La Comisión Bicameral de Presupuesto 2021 recibió al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, con el objetivo de escuchar acerca del plan financiero que manejan para el Poder Judicial.
La propuesta de la institución a su cargo tiene una base de G. 1.477.980.150.782, lo que significaría un aumento del 8%, teniendo en cuenta la propuesta que sale desde el Poder Ejecutivo, ese porcentaje iría para inversiones de infraestructura.
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No obstante, el pedido fue cuestionado por el senador de Patria Querida, Stephan Rasmussen, quien solicitó el detalle del pedido. Desde la Corte explicaron que los G. 84 mil millones serían utilizados íntegramente para la construcción de sedes judiciales.
Se pretende el mantenimiento de obras civiles en los 17 Palacios de Justicia, 84 edificios propios y 234 locales alquilados, al igual que el mantenimiento de los equipos de oficina. Asimismo, continuar con la construcción del Palacio de Justicia de Salto del Guairá, la ampliación del Palacio de Justicia de San Lorenzo, el inicio de los trabajos para la sede de los juzgados de Capiatá y la construcción de la sede judicial de Villa Hayes y Filadelfia.
Por otra parte, el vicepresidente segundo del Senado, senador Amado Florentín, puso a conocimiento que los gastos rígidos tienen que ver con un tema importante y de cumplimiento necesario; sin embargo, para el rubro de construcciones depende de la disponibilidad de Hacienda.
Lo que también fue aclarado por el ministro de Hacienda, Benigno López, quien dio a conocer que la propuesta de incremento es de imposible cumplimiento porque las recaudaciones del país se verían afectadas para el próximo año, atendiendo la crisis económica pospandemia.
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Caso Santiago Leguizamón: Estado pidió disculpas y reconoció responsabilidad internacional
El Estado paraguayo realizó este miércoles un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió disculpas a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Santiago Leguizamón Zaván y Otros vs. Paraguay”.
La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción y reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de organismos internacionales y de derechos humanos, familiares del periodista asesinado y representantes del gremio periodístico.
En representación del Estado paraguayo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, formuló el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos establecidas en el fallo y expresó las disculpas públicas correspondientes a la familia.
“Comparezco en representación del Estado paraguayo para expresar públicamente el reconocimiento de la responsabilidad internacional del mismo por las violaciones de derechos humanos declaradas en dicho fallo y pedir, en nombre del Estado paraguayo, las disculpas públicas correspondientes”, manifestó.
Acto de memoria y compromiso democrático
Durante su discurso, Martínez Simón señaló que el acto representa “un ejercicio de memoria y de respeto” hacia un periodista que convirtió la búsqueda de la verdad en una vocación.
El titular de la Corte Suprema afirmó que reconocer la responsabilidad internacional del Estado “no constituye un acto de debilitamiento institucional”, sino una muestra de “madurez democrática y compromiso con el Estado de Derecho”.
Asimismo, destacó que el cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales fortalece las instituciones, reafirma la importancia de la libertad de expresión y contribuye a garantizar el acceso a la justicia.
Al recordar la figura de Santiago Leguizamón, resaltó que su legado trasciende lo personal y representa valores vinculados al ejercicio del periodismo, la defensa de la verdad y la protección de la democracia.
La familia reivindicó el legado del periodista
En representación de la familia, Dante Ariel Leguizamón Morra reflexionó sobre el significado de esta medida de reparación y recordó la trayectoria de su padre como periodista comprometido con la libertad de expresión.
A su turno, el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, destacó la importancia del cumplimiento de la sentencia y la necesidad de fortalecer las garantías para quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos.
Cumplimiento de una sentencia internacional
El acto público forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constituye una de las obligaciones establecidas en la sentencia del caso.
La resolución internacional reconoció la responsabilidad del Estado paraguayo en las violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado el 26 de abril de 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Con esta ceremonia, el Estado paraguayo dio cumplimiento a una de las medidas dispuestas por la Corte IDH, en un acto que tuvo como eje la memoria, la reparación a los familiares y el compromiso con la libertad de expresión.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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Titular de la Corte aborda cooperación con Costa Rica en justicia penal juvenil
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, recibió a la doctora Michelle Mayorga, directora de la Oficina Rectora de la Justicia Restaurativa de Costa Rica y experta regional en justicia para adolescentes, con el objetivo de analizar y fortalecer estrategias preventivas en materia de justicia penal juvenil. Acompañó, ayer viernes a la delegación el miembro del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, doctor Camilo Torres.
El doctor Martínez Simón destacó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación con especialistas en justicia restaurativa aplicada a adolescentes en conflicto con la ley, con miras a impulsar la capacitación de profesionales del Poder Judicial de Paraguay. Por su parte, la doctora Mayorga explicó que la visita se desarrolla en el marco de un proyecto impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), orientado al fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa.
Asimismo, señaló que el objetivo principal de la iniciativa es promover estrategias preventivas en los centros educativos, fomentando la resolución pacífica de conflictos mediante prácticas restaurativas y valores de justicia. En ese contexto, se busca evitar que adolescentes y jóvenes en situación de conflicto lleguen a procesos penales juveniles, apostando por intervenciones tempranas que fortalezcan la convivencia escolar y contribuyan a la reducción de riesgos sociales.
La delegación resaltó además la importancia de trabajar de manera articulada entre los poderes judiciales de Paraguay y Costa Rica, y valoró la apertura y el respaldo del titular de la máxima instancia judicial a las próximas etapas de implementación del proyecto. La Corte Suprema de Justicia promueve políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la justicia restaurativa en Paraguay.