La fiscala Victoria Acuña realizó la acusación y solicitó el elevamiento del caso a juicio oral y público para la esposa del diputado Miguel Cuevas, Nancy Florentín de Cuevas. La mujer fue imputada por el Ministerio Público por cobro indebido de honorarios en los meses de agosto y setiembre del 2018.
“Hemos presentado ya las pruebas que consideramos pertinentes y solicitamos la elevación de juicio oral y público”, anunció hoy Acuña en comunicación con Gen.
La Fiscalía sostiene que Nancy Florentín ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo, en particular al Ministerio de Educación y Ciencias, que asciende a la suma de G. 9.668.882, suma cobrada por los dos meses sin asistir a su lugar de trabajo.
Victoria Acuña fue designada por una recusación del fiscal Luis Piñánez para continuar en la causa que tiene abierta el diputado Cuevas, su esposa Nancy de Cuevas y su hijo Enzo Cuevas. La representante del Ministerio Público mencionó que presentaron la acusación contra Florentín por el hecho punible de cobro indebido, atendiendo a que la misma siguió percibiendo una remuneración sin presentarse a su lugar de trabajo.
“La misma firmaba el cuaderno de asistencia en la institución educativa donde prestaba servicio, sin embargo, ella no asistía a dicha institución”, refirió Acuña a GEN.
Así también, mencionó que se logró constatar que la mujer presentó certificados médicos alegando un problema de salud, sin embargo, se encontraba en un lugar comercial en el tiempo justificado.
“Ella presenta un certificado médico justificando su inasistencia en su lugar de trabajo por razones de salud, sin embargo, se pudo comprobar que ella se encontraba en un centro comercial”, mediante el cruce de llamadas, concluyó la fiscala.
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Fiscalía acusa formalmente y pide juicio contra Prieto en el caso Consejo de Salud
Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.
Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.
También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.
Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.
Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
Siete imputados admitieron el hecho
En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Juicio oral
Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.
Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.
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Ante amenaza de Giuzzio a fiscales, juicio se reanuda con custodia policial
Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.
En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.
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Antecedentes
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.
Acusación contra Giuzzio
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Contraloría Ciudadana sobre juicio de Prieto: “Tía Chela fue el primer golpe que hicieron”
“El caso de Tía Chela fue el primer golpe que hicieron y luego vinieron otros más”, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), al iniciarse este lunes el primer juicio oral y público contra el exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, y otros acusados, por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
“Con el inicio de este juicio oral y público hay una pequeña luz al final del túnel porque pasó mucho tiempo, ya son más de 5 años”, dijo al diario La Nación/Nación Media la representante de la organización no gubernamental, que reúne a varios excolaboradores de Prieto, quienes impulsaron decenas de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión municipal, y que hoy alcanzan cerca de 50 causas en investigación.
En el caso “Tía Chela”, el proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
Campaña prietista contra la Fiscalía
“Es muy lenta la justicia, pero seguimos denunciando las irregularidades que detectamos y que están siendo comprobadas a través del Ministerio Público. A pesar de que todo el proceso es muy lento, sí nos parece que la Fiscalía está haciendo su trabajo”, refirió Montiel.
La causa conocida como Tía Chela está catalogada por los denunciantes como una de las grandes estafas cometidas bajo la entonces administración del dirigente opositor, quien actualmente impulsa la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este, de su asesor político y exdirector administrativo, Daniel Pereira Mujica.
“Desde Ciudad del Este estamos viendo una fuerte campaña por parte de Prieto para desprestigiar el trabajo del Ministerio Público, queriendo hacer entender que esto es una persecución política, pero no admite sus hechos. En realidad, Prieto siempre se burló de las denuncias, pero el trabajo de la Fiscalía es bastante serio”, mencionó.
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La acusación fiscal es irrebatible
Prieto y sus aliados concretaron presuntamente adjudicaciones irregulares a las firmas Tía Chela SRL y Vanemi SA, con la finalidad de embolsillarse la millonaria suma dejando prácticamente vacías las arcas de la municipalidad esteña, de acuerdo con los denunciantes.
“Ahora Prieto hace una caravana para que la ciudadanía le acompañe en el juicio, esto es una locura, pero, por lo menos, la gente de Ciudad del Este ya abrió los ojos, ellos se manejan con clientelismo, dando muchos beneficios a algunos de sus seguidores, pero la gente sabe que Prieto es un corrupto, que está rodeado por corrupto y que la acusación de la Fiscalía es prácticamente irrebatible, él ya está bastante desprestigiado”, sentenció Montiel.
Antecedentes
Según la investigación fiscal, la estructura delictiva habría estado integrada por funcionarios y directores municipales, así como por proveedores externos. Entre los acusados figuran Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y hoy concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas.
La lista sigue con Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA.
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Tribunal inició el juicio de Prieto y sancionó a un abogado por chicanear
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.
En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron en junio de 2024 al exintendente y otras 10 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en el supuesto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas de la comuna. Tras varias chicanas, finalmente este lunes se dio la apertura de este proceso judicial.
Los procesados en esta causa son Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores, en tanto que, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez, fueron imputados como cómplices.
Incidentes presentados por la Fiscalía
El fiscal acusador Silvio Corbeta inició con la presentación de incidentes, que son cuatro en particular. El primero, una situación que se había presentado durante la audiencia preliminar, por hechos nuevos que ha tomado conocimiento el Ministerio Público, al momento de ofrecimiento de pruebas de la defensa, que tiene que ver con el cambio de marcas de productos licitados.
El fiscal solicitó la consulta a la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) acerca de la nota que se presentó, por la propia defensa de los acusados, que tiene fecha de marzo del 2020 y fue firmada por Fermín Ávalos, representante de la empresa Tía Chela presentada a la Municipalidad de CDE, ya que la DNCP realizó un sumario de oficio y ese sumario concluyó en una resolución en la cual señala inconsistencias en la licitación en materia de contratación pública por vía de la excepción.
El segundo incidente presentado por el fiscal, es la solicitud de declaración testimonial del director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, considerado como un testigo calificado y experto que podrá responder a todas las consultas sobre la pertinencia sobre la nota presentada en el primer incidente, sobre su regularidad o irregularidad.
También solicitó un informe a la Contraloría General de la República (CGR), si la nota en cuestión, “recibida por el intendente municipal, Miguel Prieto, fue presentada y analizada cuando el órgano mismo de control realizó el dictamen técnico de contrataciones DGCPCPE n.° 44/2021 que hace referencia a esta licitación de kit de alimentos que es la contratación de la vía de la excepción n.° 3/2020 en la cual la Contraloría concluyó la Municipalidad de Ciudad del Este favoreció la adjudicación del contrato a la empresa Tía Chela”.
El cuarto incidente presentado es una solicitud de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para tener conocimiento en el marco de la trazabilidad realizada de las facturas y en las mercaderías proveídas a la Municipalidad de Ciudad del Este, realizado por el departamento de análisis y gestión de riesgos tributarios, si la empresa Tía Chela comunicó el cambio de las marcas de las mercaderías consignadas y licitadas en el contrato con la comuna.
“Si esto fue producto de algún dictamen por parte de la DNIT, ya que la DNIT realizó también un trabajo sobre el cual versa principalmente la teoría del caso del Ministerio Público”, explicó el fiscal Corbeta.