“Entender sobre cuestiones de Estado no es una tarea delegable a cualquier pysã tronco (torpe)”, aseguró el senador.

El senador liberal Dionisio Amarilla apuntó a la falta de ido­neidad del exintendente desti­tuido por corrupción Miguel Prieto, luego de que este haya participado de un programa periodístico y dejara en eviden­cia su desconocimiento sobre la gestión pública y el manejo del Estado.

En dicho programa, Prieto fue consultado sobre sus proyec­ciones y propuestas de llegar a la Presidencia de la Repú­blica en 2028, dando respues­tas vagas y sin fundamentos claros. Dijo que al escuchar y ver a Miguel Prieto en un pro­grama de televisión, “ratifico una vez más que entender sobre cuestiones de Estado no es una tarea delegable a cualquier pysã tronco (torpe)”, escribió el senador a través de sus redes sociales.

En este sentido, el parlamen­tario liberal ratificó su postura que, ante la falta de capacidad de Prieto, indefectiblemente, no debe liderar la chapa pre­sidencial de la oposición. Para Amarilla, el candidato presi­dencial debe ser un represen­tante del Partido Liberal Radi­cal Auténtico (PLRA), y Prieto, tal vez, podría apuntar recién a las siguientes elecciones nacio­nales. “El PLRA por lejos tiene hombres y mujeres ilustradí­simos que aquel que pretenda llegar al poder desde la oposi­ción imposible que prescinda de estos, y creo que Prieto debe ser el vicepresidente acompa­ñando a un afiliado liberal y preparándose tal vez para el 2033”, aseguró el senador Amarilla.

La oposición se mantiene en un discurso de unidad, bus­cando definir la chapa presi­dencial, sin embargo, detrás de estas pretensiones se da una fuerte disputa interna de aspirantes al Palacio de los López, una unidad sellada por el momento un tenso positi­vismo. Desde el Partido Libe­ral van sumando los precandi­datos, mientras Miguel Prieto se ratifica en su idea de ser el líder de la oposición.

La viabilidad técnica de una reducción de shock en la planilla estatal, que fue planteada por Prieto, enfrenta marcadas contradicciones con el funcionamiento financiero del fisco.

El destituido exintendente esteño Miguel Prieto sugi­rió aplicar despidos masi­vos en el sector público como supuesta solución al cre­ciente déficit fiscal del país, durante una entrevista tele­visiva acerca de sus aspiraciones presidenciales.

En su intervención, el polí­tico prometió “mano dura” y recordó su paso como admi­nistrador municipal, cuando desvinculó a mil empleados en un solo día, cuestionando además el exceso de personal en instituciones estratégicas.

Sin embargo, la viabilidad técnica de una reducción de shock en la planilla estatal enfrenta marcadas contra­dicciones con el funciona­miento financiero del fisco. En primer lugar, una medida de esta naturaleza agravaría de inmediato el saldo nega­tivo de la Caja Fiscal, cuyo sistema de reparto depende directamente de los aportes de los trabajadores activos para abonar las jubilaciones vigentes. Al cortar de manera abrupta los ingresos por apor­tes de miles de funcionarios desvinculados, la Caja Fis­cal mantendría intactas sus obligaciones de pago con los jubilados actuales, obli­gando al Tesoro Nacional a destinar una mayor propor­ción de los impuestos genera­les para cubrir el déficit men­sual resultante. Asimismo, las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y aguinaldos exigirían un desembolso inmediato que elevaría el gasto corriente a corto plazo.

A las 21:00, aproximadamente de este sábado, Roberto Álvarez Leguizamón, de 28 años, fue asesinado a balazos por dos personas que estaban a bordo de una motocicleta mientras circulaba en su camioneta por la fracción Ciudad Nueva, en Pedro Juan Caballero. Tras ser trasladado a la clínica privada Viva Vida por su hermano, se confirmó su fallecimiento, mientras las autoridades investigan el hecho presuntamente perpetrado con un arma calibre 9 milímetros.

Según los datos policiales, las dos personas que circulaban a bordo de un biciclo interceptaron a la víctima y efectuaron varios disparos contra la humanidad de Álvarez Leguizamón. El joven fue auxiliado, pero ya desde un centro asistencial confirmaron su fallecimiento.

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Los intervinientes presumen que se utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros y levantaron evidencias en el lugar del atentado. Agentes de Investigación de Delitos, Homicidios y Criminalística trabajan para identificar a los responsables y esclarecer el crimen.

Igualmente, el Ministerio Público intervino en el caso y está investigando el suceso para tratar de llegar hasta los responsables del sicariato en la zona de Pedro Juan Caballero.

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• Embajador Carlos José Fleitas
• Fotos: Gentileza

A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.

Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.

El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.

Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.

Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).

Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.

Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.

El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.

El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).

Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.

El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.

El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.

El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.

A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.

El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.

Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).

Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.

Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.

La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.

El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.

El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.

El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.

La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.

El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.

Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.

El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.

Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.

El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.

La Expo Amambay 2026 se desarrollará desde este 10 al 18 de octubre en Pedro Juan Caballero y buscará superar los 87.000 visitantes de la edición anterior. El sector comercial y los espacios de alimentación también registran una alta ocupación.

Conrado Rodríguez, coordinador general de la muestra liderada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), a través de su Regional Amambay, indicó a La Nación/Nación Media que la actividad registra un crecimiento en la cantidad de animales inscriptos y expositores, con un incremento cercano al 30 % en ambas categorías.

El evento se realizará en el Campo de Exposiciones Marcos Paredes Ramírez, en Pedro Juan Caballero, bajo el lema Amambay Avanza.

En el sector ganadero, la inscripción de bovinos pasó de 147 animales el año pasado a 204 en esta edición, lo que representa un aumento de 57 ejemplares.

En la especie ovina, la cantidad se duplicó de 60 a 120 animales mientras que en la equina pasó de 24 a 30.

“Superamos ampliamente el número del año pasado”, señaló Rodríguez, atribuyendo el crecimiento al entusiasmo de los productores de distintos puntos del país y al interés generado en torno a la exposición.

El coordinador resaltó las mejoras realizadas en la infraestructura y la reorganización del parque de exposiciones, que permitieron ampliar la capacidad sin aumentar el espacio disponible. Como resultado, la ocupación del sector edificado y del área verde llegó al 100 %, mientras que el sector de alimentación se encuentra entre el 90 % y el 95 % de ocupación.

En cuanto al movimiento comercial, la organización prepara dos ferias importantes. La primera se realizará el jueves 15 de octubre e incluirá animales de invernada y ovinos. En la edición anterior, esta actividad registró una facturación superior a USD 1,2 millones por la venta de animales de invernada.

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Para el viernes está prevista otra feria, esta vez de caballos criollos y reproductores registrados, machos y hembras. Las actividades apuntan a superar el récord de USD 1,8 millones en facturación alcanzado el año pasado.

“Por la efervescencia que hay, por la cantidad de productores que nos visitan y por la cantidad de gente que está aportando a la feria, creo que este año vamos a trabajar para superar ese número y volver a batir el récord”, expresó.

Rodríguez destacó que la Expo Amambay constituye una vidriera para mostrar el momento que atraviesa el departamento. En ese sentido, sostuvo que las ciudades de la zona están pasando por una etapa comercial favorable y que existe una mayor sensación de seguridad, lo que anima a la gente a apostar por las actividades económicas.

La expectativa de la organización está puesta en mantener el crecimiento de la muestra, tanto en participación ganadera como en presencia comercial y generación de negocios, acompañando el interés que vienen demostrando los productores y expositores.

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