El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, nombró a Hernán Huttemann como nuevo asesor jurídico de la Presidencia de la República, en sustitución de Mónica Seifart, quien fue designada ayer miércoles como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
Hernán Huttemann se desempeñaba como ministro asesor técnico legislativo de la Presidencia de la República y era el representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial. A partir de la fecha, lidera la asesoría jurídica del presidente Mario Abdo.
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Hernán Huttemann es abogado, graduado como alumno distinguido por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Es máster en derecho parlamentario, elecciones y estudios legislativos por la Universidad Complutense de Madrid (España). Previamente fue director de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores.
Por su parte, Mónica Seifart va al Consejo de la Magistratura, donde reemplazará a Carlos Cabrera Alderete, cuyo mandato constitucional feneció el pasado 23 de marzo. La nueva integrante ocupará una banca del organismo encargado del nombramiento de jueces, fiscales y el procesamiento de los mismos, así como las evaluaciones de miembros de la Corte Suprema y Fiscalía General del Estado.
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El maldito Fonacide
- Comentario de Pepa Kostianovsky
No consigo entender este empecinado reclamo de estudiantes, al que adhieren profesores y muchas personas supuestamente informadas, por la derogación del Fonacide.
Ni reunidos con el presidente de la República o el ministro de Educación han conseguido enterarse de que la Ley del Fonacide es un desastre burocrático que por casi diez años viene abortando su función originaria que consistía en que una considerable tajada de las regalías de Itaipú que ingresan en las arcas del Estado fueran asignadas a mejorar las graves deficiencias de la estructura educativa.
Fonacide no consideraba salarios ni cambios de curriculum, iba dirigida exclusivamente a mejorar las instalaciones y mobiliarios de las escuelas y colegios públicos y a enfrentar el problema de desnutrición infantil que afecta aún a varios millones de niños mediante los almuerzos escolares.
Así enunciado, el propósito era auspicioso. Cualquiera que conozca la situación de los edificios y sus equipamientos en los que desde los sanitarios a los techos muchos siguen en condiciones tercermundistas. Y si en la capital y otras ciudades es vergonzoso, en el interior llegan al extremo de calamidad.
Y nadie desconoce la extendida necesidad de mejorar la alimentación de un alto porcentaje de la población infantil.
A la comisión que redactó el proyecto de Ley de Fonacide fueron convocados, conocedores teóricos y prácticos, doctos y legos, algo así como la flor y la nata de la intelectualidad. Lo que se olvidaron de incluir es alguien que conociera los vicios del Estado. Y fue así como le endosaron procedimientos absurdamente burocráticos, que no solo demoraban, muchas veces impedían los trabajos a pesar de que el dinero estaba allí, listo…pero no dispuesto.
Por ejemplo, a alguien se le ocurrió incluir una cláusula por la cual la gobernación o municipio adjudicados estaban impedidos de retirar el dinero SI TENÍAN ALGUNA DEUDA PENDIENTE CON EL ESTADO.
¿Hay algún municipio o gobernación que no adeude al Estado, ya sea por obras públicas o cualquier tipo de servicio? No, por supuesto que no. No pensaron en corregir la ley. Decidieron simplemente que con la venia de la Corte Suprema de Justicia la condición podía ser desplazada. Por supuesto, eso exigía un trámite anual de cada gobernación y municipio ante la Corte.
No sé qué les pasaba a los otros municipios, lo que puedo contarles es que desde el año 2017 duermen en algún cajón de la Corte los sucesivos expedientes de Asunción. Nunca les dieron curso.
Cuando los municipios reclamaban anualmente por las demoras en acceder a sus cuotas anuales, Hacienda respondía que era porque no rendían cuentas del manejo de los fondos de años anteriores. No sé si en los otros era cierto. Pero Asunción concretamente no recibía los fondos porque la Corte cajoneaba sus expedientes.
Cien y doscientas veces, la intendencia y la Junta Municipal de Asunción denunciaron la situación, pero nadie se dio por enterado. Hablamos con el entonces ministro de Educación, con senadoras integrantes de la Comisión de Educación, nos recibieron muy amablemente, pero nadie se inmutó.
Solo tengo espacio para relatar, una vez más, esta desgraciada historia. Pero alguna vez tendríamos que hacer una recopilación de las " penas y quebrantos” que ocasionó Fonacide. Con la esperanza de que los iracundos estudiantes lo lean y se den por enterados de que más que derogada, debería haber sido fusilada hace mucho tiempo.
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Rechazan pedido de suspender designación de Pucheta en CM
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM). La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.
“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto n.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.
Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.
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Está a solo dos votos de lograr destrabarse
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
La Sala Penal está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.
No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.
El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Seprelad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.
El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Filtración Seprelad: en puertas de destrabar proceso penal de Mario Abdo y su gavilla
El proceso penal por siete hechos punibles que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe destrabarse en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de sala son los ministros de justicia Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.
Los altos magistrados deben resolver la recusación infundada que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.
El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabinete del ministro Diesel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disidencia, para luego emitir su voto el ministro Ramírez, sobre el planteamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.
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Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recusación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los camaristas, estos deben decidir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que cuando sea confirmada, deberá estudiar más doce chicanas presentadas por los abogados de los imputados en el presente caso.
Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar incidentes dilatorios, debido a que la imputación fiscal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.
Entre las chicanas que se presentaron en el referido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.
Imputación
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.