La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que declara emergencia nacional como consecuencia de los incendios y los daños ocasionados al ecosistema y al ambiente.
La emergencia nacional estará vigente por un plazo de 90 días a partir del día en que entre en vigencia la ley. La propuesta pasa a la Cámara de Diputados para su estudio, teniendo en cuenta que a las 18:00 convocaron a una sesión extra para tratar el tema.
También se establece en el artículo 2º que aquellos ministerios, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las Fuerzas Armadas, los gobiernos departamentales, municipales y organismos concurrentes adopten todas las medidas a fin de canalizar los recursos necesarios para las acciones de restauración y recuperación de los daños.
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Además se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los trámites correspondientes para solicitar ayuda internacional a fin de combatir los incendios que afectan a toda la República del Paraguay.
Gobierno anuncia pedido de apoyo
El caos generado por los incendios que están siendo paliados por los bomberos voluntarios sobrepasa la capacidad de los mismos, lo que trae como consecuencia una situación que agrava los focos que se dieron en Areguá, en el Jardín Botánico, en Cateura y otras zonas.
Por ese motivo, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionó que el gobierno de Mario Abdo Benítez ya estaría desbordado por todos los siniestros que se están registrando simultáneamente en el país. Ante esta situación, se anunció que se solicitará ayuda internacional para hacer frente a la situación que se da a causa de los miles de focos de calor.
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Gremios declaran “zona de conflicto” en servicios de hospitales públicos por renuncia de médicos
Desde la Sociedad Paraguaya de Cancerología y la Sociedad Paraguaya de Patología y Citología emitieron un comunicado informando a la ciudadanía en general la declaración de una zona de conflicto ante las masivas renuncias de médicos especialistas tras el cierre de los cinco días de la huelga nacional impulsada por el sector de los profesionales de salud.
El comunicado realizado por la Sociedad Paraguaya de Cancerología refiere que la zona de conflicto abarca “los servicios de oncología de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ante las renuncias de médicos especialistas y la situación laboral que atraviesa el sector médico”.
Agrega que “esta medida acompaña el reclamo de los profesionales por mejores condiciones laborales, reconocimiento de su labor y una remuneración justa, acorde con la responsabilidad y una especialización requerida”.
Señala que la declaración en zona de conflicto permanecerá “vigente hasta alcanzar una solución al conflicto”. Asimismo, la sociedad solicita a sus médicos asociados no ocupar los cargos vacantes de oncología que sean ofrecidos durante este periodo, hasta tanto se logre una solución favorable”.
El comunicado expresa que “la Sociedad Paraguaya de Cancerología reafirma su respaldo a sus asociados y su compromiso con la dignidad profesional y una atención oncológica de calidad en nuestro país”.
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Mientras que desde la Sociedad Paraguaya de Patología y Citología menciona que la declaración de zona de conflicto también se extiende a todos los “hospitales del país dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en los que se produzcan renuncias de médicos patólogos. Esta medida responde al reclamo de los profesionales por condiciones laborales dignas y un reajuste salarial justo, en defensa de los principios de igualdad, dignidad y adecuada retribución”.
Añade que “instamos a nuestros asociados a no ocupar los cargos vacantes que sean ofrecidos en hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mientras persista esta situación. La declaración se mantendrá vigente hasta la solución del conflicto”.
En el marco de la huelga general iniciada el pasado lunes 24 y finalizada ayer viernes 28 de agosto, los médicos requirieron al gobierno la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por los feriados, así como el nombramiento de los profesionales contratados.
El punto más conflictivo sobre el cual aún no se llegó a un acuerdo radica en el aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.
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Comitiva parlamentaria verificó situación de un loteamiento en Juan E. O´Leary
Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.
La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.
Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.
Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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Huelga de médicos: Bachi Núñez ratifica postura de no elevar impuestos
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, reiteró su postura de no elevar los impuestos para obtener más recursos, esto en el marco del reclamo y la huelga de médicos que piden un aumento salarial que requerirá de un presupuesto aproximado de USD 100 millones más para los 12.000 médicos del sistema de salud pública.
“Ya adelanté mi postura que no estoy de acuerdo con ninguna elevación impositiva, más si lo hacemos a la ligera. Lo primero que tenemos que hacer es recaudar más, formalizar las empresas y después ver otras posibilidades, hay que tener en cuenta que si uno eleva los impuestos eso lo traslada al ciudadano, lo traslada al microempresario, traslada al constructor, al trabajador, no estoy inventando la rueda”, dijo a los medios de prensa.
El legislador indicó que con el aumento de las tasas impositivas se podría perder el atractivo de inversión para el Paraguay y afirmó que se deben analizar primeramente otras opciones para aumentar las recaudaciones.
“Vamos a hacer un círculo inflacionario, no es la solución, y si vamos al ejemplo de Uruguay que tiene el 22 % IVA, trasladar eso, entonces ¿por qué están viniendo todas las empresas a Paraguay?, precisamente por esa flexibilidad impositiva, eso le da trabajo a la gente”, expresó.
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Sobre los planteamientos de elevar impuestos a otros productos, como el tabaco u otros, refirió que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad. “Estamos abiertos a todas las propuestas, sea tabaco, sea cigarrillo electrónico, bebidas azucaradas, alcohol, soja, lo que sea, pero vamos a estudiarlo seriamente. Tenemos que hacer estudios serios y lo vamos a hacer”, apuntó.
Finalmente, afirmó que está en contra del aumento de todo impuesto que signifique una carga para la ciudadanía. “El martes recibimos el presupuesto general de la nación 2027, el Presupuesto de Gastos de la Nación no se estudia de la noche a la mañana. Que se presente el proyecto de ley y lo vamos a ver, en puridad no estoy en contra de cualquier aumento impositivo, porque eso lo va pagar el ciudadano, ña Juana va a pagar, si quieren que pague ña Juana o don Pedro, adelante”, concluyó.
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