El senador Derlis Maidana plantea que los ministros Enrique Riera del Interior y Oscar González de Defensa Nacional, sean convocados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales en el marco de una sesión reservada, tras el ataque a la comisaría de la colonia Arroyito, en Canindeyú, donde fallecieron dos policías y un civil.

A criterio del parlamentario, el Congreso debe contar con información precisa sobre lo ocurrido y además, analizar de qué manera se puede cooperar desde este poder del Estado con la seguridad interna del país.

“Ambos flagelos tanto lo del EPP como el avance del crimen organizado evidentemente nos preocupa a todos. Yo creo que amerita una convocatoria a ambos ministros y darle un mayor tiempo para las investigaciones de rigor”, señaló a los medios de prensa.

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Según manifestó, se tienen que escuchar todas las hipótesis sostenidas por los investigadores. “Así como la Policía dice que no tiene dudas por las ametralladoras utilizadas y las vainillas encontradas, otra gente sostiene que el EPP cuando hace un ataque siempre se manifiesta. Y los ataques para ellos son una forma hasta de publicitar sus actuaciones”, expresó.

Calificó de “graves” tanto el avance del EPP como del crimen organizado, por lo que insistió en la necesidad de que se tome intervención desde el Parlamento.

“Es un mensaje y una problemática que enfrentan todos los gobiernos de Sudamérica y que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y creo que esa reunión con ambos ministros para que vengan a una sesión reservada puede brindarnos más luces y también en qué nosotros podemos seguir colaborando con la Policía Nacional y con el Ministerio de Defensa”, remarcó.

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En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).

La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.

La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.

Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.

Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.

El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.

El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó los datos objetivos que refuerzan la hipótesis de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se habría asociado con bandas de narcotraficantes que operan en Canindeyú, en el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, que dejó tres fallecidos, el 21 de julio; y refirió que se identificaron vainillas de diez armas, lo que reduciría la cifra de atacantes tras estimarse entre 20 o 30 sujetos, como en un principio mencionaron testigos.

“A medida que pasan las horas tenemos más datos objetivos y no teorías de lo que sucedió. Fueron ajusticiados cruelmente (dos policías y un funcionario civil), sin el derecho a la defensa, con un ataque cobarde en superioridad numérica y de fuego. Sin mediar palabras entraron directamente a matar y quemar la instalaciones de las comisarías”, dijo Riera, este viernes, en los estudios del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario de Estado acotó: “Con firmeza podemos sostener que el Ejército del Pueblo Paraguayo estuvo metido. No descartamos la posibilidad de que se sumen otras fuerzas que puedan ser reclutadas y eso es un tema que vamos a ir definiendo”.

Las afirmaciones de Riera surgen teniendo en cuenta que en el sitio también fue identificado el casquillo de un arma que fue utilizada por narcotraficantes en un enfrentamiento con los agentes policiales en el 2020. “Esto es una primicia en términos reales, de los casquillos en el lugar, no hay más de 10 armas, es decir de 30 supuestos atacantes, estamos bajando a 10, esto no es un tema menor”, refirió.

“La hipótesis que manejamos es el EPP y alguien más. Ya hubo reacciones de grupos delictivos de la zona porque ya habíamos dado una serie de golpes quirúrgicos muy importantes“, mencionó Riera. El violento episodio dejó como resultado el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris. Un tercer agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

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El ministro puntualizó que el ataque de Naranjito sería una respuesta ante las acciones del Estado que vienen asfixiando el “arco libre” que había en la zona para el narcotráfico, y detalló la captura del líder indígena Derlis Fermín López en febrero de 2026 en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, que presuntamente formaba parte de una red de apoyo logístico del crimen organizado.

Riera también hizo alusión a la captura de Jorge Mercado Méndez, también en febrero del 2026, quien es un dirigente campesino conocido por liderar el asentamiento Primero de Marzo, detrás de las protestas y conflictos de tierras en la zona de la estancia Pindó.

Además citó al dirigente campesino Rubén Villalba, ampliamente identificado por su participación en la masacre de Curuguaty, registrada en junio de 2012, y que, a lo largo de los años estuvo involucrado en múltiples procesos legales relacionados con la ocupación de tierras, invasión de inmuebles ajenos y tenencia de armas.

“Hace una semana identificamos a siete campesinos armados que disparaban contra las cosechadoras. También hace poco dimos un golpe grande, un trabajo coordinado con la Prefectura Naval donde se incautaron 9 toneladas de marihuana que iba a pasar a Brasil por el lago Itaipú, que mucho tiempo fue un arco libre”, comentó en su visita a Nación Media.

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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas necesarias para la reapertura del Consulado de la República del Paraguay en la Provincia de Córdoba, República Argentina”.

El proyectista fundamentó que la iniciativa parte de la necesidad de restablecer una representación consular en una de las provincias argentinas con mayor presencia de ciudadanos paraguayos.

Dijo que el cierre de la sede diplomática, ocurrido en el año 2024, dejó a miles de connacionales sin un acceso cercano a servicios esenciales brindados por el Estado paraguayo.

Se destaca que la reapertura del consulado permitirá garantizar una atención más eficiente a la colectividad paraguaya residente en Córdoba.

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Entre los servicios prestados se menciona la expedición y renovación de documentos, la realización de trámites administrativos, la asistencia en situaciones de vulnerabilidad y el ejercicio efectivo de la protección consular.

Se remarca, igualmente, que la ausencia de una representación permanente obliga actualmente a los ciudadanos paraguayos a trasladarse hasta la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ubicada a más de 400 kilómetros de Córdoba.

Esta situación implica importantes costos económicos, dificultades logísticas y demoras para acceder a servicios consulares básicos, refirió el diputado Cleto Giménez en la argumentación de su pedido que fue aprobado por el pleno.

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