La diputada Kattya González cuestionó este martes la sanción a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública sumariados en el caso de las licitaciones amañadas en plena pandemia con un millonario contrato para Eurotec e Imedic y el anticipo otorgado a las firmas.

“Hemos hecho un esfuerzo importante en ejercer nuestra función de contralores, hemos realizado las denuncias correspondientes. Sin embargo, flaco favor le ha hecho el ministerio en la consolidación de este esquema, que obviamente está empotrado fuertemente”, arremetió la legisladora en comunicación con la 650 AM.

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Para Kattya González, es una vergüenza la manera de operar de la “rosca de la impunidad” y lamentó que se cierne en el país. A su criterio, no hay palabras para describir lo sucedido con los funcionarios del Ministerio de Salud sumariados y la sanción determinada por un juez por el caso de las licitaciones amañadas.

Sostuvo que la cartera sanitaria decidió apoyar la corrupción desde un principio porque poco y nada hizo desde el inicio de las denuncias en plena pandemia del COVID-19, que terminaron demostrando las innumerables irregularidades en el proceso de la licitación para la adquisición de insumos médicos, que ni siquiera reunían las condiciones.

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“Es una vergüenza la manera en que opera la rosca de la impunidad. Esta sanción que se dio es un insulto, una recomendación que esperamos que el ministro se aparte porque ese dictamen no es vinculante. Aunque también, normalmente los ordenadores de gastos se apoyan en el criterio técnico. Nos encontramos con un sumario a cinco personas, donde 20 personas intervinieron”, agregó la diputada de la oposición.

El juez Carlos Meza estipuló sanciones temporales sin goce de sueldo a los funcionarios de Salud Pública sumariados por las licitaciones amañadas, a pesar del informe de la Contraloría General de la República sobre las numerosas irregularidades en el proceso.

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De acuerdo con los antecedentes, las empresas Eurotec e Imedic, vinculadas al empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, se beneficiaron con un contrato de G. 85 mil millones y recibieron un anticipo de G. 17 mil millones, monto que terminaron devolviendo con la garantía de fiel cumplimiento y el acuerdo rescindido.

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