En un comunicado, desde la Cancillería Nacional, el Gobierno paraguayo anunció que condena enérgicamente las “graves violaciones de los derechos humanos” y los delitos investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela constituida en el seno de las Naciones Unidas, y hace responsable de estas al Estado venezolano.

Igualmente, ratifica la responsabilidad “penal individual de sus agentes, entre ellos los más altos estamentos del Ejecutivo, incluidos Nicolás Maduro y los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa”, en el marco de ataques dirigidos contra la población civil.

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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió el pasado 16 de setiembre el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Este informe se refiere, entre otras cosas, a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde el 2014. Así también se constató un total de 223 casos y 2.891 violaciones de derechos humanos investigados.

La misión también corroboró que durante el período examinado se cometieron en Venezuela graves violaciones de derechos humanos en contextos de represión política selectiva, operativos de control social o de seguridad, durante protestas desarrolladas para cuestionar las decisiones del Gobierno y denunciar la situación política, económica y social.

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