ver de cerca los difíciles años que ha sobrepasado la institución rural.

“Desde un principio fue una cosa muy delicada, en el sentido de que hubo mucha corrupción en el Indert. Como se sabe, varios de nuestros expresidentes fueron llevados presos en su momento. Gracias a Dios y seguramente a mi actividad también no me marcó esa parte de la mala gestión de esa gente", recordó.

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No obstante, señaló que con la actual administración a cargo del presidente Francisco Ruíz Díaz, están trabajando muy bien, aplicando el método de Barrido Predial Masivo, mediante la autorización de la Corte Suprema con una orden especial que le llaman “Acordada”. Permitiendo acelerar el trabajo en la entrega de los títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, como nunca antes se vio.

“Resulta ser que el Indert acumuló demasiadas tierras en su poder por muchos años, y no transfería a sus dueños legítimos que son los beneficiarios de la reforma agraria. A tal punto que llegó hasta 10 millones de hectáreas teniendo como propietario el Indert. Actualmente, este gobierno tomó como una política de transferir esas tierras a sus dueños, lo que considero demasiado bueno, lo que está haciendo el actual gobierno del presidente Santiago Peña”, resaltó.

Remarcó que es muy grande la diferencia, de entregar 900 títulos al año; para pasar a entregar más de 10.000 títulos en solo dos años. Señaló que el Indert cuenta con varias facetas, una es la entrega de títulos de propiedad, lo que sirve de base para el desarrollo de la comunidad.

Mencionó que luego viene la cuestión del arraigo de la comunidad, y esto se logra mediante la gestión apertura de caminos, contar con escuelas, puesto de salud, agua potable. “Pero muchas veces las instituciones que son más directamente responsables de esas áreas no pueden avanzar, por la falta de títulos y otras cosas”, señaló.

No obstante, remarcó, que, si bien se están avanzando en la titulación de las tierras de muchas comunidades, aún faltan otras que necesitan un poco más de impulso. Puso, por ejemplo, que son 1.600 colonias y de esas, más o menos 600 colonias no tiene agua potable y el INDER no tiene fondo para eso.

Don Giménez resaltó que se siente muy satisfecho como dirigente campesino, ahora que cierra su ciclo como representante ante la Junta Asesora del Indert. Señaló que en todo momento estuvo acompañando muy de cerca todas las situaciones que se fueron dando con sus compañeros campesinos.

“Cuando hay conflicto hay que buscarles una salida a los conflictos; los problemas son permanentes en el Indert; ya que es una cueva de problemas. La tierra es todo un interés y cada uno quiere llevar agua a su molino”, expresó.

Destacó que su gestión como líder ha sido siempre mediar ante los diferentes gremios sea esta la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), o los representantes de las gobernaciones, los representantes de la municipalidad.

“Con todo hemos tratado siempre de buscar una salida decorosa a los intereses de los compatriotas. Cuando hay conflicto hay que buscarle una salida ya sea con los interesados por la tierra; o con el dueño de la tierra”, acotó.

Finalmente, don Giménez dedicó unas palabras a sus compañeros campesinos, sobre todo a aquellos “sin tierra”; y es que se organicen, que busquen lugares donde se puedan asentar; aclarando que no se refiere a que invadan tierras, sino que a buscar opciones donde puedan con la ayuda del Estado, adquirir las tierras para establecer su comunidad.

“No estoy incitando a que se ocupe la propiedad privada; si no que se busquen tierras cuyos dueños quienes quieran vender. De tal modo a poder plantear algo concreto al Estado. Si no pedimos, nadie va a saber qué estamos necesitando. Pero también, no debe parar la titulación. Hay que titular, porque esa es la base del desarrollo de la ciudadanía”, concluyó.

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