El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la lucha contra las organizaciones criminales y grupos terroristas será prolongada y afirmó que la única respuesta posible pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, como ser la Policía Nacional, al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI); pero también un trabajo social con las familias campesinas.

El mandatario, que se encuentra desarrollando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mantuvo una charla con varios medios de prensa, donde fue consultado respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el ataque al puesto policial que ocurrió días atrás en la comunidad de Naranjito, Canindeyú.

Enfatizó que el trabajo de la lucha contra el crimen organizado y grupos terroristas se combate con presencia del Estado. “Me encantaría decir que hay una solución rápida a estos problemas, y una solución mágica; pero no. Esto es trabajo duro y puro y hay que continuar fortaleciendo a las instituciones del Estado“, remarcó.

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Al respecto, resaltó que la presión ejercida por el Estado en los departamentos del norte provocó el desplazamiento de grupos criminales hacia otras zonas del país. Señaló que actualmente en el Este convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, invasiones de tierras y algunas células del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Hace más de 10 años, bajo la presidencia de Horacio Cartes, se impulsó la Fuerza de Tarea Conjunta y la presencia más activa en los departamentos del norte: San Pedro, Concepción y Amambay. Esa mayor presencia también ayudó al desarrollo de emprendimientos legales formales; hoy estamos viviendo una transformación del departamento de Concepción a través de todo lo que es la industria forestal, se está haciendo la mayor inversión privada en la historia del Paraguay, en el proyecto Paracel”, remarcó.

Por tanto, señaló que ahora el trabajo del Gobierno es fortalecer el trabajo de inteligencia, de prevención y de investigación. Indicó que ayer jueves mantuvo una reunión en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena), donde confluyen todas las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad interna, que sigue trabajando sin descanso para mejorar el sistema de seguridad interna.

En ese sentido, anunció que el CODI ampliará su cobertura territorial como parte de las medidas adoptadas luego del ataque armado contra el puesto policial. Asimismo, aseguró que el Estado responderá con todas las herramientas legales al atentado ocurrido en Canindeyú. Ratificó que fortalecerán la inteligencia, la prevención y las operaciones de seguridad.

El mandatario señaló que, más allá de fortalecer las instituciones de seguridad, su Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato en la regularización de la propiedad rural, el acceso al título de propiedad y, a su vez, el acceso a créditos financieros, que forman parte de la estrategia para reducir espacios aprovechados por organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el campo.

Indicó que es un tema que se tiene que abordar de forma constante. Señaló que actualmente, en el acceso a la tierra en estos casi tres años de mandato, su administración ha logrado entregar más títulos de propiedad que lo que se había hecho en diez años anteriores.

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Las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canin­deyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con fir­meza para identificar y captu­rar a los responsables. Señaló que las investigaciones avan­zan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisa­ría un grupo de personas que contaba con mayor poder de fuego, sin necesidad de bús­queda de interés económico.

“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimo­samente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuen­tra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, ano­che hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastri­llaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del aten­tado con el equipo de Crimina­lística, forenses, para un análi­sis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobrevi­viente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos califi­car quiénes fueron los respon­sables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se están manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terro­rista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó. Enfa­tizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque exis­ten algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explo­sivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incen­diar comisarías y una patru­llera.

“Desde el primer momento que tuvimos el reporte de este lamentable hecho ocurrido se activó el traslado del personal técnico informativo a la zona, a fin de llevar adelante tareas inves­tigativas. Es un caso muy grave, evidentemente estamos hablando de una organización criminal que viene a dejar un mensaje. Esta­mos hablando no solamente de personas fallecidas entre nuestros elementos, también estamos hablando de un ataque a un puesto policial y el incendio de una patrullera y de varios vehículos”.

Asimismo, colectarán todas las informaciones de interés inves­tigativo con la gente del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), lo que “va a facilitar la identificación del grupo y los responsables”, indicó el comandante de la Policía Nacional.

“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar”, explicó el fiscal Óscar Paredes.

El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar pala­bra ejecutaron a dos oficiales.

“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo ayer miércoles en declaraciones a la 1080 AM.

Añadió que en el lugar tam­bién había un civil que reci­bió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera reci­bió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.

Asimismo, mencionó que otro agente que estaba des­cansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba com­puesto entre 20 y 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.

Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.

La presidenta de gremio, Mirna Gallardo, resaltó que la postura es de diálogo.

El Ministerio de Salud entabló diálogo con enfermeras movili­zadas ayer miércoles a nivel nacional en reclamo de nom­bramientos, mejora salarial y desprecarización laboral. La ministra María Teresa Barán se reunió con representantes del Frente Unidad de Enfer­mería a primeras horas de ayer miércoles a fin de cana­lizar sus demandas.

La audiencia llevada a cabo con los dirigentes permitió que el sector gremial expu­siera sus reclamos direc­tamente ante la máxima autoridad sanitaria. En el encuentro, la doctora Barán les presentó las gestiones que el Ministerio de Salud Pública viene sosteniendo ante el Equipo Económico del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, mencionó la solicitud de creación de car­gos permanentes para enfer­meros que actualmente tra­bajan bajo contrato y que ya han concursado para acce­der a la planta funcional del Estado. La petición está en proceso de estudio en el ámbito del Ejecutivo, puntua­lizó la secretaria de Estado.

Asimismo, dijo que el Minis­terio tiene en trámite dos expedientes complementa­rios, uno destinado a cubrir zonas rurales con más perso­nal de enfermería, y otro para la readecuación del anexo de personal que permita plani­ficar vacancias de forma más ordenada.

La distribución de enferme­ros entre regiones fue identi­ficada como uno de los nudos centrales del sistema. Al res­pecto, destacó que el Minis­terio de Salud impulsa la creación de cargos perma­nentes para enfermeros y otros funcionarios contrata­dos de blanco. Por otra parte, Barán expuso el marco presu­puestario en el que opera el Ministerio: el MSPBS atiende al 70 % de la población para­guaya que depende exclusiva­mente del sistema público, y planifica sus recursos en fun­ción de esa demanda.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.

La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.

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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.

El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.

El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.

La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.

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