La lista de víctimas de la llamada mafia de los pagarés continúa en aumento; en este caso, una de ellas es Alba Luz González, una docente oriunda de Saltos del Guairá, que a raíz de este hecho percibe un monto ínfimo como parte de su haber y debe sobrevivir con ayuda de los familiares.

En conversación con La Nación/Nación Media, el abogado de la mujer, Victoriano Riquelme Jara, relató que su cliente se percató de que algo no estaba bien cuando empezó a recibir un monto cada vez menor como parte de su sueldo, por lo que investigó el hecho ante el Ministerio de Educación y se percató de que existía un pagaré en su contra.

Lamentó que una persona trabajadora como la señora González deba afrontar una situación tan complicada, que a su vez la limita en su calidad de vida, asegurando que es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que las víctimas reciban una respuesta pronta y favorable.

“Al investigar, se encontró con la sorpresa de que un tal Fernando Gregorio Sarasi Gonzalez se había presentado en el Juzgado de Paz de Villa Elisa reclamando un supuesto pagaré de 6.560.000 guaraníes, pagaré que desconoce totalmente, como así también a su acreedor. Allí empezaría su calvario, ya que cada vez su salario le llegaba menos, hasta llegar al punto de solo recibir 500.000 guaraníes”, explicó el abogado.

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Riquelme destacó que, al interiorizarse del caso, solicitó en fecha del 13 de febrero del 2023 copias del expediente donde encontraron que habían ingresado dos juicios con el mismo pagaré y que ya se estaban descontando del salario de la docente desde hacía meses.

“Las notificaciones jamás llegaron a su domicilio, y en cada notificación, supuestamente siempre al ujier le recibía un encargado de la casa, cosa que negamos rotundamente, ya que la docente vive sola. Lo más llamativo acá es la grosera manipulación del ujier de nombre Marcelo Cabrera, que fraguaba las notificaciones para poder avanzar en el juicio”, dijo el profesional.

“La docente sobrevive gracias a la ayuda de sus familiares y solicita a la Corte Suprema de Justicia que se investiguen los dos expedientes que se encuentran en el Juzgado de Paz de Villa Elisa; uno es el expediente número 1031/2021 y el segundo es el número 1005/2021 y así intentar recuperar parte de su dinero y que paguen los responsables con todo el peso de la ley”, finalizó Riquelme.

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El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, resaltó que al alcanzar los dos años de mandato este 15 de agosto, el gobierno de Santiago Peña está alcanzando la entrega de 10.140 títulos de propiedad de sus tierras. Destacó que en este gobierno se está logrando una verdadera revolución agrícola.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que, haciendo un comparativo del mismo periodo de los dos primeros años del gobierno anterior, hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entregada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

“Esto refleja un poco la voluntad del presidente de la República de llevar adelante una verdadera revolución agrícola, apoyando a los pequeños agricultores. Porque no solamente trabajamos en el equipo del Indert; estamos bajo el sistema productivo, el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, comentó.

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Explicó que no solo se trata de entregar títulos a los campesinos; la entrega de los documentos es solo la primera etapa de lo que es la política de gobierno del presidente Peña.

Indicó que la política de revolución agraria, de la cual forma parte el sistema del MAG, tiene previsto además la asistencia y apoyo a los pequeños productores, para que puedan tener mayor inversión y mayores niveles de rendimiento y productividad.

Agregó que esta política productiva también incluye al Crédito Agrícola de Habilitación y al Banco Nacional de Fomento, que permite habilitar un sistema de banca social para la producción, lo que significa la inclusión financiera, permitiendo acceder a los beneficios que tiene el BNF en materia de banca social.“Un enfoque inclusivo que les puede permitir financiar a bajos costos sus emprendimientos productivos, pudiendo participar de las ofertas, en el contexto más grande que es el programa de Hambre Cero en las Escuelas. Entonces, en el lado productivo tenemos títulos, acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo con implementos agrícolas, tractores, permitiendo aumentar su capacidad de producción”, comentó.

El titular del Indert resaltó que, más allá de los aspectos cualitativos, el gobierno de Santiago Peña está logrando toda una revolución con la entrega masiva de títulos de propiedad, rompiendo récords históricos en el Paraguay.

Resaltó que, más allá de la cantidad de títulos entregados, que a la fecha llega a 10.140 beneficiarios, cifra nunca antes alcanzada, está igualmente trabajando en aquellas comunidades emblemáticas que han peleado por muchos años por la titulación de sus tierras, incluso con graves conflictos sociales y enfrentamientos que derivaron en pérdida de vidas humanas.

Al respecto, Ruíz Díaz recordó tres casos emblemáticos; como el caso de la colonia “Andrés Barbero” o “Barbero Cué”, una comunidad de 2.400 familias que lleva 74 años peleando por titular sus tierras y ahora están en un proceso avanzado más de 450 títulos que comienzan a ser entregados y que se irá dando por etapas.

“Más allá de la cantidad estamos ante un caso, donde fue zona de conflicto que ahora se va a convertir, en una zona de prosperidad. En la colonia Andrés Barbero, hubo muertos, enfrentamientos; pero ahora se va a producir, se va a auto realizar el orden, vamos a decir, a partir de la titulación viene el ordenamiento territorial y es un caso impactante para el país”, resaltó.

El segundo caso emblemático es “Marina Cué”, que hoy es conocido como “San Oscar Romero”, del distrito de Curuguaty; que también es otra comunidad emblemática de largo años de lucha por sus tierras que datan de la década de 1970. Aquí son 210 familias que ya comenzaron a recibir sus títulos de propiedad.

“Una colonia que también pasó por permanente conflicto, donde los campesinos se enfrentaron a las fuerzas del orden público; registrándose la muerte de 11 campesinos y 6 policía. Esto también costó la continuidad de un gobierno, porque derivó en juicio político a un jefe de Estado, causando una interrupción del proceso político en el Paraguay, en la era democrática”, recordó.

El tercer caso emblemático que señaló tiene que ver con la comunidad de Arroyito, específicamente la colonia Virgen del Camino, donde ya están alcanzando aproximadamente unos 2.000 títulos de propiedad.

Señaló que también fue una zona de constante conflicto, recordó que los primeros meses que tuvo que llegar a estas comunidades mencionadas lo tuvo que hacer con acompañamiento policial, ya que fue muy difícil al principio por la alta desconfianza que tenían hacia la institución. Resaltó que todo eso hoy cambió, y se puede ver la alegría en los rostros de la gente que incluso ya los invita a compartir sus mesas.

Asimismo, resaltó que solo de muestra recordó estos tres casos emblemáticos, pero existen muchas otras colonias del Indert que llevan largos años de espera en todo el país. Así también los asentamientos rurales del departamento Central, donde nunca antes se había titulado.

“Todas estas comunidades, al final, son familias que a partir de ahora van a pagar sus impuestos, van a contribuir con el crecimiento, el engrandecimiento del distrito, e integran al desarrollo económico y social de sus respectivas comunidades. Anteriormente estaban en zonas marginales, hoy son zonas tituladas, que les permite sentirse seguros en su hogar”, acotó.

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Este viernes, un usuario del aeropuerto Silvio Pettirossi reportó que la terminal se encuentra en pésimas condiciones, no cuenta con baños y que está recibiendo a cientos de personas. Desde hace varios meses, los pasajeros que arriban al país se quejan del mal estado en que se encuentran las instalaciones sanitarias.

Según la denuncia difundida, el afectado estuvo por el aeropuerto y que desde que pisó las instalaciones constató que estaban en pésimas condiciones, pero lo más lamentable es que no cuenta con baños, por lo que los viajeros que deben esperar dos antes por sus vuelos se deben aguantar.

“¿No sabían de los Juegos Panamericanos y que íbamos a recibir miles de visitantes? ¡Qué inútiles nuestras “autoridades!”, denunció un usuario en la 1020 AM. Afirmó que de una forma descuidada se recibió a cientos de atletas junto a sus delegaciones y a ciudadanos de otros países.

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En redes sociales, las personas que pasaron en estos días por la terminal aeroportuaria confirmaron que esta situación se viene arrastrando desde hace meses ys pese a que se sabía que en Paraguay se desarrollarían los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, no hicieron nada para mejorar.

“Como siempre, desidia y falta de gestión, autoridades inútiles que fueron designadas por amiguismo y no por su capacidad”; “Hace tiempo que los baños no funcionan. Había uno solo y se tardaba una hora formado filas para entrar”; “Es un asco total, el olor a baño agarra todo el aeropuerto”, fueron algunas de las quejas.

Otras usuaria reportó que estuvo por el aeropuerto y que presentan serios problemas en el techo como en los mobiliarios. Exigen una urgente necesidad de reparación para brindar la comodidad que se merecen los viajeros y recordaron que no solo paraguayos arriban al país.

“También el techo caído frente a las puertas de desembarque terrible”; “Aunque sea baños portátiles hubieran alquilado durante el evento y poner en los alrededores”; “Esa es la primera y ultima impresión que uno lleva del país o la única”; “El estacionamiento también que alquilan por días, semanas y nunca hay lugar para los que van solo un ratito”, denunciaron diversos comentarios mediante redes sociales.

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La agente fiscal Cinthia Torres, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, dispuso la activación de los protocolos de búsqueda y localización para dar con el paradero de Liz Camila Fariña Báez, de 15 años, y su hija Vannia Xiomara Fariña Báez, de 7 meses, quienes se encuentran desaparecidas desde el pasado 13 de agosto.

La denuncia fue presentada por la hermana de la adolescente ante la comisaría jurisdiccional, y posteriormente comunicada al Ministerio Público.

En su requerimiento, la Fiscalía solicitó a la unidad policial interviniente un informe detallado de todas las diligencias realizadas, así como la confirmación de si se había dispuesto formalmente la búsqueda. De no haberse hecho, ordenó su inmediata implementación.

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La fiscal Torres recordó que el procedimiento debe ajustarse a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, aplicando además los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas. El informe correspondiente debe remitirse en un plazo de 24 horas desde la recepción del oficio.

La investigación se mantiene abierta con carácter prioritario. El Ministerio Público insta a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que pueda aportar para la localización de la madre y su hija.

Las informaciones pueden ser remitidas a la comisaría más cercana o directamente a la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, al teléfono (021) 752 201.

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