El representante legal del senador Rodolfo Friedmann, Guillermo Duarte Cacavelos, presentó una apelación sobre el bloqueo de las cuentas del legislador. La resolución fue emanada por el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, el pasado 7 de octubre, en el caso conocido como merienda escolar de la Gobernación de Guairá.
Con esta nueva acción presentada por la defensa de Friedmann, ahora un Tribunal de Apelación deberá decidir si ratifica la resolución del juez Otazú o la revoca, dando lugar al pedido de Duarte Cacavelos.
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El juez de Garantías no solo ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes y muebles del senador, sino también ya fijó una fecha para la audiencia de imposición de medidas, que será el próximo 20 de octubre, a las 9:30. El juez Otazú explicó en este sentido que para proceder a los embargos respectivos se necesita contar con los montos específicos; es decir, cuando se traba un embargo, se debe contar con la suma exacta correspondiente en guaraníes.
Friedmann está imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todo en carácter de autor. Eventos y Servicios SA (ESSA) habría proveído almuerzo escolar a la gobernación, administrada en ese entonces por el exministro de Agricultura entre el 2017 y 2018, y que tenía por socios al diputado Éver Noguera y a Hugo Alexander Torales.
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Gobierno evalúa instalar mesa de diálogo para atender reclamos de cañicultores
El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Cañicultores, quienes reclaman al Gobierno el cumplimiento de obras paralizadas, el reajuste de precios por tonelada y el inicio inmediato de la zafra. Del encuentro participaron Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú, y César Sosa, gobernador del Guairá.
“Esto es una problemática social, hay miles de familias que dependen directamente del cultivo de la caña de azúcar; las reivindicaciones son completamente válidas. Tenemos las esperanzas de que se llegue a una mesa de trabajo que finalmente termine levantando las medidas de fuerza que finalmente afectan los derechos de terceros“, dijo Soto en entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.
“Entiendo yo que se va a establecer una mesa de diálogo porque esto no será inmediato, algunas cosas se solucionarían rápidamente, mientras que otras tendrían un plazo más largo. Debemos valorar la predisposición que tuvo el vicepresidente en llamar al presidente de Petropar, Eddie Jara, para que atienda los reclamos del sector cañero”, indicó.
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Entre los principales reclamos está la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.
Otra solicitud es el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. El último requerimiento guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.
“Se llegó hasta este punto por la falta de diálogo. Queremos llegar a una solución, que el sector cañero se pacifique, que los cañicultores estén en sus chacras trabajando y no en las calles. El presidente Santiago Peña y su gobierno ya han demostrado que quieren estar al lado del sector cañero”, remarcó Soto.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Cañicultores, Cristian Fonseca, señaló que lo que piden “es una estabilidad laboral y eso será el nuevo tren de molienda, al tener esto ya estaremos como pequeños productores muy agradecidos al gobierno. Esperamos una voluntad política, para sentarnos a dialogar y ver soluciones". Se aguarda que en el transcurso de la fecha los cañicultores mantengan un encuentro con el titular de Petropar.
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Nuevo Liberalismo apela fallo del TSJE que impide avance de internas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, informó que su movimiento Nuevo Liberalismo apeló la decisión del Tribunal Electoral de la capital y Central, primera sala, que suspende el adelantamiento de las elecciones internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para el 17 de agosto.
“Nosotros apelamos, existen muchos antecedentes y jurisprudencia consistentes en que varios partidos políticos hicieron sus elecciones internas el pasado año mediante las papeletas. Nosotros planteamos hacer lo mismo, pero lastimosamente la Justicia Electoral sacó una medida cautelar y trancó todo el proceso”, indicó a la 1020 AM.
Estigarribia sostuvo que la medida cautelar surgió exclusivamente ante la imposibilidad del TSJE de proveer las máquinas de votación y no por el hecho de que hayan violado las leyes electorales, al decidir mediante una convención extraordinaria el desdoblamiento de los comicios internos de las elecciones municipales previstas para el 2026.
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“El PLRA es un partido grande con autonomía, pero nosotros como movimiento, iremos el próximo año a unas elecciones si es esto lo que desean. Las elecciones queríamos realizar para organizar al partido que está muy golpeado después de las últimas elecciones”, afirmó.
Antecedentes
La medida cautelar fue firmada por los jueces Lorena Rojas, Modesto Núñez y Hugo Alberto Oxilia Vera. En el documento se aclara que las medidas cautelares estarán vigentes “ínterin se sustancie la presente acción”, es decir, hasta que el conflicto sea resuelto en una instancia superior.
De esta forma, los jueces electorales hacen lugar a la solicitud de medida cautelar que prohíbe innovar en los cargos de miembros del directorio a nivel nacional, miembros de directorios departamentales, presidentes y miembros de comités, así como convencionales.
La decisión de desdoblar los comicios internos del PLRA de las elecciones municipales previstas para el 2026, fue tomada a través de una convención extraordinaria impulsada el 6 de octubre del 2024 por los sectores internos disidentes liderados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo.
En la ocasión también se resolvió la reforma del estatuto del PLRA donde se exige que el titular de la agrupación opositora renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de presidente de la República.
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Tribunal de Apelación dio luz verde para audiencia a Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.