La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, encabezada por el diputado Tito Ibarrola, del Partido Hagamos, proyecta ampliar la atención y mejorar la infraestructura de la Clínica de Adicciones de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Al respecto, los miembros de la comisión mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Salud Pública, el Viceministerio de Atención Integral a la Salud, el Centro de Tratamiento de Adicciones, la Dirección de Salud Mental, la Clínica de Desintoxicación de Alto Paraná, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otros sectores, con la finalidad de realizar un trabajo interinstitucional para el mejoramiento de los servicios de la Clínica de Desintoxicación y Prevención de Adicciones de dicha zona.
Ibarrola manifestó que es necesario establecer un plan de acciones que involucre a todas las instituciones estatales y que permita la descentralización de la atención. A su vez, que pueda mejorar la atención de la clínica que tiene sus instalaciones en el departamento de Alto Paraná.
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“Hemos escuchado e interiorizado sobre la clínica, que ya habíamos visitado con los miembros de la comisión, verificando la posibilidad de ampliar la infraestructura, mejorar la calidad de atención, descentralizar la atención, para llegar a la mayor cantidad de pacientes”, comentó el parlamentario.
El centro de rehabilitación fue habilitado en el 2016 en Ciudad del Este. Es el primer centro de desintoxicación del departamento, aborda el tratamiento de pacientes adictos y cuenta con el respaldo de las entidades públicas y privadas mediante un trabajo multidisciplinario.
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Llaman al diálogo para evitar peleas
El diputado Hugo Meza sostuvo que las confrontaciones entre colegas, como se dio entre los diputados Raúl Benítez (opositor) y Yamil Esgaib (colorado), en la sesión ordinaria del pasado martes, ya no tienen cabida en el seno parlamentario.
En este sentido, hizo un llamado al diálogo para evitar este tipo de episodios, y de continuar con esa misma actitud, se debe recurrir a las sanciones correspondientes.
“Hemos abordado entre los distintos líderes de bancada para darle facultad al presidente de la Cámara o el que esté en ejercicio de la presidencia poder hacer cumplir el reglamento, poder llamar al orden”, expresó el parlamentario tras la reunión de la mesa directiva que se desarrolló esta semana.
Agregó que, “si no fuese así, buscar el diálogo, a la conversación y si no prosperase de esa manera, definitivamente buscar la sanción de los que hoy incurren permanentemente y se olvidan de que estamos en el recinto de la Cámara de Diputados y no estamos en una plataforma digital para hacer un show permanente para el TikTok, para ambos (la sanción)”.
Mientras tanto, afirmó que la ciudadanía es la más afectada en estas situaciones, ya que se dejan de dar tratamiento a temas importantes.
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Diputados definirán la intervención de seis municipios
La Cámara de Diputados tratará la próxima semana los pedidos de intervención a seis municipios: Lima, Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná e Yby Yaú. Los pedidos fueron incluidos para la sesión ordinaria del martes 9 de setiembre, tras un acuerdo de la mesa directiva, en la reunión correspondiente a esta semana.
El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Hugo Meza, confirmó que se llegó a un acuerdo para el tratamiento de todos los pedidos que fueron derivados a la instancia legislativa. “Hemos acordado incluir los seis pedidos de intervención de las distintas municipalidades. Seguramente vamos a hablar en las distintas bancadas para ver cuál es la posición final que se va a tomar”, señalaba el diputado en ese momento.
En cinco de los municipios el pleno deberá conformar la Comisión Especial de Intervención, ya en el caso del Municipio de Lima, se deberá votar si corresponde o no llevar adelante el proceso de fiscalización.
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Municipio de Lima
En el caso de la Municipalidad de Lima, departamento de San Pedro, el pedido de intervención data del 2023, bajo la administración del intendente Juan Manuel Ávalos. Este pedido se dio por pedido de la Junta Municipal tras el rechazo de la rendición de cuentas del intendente por el periodo 2021-2022, argumentando irregularidades con el programa de almuerzo escolar y merienda escolar. De acuerdo a la denuncia de la Junta el monto que no cuenta con respaldo de documentos es de G. 514 millones.
Municipio de Emboscada
La Junta Municipal remitió el pedido de intervención el pasado 21 de junio de este año, a la gestión del intendente Silvio Peña (PLRA), por supuestas irregularidades detectadas en el periodo 2024. De acuerdo a la denuncia de los conejales municipales, el jefe comunal pagó por varias obras ya el año pasado, pero que no fueron ejecutadas.
Municipio de Ñemby
El pedido de intervención fue aprobado por la Junta Municipal el 14 de agosto del 2024, a la administración del intendente Tomás Olmedo. En la argumentación, la Junta Municipal señala varias denuncias y una imputación contra el jefe comunal por supuestos hechos de corrupción, lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.
Municipio de Tomás Romero Pereira
El Ministerio del Interior remitió a la Cámara de Diputados, el pasado 26 de agosto, el pedido de intervención a la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, bajo la administración del intendente Hernán Ysidro Rivas. De acuerdo a la denuncia realizada por los concejales municipales, argumentan supuestas obras fantasmas y contratación de empresas de “maletín”, y desvío de fondos.
Municipio de Ybyrarobana
En el municipio de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, la Junta Municipal no aprobó las rendiciones de cuentas del intendente César Machuca por falta de documentaciones. De acuerdo a los concejales se sospecha de una malversación de fondos y un posible hecho de lesión de confianza por parte del jefe comunal.
Municipio de Yvy Yaú
La situación del Municipio de Yby Yaú, departamento de Concepción, bajo la administración del intendente Vidal Arguello, es bastante confuso, ya que existe un documento de la Junta Municipal solicitando a intervención, sin embargo, el jefe comunal había denunciado a los concejales ante el Ministerio Público por una supuesta adulteración del acta del legislativo municipal. De acuerdo al intendente incluso, la Contraloría General de la República (CGR) había rechazado la intervención.
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Posibles sanciones: diputado llama al diálogo y a evitar confrontaciones en el pleno
El diputado Hugo Meza sostuvo que las confrontaciones entre colegas, como se dio entre los diputados Raúl Benítez (opositor) y Yamil Esbaig (colorado), en la sesión ordinaria del pasado martes, ya no tienen cabida en el seno parlamentario. En este sentido, hizo un llamado al diálogo para evitar este tipo de episodios y, de continuar con esa misma actitud, se debe recurrir a las sanciones correspondientes.
“Hemos abordado entre los distintos líderes de bancada para darle facultad al presidente de la Cámara o al que esté en ejercicio de la presidencia poder hacer cumplir el reglamento, poder llamar al orden”, expresó el parlamentario tras la reunión de la mesa directiva que se desarrolló esta semana.
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Agregó que, “si no fuese así, buscar el diálogo, la conversación y si no prosperase de esa manera, definitivamente buscar la sanción de los que hoy incurren permanentemente y se olvidan que estamos en el recinto de la Cámara de Diputados y no en una plataforma digital para hacer un show permanente para TikTok, para ambos (la sanción)”.
Mientras tanto, afirmó que la ciudadanía es la más afectada en estas situaciones, ya que se dejan de dar tratamiento a temas importantes. “Yo creo que la ciudadanía se merece que los puntos del orden del día sean tratados con mucha responsabilidad; para eso se nos paga, y muy bien. Entonces, yo creo que ha llegado el momento para poder abordar de esa manera”, apuntó.
Ratificó que con estos episodios se afecta la imagen del cuerpo colegiado y la clase política. “Lastimosamente no contribuyen en nada a la ya mala imagen del Poder Legislativo y la clase política; son esas conductas que irritan a la ciudadanía, donde algunos se olvidan de que no estamos en una plataforma de show permanente, sino que estamos en el seno de un poder del Estado, donde la ciudadanía demanda políticas públicas que impacten en la vida de cada uno de los ciudadanos”, puntualizó.
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El tiempo pasa y los hechos prescriben: Contraloría alerta sobre causas contra Prieto
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.
Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.
“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.
Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.
“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso.
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El caso investigado
La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020. El monto asciende a G. 311 millones.
Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.
La situación se agravó cuando, al año siguiente, los presidentes de ambas subcomisiones fueron contratados como funcionarios de la municipalidad. La denuncia por asociación criminal fue presentada en 2024, luego de que la organización detectara las irregularidades.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, el cheque fue finalmente cobrado por un funcionario municipal, lo que refuerza las sospechas de un esquema de desvío de fondos.
Prescripción de las causas
Montiel subrayó que la imputación representa “un pequeño alivio”, ya que los hechos investigados datan del 2020 y estaban a punto de prescribir. Sin embargo, insistió en que la lentitud del Ministerio Público pone en riesgo la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias reales.
“El problema más grave que tenemos es que el Ministerio Público realiza un trabajo con mucha lentitud. Así como van las cosas, hay muchos hechos que van a prescribir y no va a pasar nada con la gente que cometió estos hechos de corrupción”, lamentó.