Una obra inexistente, al menos es lo que se ve en las imágenes captadas en el lugar, es motivo de división entre pobladores de la localidad de Colonia Independencia, en el departamento del Guairá. Uno de estos grupos denuncian que Alipio Peralta, actual director regional del Indert y José Resquín, presidente de la Junta Ciudadana, además de la Junta Municipal de la mencionada ciudad, gastaron G. 240 millones en una obra inconclusa.
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Los vecinos ya lo denominan el “polideportivo fantasma” y en la tarde de hoy se manifestaron en una de las calles de la ciudad. La construcción data del 2010, cuando Peralta y Resquín eran intendente y secretario general respectivamente, de aquella administración municipal.
La señora Gloria Meza realizó una denuncia pública ante los medios de comunicación, mostrando imágenes de la inexistente construcción. La denunciante mostró copias de las facturas y las órdenes de pago por montos varias veces millonarios así como comprobantes que demuestran que la obra se encuentra supuestamente concluida. Explicó además que realizarán la denuncia antes las autoridades regionales competentes.
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Exinterventor insta al Congreso a remitir informe de Prieto a la Fiscalía
El exinterventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, dijo que quedó a potestad de la Cámara de Diputados remitir al Ministerio Público el informe final sobre la indagación a la administración del exintendente Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo, que posee 50 denuncias por supuestos hechos de corrupción, fue destituido de la intendencia esteña el pasado 19 de agosto.
“El dictamen de la intervención quedó a consideración de la Cámara de Diputados, a donde fue remitido a través del Ejecutivo. Debería haber sido esa instancia la que evalúe que se deriven los antecedentes a la Fiscalía. Yo sugiero al Congreso Nacional, que finalmente fue el juzgador en materia política, que remita el informe al Ministerio Público”, dijo este jueves al programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ramírez recordó que entre los hechos más escandalosos que encontró durante su intervención a la gestión de Prieto se encuentra el montaje de un sistema orquestado para “manipular y utilizar” recursos a través de las comisiones vecinales, así como la malversación de G. 29.000 millones que debieron destinarse en obras y bienes de capital, pero que habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas.
“Es difícil de poder jerarquizar porque cuando se trata de la plata pública todo es grave. El caso de la malversación no difiere mucho de la situación presentada en la Municipalidad de Asunción, pero sobre el cual hay una condena selectiva. Si bien los recursos de Asunción, malversados, provinieron de los bonos, no es menos grave que aquellos recursos provenientes de los impuestos, de los bolsillos de los contribuyentes que debían ser destinados a inversiones, y que no tenga el mismo nivel de condena como el caso de Asunción", dijo.
A la lista de irregularidades detectadas, Ramírez también citó la existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna y señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería. “Me consta que sobre este punto se están prosiguiendo las investigaciones porque estuve participando de algunas declaraciones ampliatorias de esta situación”, puntualizó.
Asimismo, el economista siguió argumentando que “desde el primer momento de la intervención quisieron con el relato combatir el dato, pero en ningún momento pudieron rebatir ninguno de los hallazgos incorporados en el informe. Es importante que la ciudadanía del Este, quienes tienen la oportunidad de tomar un rumbo sobre el futuro de su institución municipal, tengan toda la información producto de un informe técnico que no fue rebatido“.
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Contraloría de CDE alista denuncias por graves causas de Prieto trabadas en la Justicia
El abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por el lento proceso de investigación de las denuncias presentadas contra el destituido intendente Miguel Prieto. De 50 casos de corrupción remitidos al Ministerio Público, todos con pruebas documentales, apenas se avanzó con la imputación de dos.
Si bien estas fueron las denuncias de corrupción más emblemáticas por representar el robo más descarado en tiempos de pandemia, como la adjudicación millonaria para compra de miles de kits de víveres a la pequeña despensa Tía Chela y la adquisición de 50.000 kilos de harina a un constructor de pozos artesianos, en ambos casos sin contar con el stock que figuraba en los contratos, existen otros hechos graves cuya investigación sigue sin resultados pese a los años transcurridos.
Enríquez habló de “una artillería de denuncias” que prevén presentar en los próximos días, ya que consideran que los casos están prácticamente congelados en el Ministerio Público, pese a los documentos y análisis de auditorías, como la intervención que aportó evidencias suficientes para agilizar las pesquisas.
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Entre las 50 denuncias presentadas, se encuentra la causa contra Prieto por violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, lo que significó que Gs. 11.042 millones, correspondientes al 60% de los cobros del impuesto, no fueran invertidos en gastos de capital en el 2021. Asimismo, figuran causas por supuesto daño patrimonial de G. 566 millones por sobrefacturación en la construcción de un puente y pavimentación en el asentamiento Mariscal Francisco Solano López, además de la denuncia contra la empresa de maletín MB Constructora, de Elvio Mareco Barrientos, quien pasó de vendedor de frazadas a convertirse en uno de los principales beneficiados con contratos de Fonacide, empedrados y puentes, por un monto que ronda los G. 15.000 millones.
Otra causa de gran envergadura corresponde al uso indiscriminado de transferencias a subcomisiones vecinales para obras por un valor de G. 61.316 millones, “eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas”, en un esquema supuestamente manejado por leales de Prieto que adjudicaban a empresas amigas. Entre las contrataciones cuestionadas se menciona el caso de la Constructora Scde S.A., a la cual se le desembolsaron cerca de G. 20.000 millones, y cuyo representante fue luego incorporado a la municipalidad.
A estas se suman otras denuncias millonarias, como la contratación de la empresa Geocad por G. 2.673 millones para la mensura judicial de la Ex Finca 66, donde figuran rubros irregulares, como la constitución de un juez con un cobro de G. 267 millones, cuando el trámite tuvo un costo ínfimo.
Cabe recordar que varios concejales y exconcejales fueron señalados en esta serie de denuncias por nepotismo, entre ellos la actual intendenta María Portillo, aliada de Prieto, así como Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alison Anisimof de Agüero.
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Asesinan a médico naturalista en Paso Yobái
El asesinato a puñaladas de un médico naturalista conmocionó a los pobladores de Paso Yobái, departamento de Guairá. La víctima fue identificada como Maximiliano Esteche López (76), quien fue atacado en su propia casa, ubicada en la compañía Planchada.
Su primo de nombre Bonifacio Aguilera (64) fue quien reportó el hecho a la Policía, tras el macabro hallazgo del cadáver.
Contó que acostumbraba pasar todos los días a saludar a su pariente, y en esa ocasión se encontró con la trágica escena.
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El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, bañado en sangre y lo más impactante es que tenía un cuchillo de mesa incrustado en el cuello, según el informe policial.
El médico forense, David Martínez realizó la autopsia certificando como probable causa de muerte: shock hipovolémico producido por las heridas que recibió en diferentes partes del cuerpo.
La principal herida fue la del cuello que tuvo cuatro centímetros de profundidad. El cuerpo fue entregado a los familiares.
El hombre era muy querido en su comunidad que lo catalogaba como una persona muy servicial aparte de sanar con sus brebajes a quienes acudían a pedirle atención.
Se desconoce el trasfondo del crimen aunque según datos preliminares de la investigación podría tratarse de un homicidio con fines de robo.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.