El Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Congreso Nacional se encuentra trabajando en una nueva normativa que penalice la utilización y la participación de menores de edad en conflictos armados y otros hechos punibles.

El planteamiento está siendo analizado y estudiado por la instancia legislativa para su posterior presentación. Así lo explicó la diputada Kattya González, presidenta de Frente Parlamentario, quien agregó que la iniciativa surge tras la muerte de dos menores durante un enfrentamiento entre el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

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Kattya González, presidenta de Frente Parlamentario. Foto: Archivo.

“Este documento tiene como base lo ocurrido el 2 de setiembre de este año. Hay una realidad, el Ministerio Público no puede realizar la persecución penal por la carencia de un marco legal sancionatorio”, sostuvo.

La legisladora profundizó que no existe una legislación que penalice el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por parte de fuerzas militares, paramilitares y grupos armados ilegales.

“La protección efectiva de la niñez y la adolescencia está incorporada en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño y obliga justamente a los estados partes que garanticen que los derechos reconocidos a nuestros niños y niñas y adolescentes sea incorporados a su derecho positivo para su cumplimiento”, argumentó.

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Penas estimativas

En su artículo 5º, esta iniciativa plantea que “el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclute a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, militares, para militares o grupos armados ilegales, será castigado con pena privativa de libertad de 6 a 10 años”.

Mientras que, en su artículo 6 establece que, “el que induzca, facilite, utilice, constriña promueva o instrumentalice a menores de 18 años de edad (…) incurrirá por este solo hecho, en una conducta reprochable y será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 20 años”. La iniciativa seguirá su curso.



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