Por la mañana del martes 22 de setiembre, el Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, acusó a Amnistía Internacional de buscar ganar notoriedad tras la publicación titulada “Cuando la cuarentena se vuelve represión: cuarentena obligatoria durante el COVID-19 en las Américas” y que fuera difundida por el organismo.

Más tarde, la Cancillería Nacional, a través del ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios, dijo hoy en conferencia de prensa que sorprende que Amnistía Internacional tenga que emitir un informe sin conocer los detalles de la situación en el Paraguay, con relación a los albergues sanitarios dispuestos por el Gobierno Nacional para que las personas que ingresan al país puedan cumplir con una cuarentena obligatoria, de manera de evitar la propagación del COVID-19 en el territorio.

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“Nos sorprende en el sentido de que nuevamente emiten opiniones sin conocer detalles de la situación en el Paraguay, se basan en informaciones no comprobadas, no existe hoy día una denuncia en contra de los albergues”, señaló el canciller nacional.

“Al contrario, esto nos ha permitido como país tener (controlada) la situación que hoy día tenemos. Si nos comparamos con otros países estamos relativamente mejor gracias a la implementación de albergues que se hizo desde un principio e incluso el sistema aplicado por Paraguay es mencionado y elogiado como modelo de gestión, tanto por organismos internacionales como por varios países", agregó Rivas.

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Dentro de la correspondencia que tiene el Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI) en apoyo al Ministerio de Salud, hoy se emitió un comunicado en rechazo a lo manifestado por Amnistía Internacional, “justamente por esa falta de veracidad y la poca seriedad en la información”. Además, el canciller nacional manifestó: “No es bueno emitir opiniones de esta manera inconsulta y sin verificar porque termina siendo una fake news (noticia falsa)”.

Amnistía Internacional sostiene que Paraguay, entre otras cosas, socavó los derechos humanos y constitucionales en el marco de la pandemia del coronavirus particularmente en los albergues. Amnistía emitió una información de que presuntamente hubo personas que habían estado sometidas a una cuarentena estatal obligatoria durante un periodo muy superior a 14 días y que hubo personas que llegaron a estar más de un mes en estos centros, indica el cuestionado informe.

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