El Poder Ejecutivo, a través del jefe de gabinete de la presidencia, Juan Ernesto Villamayor refutó las acusaciones de Aministía Internacional y las calificó de inoportunas, con desconocimiento de la realidad y que la motivación presuntamente sería la de notoriedad de la organización, alegó respecto a la publicación titulada “Cuando la cuarentena se vuelve represión: cuarentena obligatorias durante el Covid-19 en las Américas”.

“Los asesores de Amnistía no han leído la Constitución, tampoco han leído las leyes de República”, expresó y dejó en claro que, a su parecer, “tienen un criterio muy selectivo para realizar el análisis de circunstancias". Villamayor expresó que las decisiones adoptadas de restricción de la circulación y la aplicación de códigos para la movilidad, impidiendo el tránsito de ciudad a ciudad, limitando la movilización de potenciales transmisores, se dieron desde el punto de vista de la salud.

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Aministía Internacional sostiene que Paraguay, entre otras cosas, socavó los Derechos Humanos y Constitucionales en el marco de la pandemia del coronavirus particularmente en los albergues. Amnistía recavó información de que presuntamente hubo personas que habían estado sometidas a una cuarentena estatal obligatoria durante un periodo muy superior a 14 días, y que hubo personas que llegaron a estar más de un mes en estos centros, indica el informe.

Amnistía sostiene que las personas recluidas en estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer detenidas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento. Reiteran que los Estados deben garantizar que la decisión de poner a una persona en cuarentena no es arbitraria y que existe un límite en el tiempo de reclusión de una persona, que debe especificarse claramente en la ley y seguirse en la práctica.

Comunicado del Centro de Coordinación Interinstitucional que menciona que no existen denuncias realizadas sobre el uso excesivo de fuerza o trato autoritario en los albergues. Foto: Gentileza.

Argumento estatal

“Sostengo que el criterio que emplea esta organización es absolutamente selectivo, está distorsionado, y está fuera del contexto. Las decisiones que tomó el Gobierno Nacional de Paraguay las tomó en aplicación plena del Código Sanitario con el respaldo del 100% de las fuerzas políticas del país que han optado por darle a la administración los recursos suficientes para que enfrenten esta situación de salud”, expresó el jefe de gabinete de la presidencia.

"No se hizo desde el punto de vista del derecho político, no se restringió a un colectivo. No se restringió a las mujeres, ni a los hombres, ni a los liberales, ni a los colorados. Los motivos guardan relación con la salud”, argumentó Villamayor respecto a que ningún derecho político fue cercenado y el criterio que primó fue el de preservar la salud de la sociedad toda.

El comunicado del Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI) en el marco del Consejo Defensa Nacional (Codena) menciona que no existen denuncias realizadas sobre el uso excesivo de fuerza o trato autoritario en los albergues. Indican que el cierre de las fronteras y una cuarentena obligatoria a los eventuales ingresantes se realizó de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Señalan que la instalación de los albergues se dio en coordinación con los ministerios de Niñez, Mujer y de la Defensa Pública, entre otros. Rechazan enérgicamente las insinuaciones sobre el supuesto uso excesivo de fuerza.

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