El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka, anunció este martes, que nota mediante solicitarán al presidente del Congreso, Basilio Núñez, la instalación de una Comisión Bicameral para trabajar sobre una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión social (IPS). Así también, sobre la deuda del estado de unos USD 600 millones con el ente previsional.

Luego de la reunión que mantuvieron los miembros de la Permanente con el titular del Consejo de Administración del IPS, el doctor Jorge Brítez, quien fue invitado por los parlamentarios con la finalidad de analizar la situación técnica, sanitaria, administrativa y financiera del ente previsional, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron las últimas decisiones que acordaron durante el encuentro.

Al respecto, Soroka señaló que se deben buscar dar soluciones de fondo, ya que la situación “arde” en el corazón y el sentimiento de los asegurados. Mencionó que la propuesta de analizar la modificación de la Carta Orgánica del IPS, es porque la misma data de 1943; que con los años fueron sumando adendas, pero que no llegaron a resolver los problemas, e incluso muchas de ellas pudieron llegar a agravarse.

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Indicó que como segundo punto a ser analizado en esa comisión bicameral es la deuda del Estado con la previsional, cuyo monto supera los 600 millones de dólares.

“Cuando el sector privado adeuda, muchas veces no tiene contemplaciones, por tanto el Estado paraguayo debe también en ese sentido ponerse las pilas. Por eso, desde la Bicameral buscamos salidas sobre dos puntos específicos. Hoy enviaremos la nota al presidente del Congreso, Basilio Núñez, para que en las primeras sesiones del mes de marzo si hay la voluntad política de conformar un equipo bueno con técnicos de primera para buscar soluciones”, expresó.

Señaló que si no se logra alguna modificación concreta de al Carga Orgánica, seguirán pasando los presidentes del ente previsional, que seguirán lamentando que se sigan limitando las acciones. Destacó que en ambas cámaras del Congreso se cuenta con excelentes técnicos, así como técnicos de afuera que podrán trabajar en conjunto de tal modo a lograr una nueva reglamentación acorde a los tiempos.

“Coincidimos plenamente con la situación de crisis que vive el IPS, una situación que ya arde tal vez, en el corazón y en el sentimiento de las personas y más todavía en los asegurados y la idea es agarrar esa posta de fuego que institucional y parlamentariamente va encontrar una salida”, enfatizó.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Los legisladores Alejandro Aguilera y Derlis Maidana se refirieron sobre el caso judicial que salpica al exministro abdista de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del fallido proyecto vial Metrobús.

“No podemos desnaturalizar a las instituciones afirmando automáticamente una persecución política cada vez que existe una investigación fiscal. Las causas judiciales deben analizarse en el ámbito técnico y jurídico, no en el político“, dijo Aguilera en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la justicia se encuentra al servicio del poder, ya que supuestamente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas del 2022 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.

“El caso del proyecto Metrobús fue una obra de enorme impacto para el área metropolitana y generó muchas esperanzas, la suspensión de las obras generó perjuicios muy serios a la ciudadanía, por lo que la sociedad paraguaya merece conocer la verdad y que exista claridad sobre lo ocurrido“, comentó Aguilera.

El diputado también fue consultado sobre el intento de Wiens en buscar impunidad mediante fiscales a su medida. El dirigente abdista, mediante sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Hutteman, terminó recusando a los agentes del caso, Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Es importante ser muy responsables y respetar la institucionalidad. Estamos ante un proceso judicial en curso, y en un Estado de Derecho corresponde que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen responsabilidades, con base en las pruebas y garantizando el derecho a la defensa. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ejercer los recursos legales que considere pertinentes, como la recusación, y eso forma parte de las garantías procesales”, dijo Aguilera.

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“El discurso de persecución política y las estrategias de sus abogados de recusar a los fiscales, todo eso forma parte de las estrategias defensivas trazadas por el afectado y sus defensores, pero considero que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, deben seguir haciendo su trabajo para llegar a un buen esclarecimiento del hecho y ver si existen responsables de lo sucedido“, opinó el senador Maidana.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, expuso los lineamientos estratégicos que orientarán la gestión institucional durante el período febrero 2026–febrero 2027, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030.

El acto fue precedido por palabras del presidente saliente, César Diesel, quien destacó el trabajo desarrollado y formalizó la transición institucional. Participaron también los vicepresidentes primero y segundo, doctores Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander Dans, integrantes del Consejo de Superintendencia.

Durante su intervención, el nuevo titular de la máxima instancia judicial destacó que la conducción del Poder Judicial es una responsabilidad colegiada, señalando que el liderazgo institucional recae en el Pleno y no en una persona en particular. En ese contexto, anunció que la gestión se desarrollará sobre ejes programáticos alineados con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030, priorizando eficiencia administrativa, modernización tecnológica y mecanismos de transparencia.

Entre los desafíos centrales mencionó el fortalecimiento del Registro Unificado Nacional (RUN), herramienta estratégica para el desarrollo económico y para el ordenamiento progresivo de situaciones registrales pendientes.

Señaló que su implementación constituye un proceso técnico de largo alcance orientado a dotar de mayor seguridad jurídica al sistema registral. En materia de transparencia institucional, anunció el fortalecimiento del Observatorio de Causas Judiciales Emblemáticas mediante la incorporación de personal permanente, con el objetivo de consolidar un servicio estable de información pública sobre causas de interés ciudadano.

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Asimismo, confirmó la continuidad del sistema de publicación de conclusiones de auditorías internas, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. En el ámbito tecnológico, informó que se impulsará una plataforma accesible para el seguimiento de denuncias ciudadanas, permitiendo mayor trazabilidad y transparencia en la gestión administrativa.

Respecto a la digitalización de procesos, anunció el inicio progresivo de la digitalización de los trámites de nacionalización que se sustancian en la Sala Civil, así como de los sumarios administrativos vinculados al ejercicio de la competencia disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. El proceso comenzará con la digitalización de notificaciones dirigidas a funcionarios, abogados y escribanos.

Como plan piloto, se prevé la implementación de un sistema de control biométrico para personas procesadas o condenadas que cumplen medidas alternativas en sus domicilios, con el objetivo de optimizar el registro de comparecencias y fortalecer los mecanismos de control. Asimismo, señaló que se trabajará en la reorganización de los modelos de gestión en los juzgados, adecuándolos a la realidad del proceso judicial digital, en coordinación con la Dirección General de Planificación y Desarrollo.

En materia de fortalecimiento institucional, se proyecta avanzar en la digitalización progresiva de juzgados de Paz, con una meta estimada de hasta 59 unidades durante el año, conforme a disponibilidad operativa, dando continuidad a los procesos iniciados recientemente en J. Augusto Saldívar y Capiatá, como parte de un progreso gradual orientado a reducir la dependencia del expediente físico.

Posteriormente destacó la reciente implementación y ampliación del Sistema Integral de Gestión de los Registros Públicos (SIGRE), herramienta que permite la realización de trámites a distancia y que continuará incorporando mejoras progresivas. El presidente concluyó señalando que estos lineamientos constituyen una síntesis inicial de trabajo para el período, cuyo desarrollo será informado oportunamente conforme avance la gestión.

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Tras la primera reunión de la mesa técnica instalada para analizar el proyecto de la Caja Fiscal, desde el sector docente destacaron la apertura del Senado en busca de un consenso que permita la sanción de la reforma promovida por el Ejecutivo. A la vez, reiteraron que está asegurado el inicio de las clases para el 23 de febrero, pero que seguirán impulsando otras medidas de protesta.

“Hay un avance en el sentido de que ahora sí los senadores se sientan a escuchar nuestras propuestas, lastimosamente eso se tuvo que haber hecho antes, ya que estamos con el tiempo apresurado, pero es importante analizar detalladamente el proyecto", dijo Blanca Caballero, miembro de la Organización de Trabajadores de la Educación-Sindicato Nacional (OTEP-SN), al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), encabezada por Horacio Cartes, informaron este jueves que la centenaria nucleación logró cancelar el pago total de sus deudas, que fueron contraídas durante administraciones anteriores. El exmandatario asumió la conducción partidaria en enero del 2023, con un débito de aproximadamente G. 20.000 millones.

“Hoy podemos decirlo con claridad, cumplimos con todas las entidades financieras, la deuda de gestiones anteriores está saldada. La ANR tiene deuda cero, gracias a los 16.741 correligionarios que hicieron posible este logro”, indicaron desde las redes sociales oficiales del partido.

El embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, se reunió este miércoles con el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), John Jovanovic. Tras el encuentro, el diplomático anunció la oferta de créditos para empresarios que tengan interés en concretar compras en el país norteamericano.

“Visité al presidente del Exim Bank de los Estados Unidos de América, John Jovanovic. Mensaje claro para todos los empresarios que quieran invertir en Paraguay, especialmente para los empresarios paraguayos”, informó Leite en una publicación en Instagram.

“Tenemos que seguir invirtiendo en líneas de transmisión”, manifestó este jueves el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el ingeniero Félix Sosa, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, con relación al apagón general registrado ayer, aproximadamente a las 16:20 horas, ocasionado por un incidente en la Subestación Yguazú que afectó a la línea de transmisión de 500kv, que sale de la Itaipú Binacional y llega hasta Villa Hayes.

El abogado Ricardo Preda consideró pertinente que el juez Osmar Legal decida devolver al Ministerio Público la imputación formulada contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para encuadrar los hechos atribuidos. “Estas son las decisiones que confirman que un sistema judicial, dentro de todas las críticas, que se le puede hacer funciona”, dijo.

“Me parece plausible que el juez tome una posición diciendo que no reúne los requisitos porque esto dentro de todo desmitifica un poco de que la justicia está en manos de un sector político, pero si me preguntan mi opinión sobre el contenido de la decisión y si se ajusta a lo que debería entenderse como una imputación que reúna o no los requisitos, yo creo que la decisión del juez Legal es errada“, refirió el representante legal del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander fue electo como vicepresidente segundo.

Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción. Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana. Según las leyes locales, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir el encargo de conducir el país.

De esa manera, Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril. El congresista del partido izquierdista Perú Libre, quien también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción, fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos.