“En este momento se tiene que cumplir la orden de expulsión. Es lo que único ya que se tiene que hacer”, expresó Margarita Colmán, representante legal de la estancia Pindó, respecto a la situación agravada por la incitación de legisladores a mantener las medidas de fuerza y expandir la ocupación. Los invasores se encuentran ilegalmente en la estancia Pindó desde hace 8 años.

“Nosotros llevamos 8 años de lucha contra esta gente que ha invadido la estancia Pindó en febrero del 2012. Esta no es la primera vez que estos senadores están haciendo arengas e instigaciones dentro de la instancia. De hecho tenemos videos y audios. Los mismos senadores ya lo habían hecho, ya no nos extraña que vuelvan a hacerlo”, explicó la abogada Colmán.

Los invasores, por su parte, sostienen que ante las infructuosas negociaciones con el Gobierno seguirán ocupando las tierras de empresarios. Actualmente residen en el asentamiento más de 1.500 personas.

Nota relacionada: Denuncian incitación a la invasión por parte del Frente Guasu y el PDP

“Nosotros tenemos información que el intendente de Yvyrarovará (nuevo distrito de Canindeyú) suele ingresar en el asentamiento a reunirse y ofrecer mejoras a la población que está dentro de la estancia. Lo de Itakyry ahora me estoy enterando que por lo visto se pusieron en contacto con ellos y están ingresando. Todo dentro del marco de la búsqueda de apoyo político”, afirmó la abogada.

“La propiedad invadida tiene 4.499 hectáreas, nosotros teníamos, porque ya no existe, una reserva privada boscosa de 2.786 hectáreas, esa es el área ocupada porque es de ahí donde se saca la gran cantidad de dinero para sustentar esa ocupación con el tráfico de rollos que es imparable desde el 2012, bajo la mirada de la policía, de la fiscalía ambiental, del Ministerio del Ambiente, de la Infona. Las denuncias están repartidas como panfletos”, sostiene la representante de la estancia Pindó.

Indicó que existe un proceso judicial abierto por invasión a la propiedad privada en el fuero penal, donde la orden es la expulsión. “Desde el 2013 tenemos órdenes de expulsión que sucesivamente son enviadas a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior para que se conformen los equipos de trabajo para realizar los operativos”, informó la abogada, al tiempo de señalar que este tipo de operaciones deben planearse con gran coordinación por el número de ocupantes. “No llegamos sino hasta la mesa de entrada y de ahí no avanzamos ni un paso”, aseveró.

Consultada acerca de las razones de la inacción, expresó: “Acá hay una falta absoluta de voluntad política por parte del gobierno. Son grupos sumamente violentos, incendiaron parte de la estancia, quemaron maquinarias, camionetas”. El temor en un principio era que se produzca una masacre como la que ocurrió en Campos Morombí, en Curuguaty (Canindeyú), donde un desalojo culminó con 17 muertos, el 15 de junio de 2012.

“Nos incendiaron los 5 retiros, quemaron la casa patronal, maquinarias y camionetas, tomaron presos a nuestros personales, incluso a mi me capturaron y me llevaron como rehén por varias horas en los montes con mis personales. Es una situación violenta. El gobierno nacional no hace nada, esto es una bomba de tiempo”, concluyó.

Te puede interesar: Senadores e invasores de la estancia Pindó anuncian más ocupaciones de tierras