Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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El senador liberal Dionisio Amarilla, presidente de la comisión especial de investigación sobre denuncias de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y en el Instituto de Previsión Social (IPS), indicó que el bloque tendrá su primera reunión el jueves a las 9:30 y abordará primeramente las deudas acumuladas en ambas instituciones.

“Nosotros queremos saber cómo en los últimos 5 años se originaron esas deudas, cuántas licitaciones se hicieron, de qué tipo de licitaciones estamos hablando, quiénes fueron los proveedores adjudicados, a qué valores, qué porcentaje de los contratos avanzaron, cómo se seleccionó a quién pagar y a quién no, entre otras cuestiones”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El parlamentario comentó: “Por el camino iremos descubriendo si las actuaciones se han ajustado básicamente a los protocolos de objetividad o si hubieron privilegiados en los cobros, eso todavía no lo podemos adelantar porque no tenemos un ápice de datos todavía”.

Detalló que primeramente indagarán sobre la situación del IPS: “Vamos a consultar sobre las compras, la remuneración del personal en los últimos 6 años, tanto de los directivos como el personal de blanco, sobre las compras, la provisión de servicios, la colocación de fondos, que es últimamente el motivo de conversación hasta en los círculos más íntimos, entre otras cuestiones, y a partir de ahí vamos a construir los escenarios de análisis para poder concluir sobre estas instituciones”.

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Añadió que no solo convocarán a las autoridades de ambos entes de salud, sino también a los representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Dncp), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones del Paraguay, entre otros entes y asociaciones.

“Bien clara tenemos la película de lo que tenemos que abordar. En materia de gastos de administración queremos saber sobre los personales que cobran, cuánto cobran, bajo qué concepto y qué cargos, funciones y cargas horarias tienen. Si existen comisionados en ambas instituciones, los motivos”, dijo.

Con relación al personal de blanco solicitarán datos sobre el cargo que ocupan, cuánto perciben, qué otros beneficios perciben y lo mismo para cargos directivos. “En lo que vamos a tener mucha complejidad es en los procesos de adquisiciones, veremos si tienen trazabilidad en el uso de los medicamentos tanto el IPS como Salud Pública, cómo administran sus recursos, por qué acumularon deudas, en qué momento se empezó a acumular”, refirió.

Refirió, además, que la comisión especial de investigación cuenta con un plazo de 180 días para impulsar las indagaciones. “Será un trabajo muy complejo lo que vamos a encarar y se hará una pausa a fin de año por el receso parlamentario”, puntualizó.

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La Cámara de Senadores elaboró el orden del día para la sesión de este miércoles 23 de setiembre. La agenda incluye proyectos relacionados con el Sistema Nacional de Cuidados, el régimen agrario, la seguridad y la protección de infraestructuras críticas, además de solicitudes de pensiones graciables y diversas iniciativas de declaración.

El proyecto de ley “Que crea el Sistema Nacional de Cuidados del Paraguay (SINACUP)”, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa que busca redistribuir entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado las tareas de atención y asistencia a niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

Según los proyectistas, la norma se enmarca en el Sistema de Protección Social vigente y responde a compromisos asumidos por el país en distintos foros regionales sobre derechos de las mujeres, además de mandatos constitucionales relativos a la protección de la familia, la niñez, la vejez y las personas con discapacidad.

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El proyecto crea una institucionalidad integrada por el Consejo Nacional de Cuidados —presidido por el Ministerio de la Mujer e integrado por una decena de carteras y organismos públicos—, una Secretaría Ejecutiva de Cuidados y un Comité Consultivo con participación de organizaciones sociales, academia y proveedores privados de servicios.

Entre sus componentes principales figuran los servicios de cuidados, licencias laborales y permisos para conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares, subsidios y prestaciones económicas, formación y profesionalización de cuidadores, regulación de estándares de calidad y campañas de comunicación para promover la corresponsabilidad de género.

El financiamiento provendrá del Presupuesto General de la Nación y de aportes departamentales, municipales y privados, y se prevé la creación de un Fondo Especial de Cuidados.

La implementación será gradual: el Consejo deberá instalarse dentro de 60 días desde la promulgación y elaborar, en los 180 días siguientes, el primer Plan de Cuidados.

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Este lunes culminó la última audiencia pública, de una serie que llevó adelante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, para escuchar a los postulantes para la Defensoría del Pueblo.

Inicialmente se contó con 67 personas inscriptas, de las cuales 5 no concurrieron a la audiencia pública y 2 renunciaron por motivos personales, quedando finalmente 60 postulantes a los cargos de defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto.

La actividad se desarrolló en cumplimiento de la Resolución N° 2698, emitida por la Presidencia de la Cámara de Senadores. La resolución establece que el proceso de selección se desarrollará bajo los principios de transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades e idoneidad, promoviendo una amplia participación de postulantes.

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En ese contexto, las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales se llevaron a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Nacional y en concordancia con los artículos 4° y 11 de la Ley N° 631/1995, Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que atribuyen a la Cámara de Senadores la facultad de proponer a la Cámara de Diputados las ternas de candidatos para ambos cargos.

En la fecha se presentaron los últimos postulantes, quienes expusieron sus propuestas ante los legisladores integrantes de la comisión asesora. Los postulantes fueron Alicia Alvarenga Cartaman, Romina Paiva Godoy, Pedro Segovia Caballero, Dionisio Valdéz Brítez, Gregoria Rolón Ferreira, Daysi Benítez Treco, Alexa Arrúa Galván, Rubén Ávila López, Rocío González Galeano, Emiliano Cantero Jacquet, Félix Arístides Duré, Alejandra Barrios Escudero y Nidia Pintos Benítez. En tanto, Jorge Ayala López no se presentó a la audiencia.

Los miembros de esta mesa asesora deberán ahora, evaluar a los 60 postulantes que continúan en carrera. Al respecto, el presidente de esta comisión el senador Javier Zacarías indicó que la comisión analizará los distintos perfiles en la próxima semana.

Posteriormente, se pondrá a consideración del plenario el listado completo de los postulantes y que sea el pleno el que decida la conformación de las respectivas ternas a ser presentadas ante la Cámara de Diputados, quienes tienen la responsabilidad de designar a los próximos defensor del Pueblo y su adjunto.

Asimismo, el legislador destacó la preparación académica de los postulantes, principalmente en el ámbito de los derechos humanos. “Desde el punto de vista técnico, jurídico, son gente muy preparada, instruida, que tiene muchas y varias especializaciones en el ámbito de los derechos humanos. Satisfecho por escucharles, satisfecho por aprender algo y satisfecho porque se animan a venir y porque tienen también fe, esperanza y, por sobre todas las cosas, confianza en el Senado de la Nación”, señaló.

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