El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de los teléfonos celulares pertenecientes a Lourdes Teresita Ramos, miembro del grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML).

La mujer es investigada por tener participación directa con el grupo que secuestró al ganadero Félix Urbieta. El procedimiento de extracción será concretado tras la solicitud de los fiscales Pablo René Zárate y Lorenzo Lezcano.

La extracción estará a cargo de Jorge Sebastián Riquelme Salinas, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público. El magistrado dispuso que todo lo que no esté directamente relacionado con la investigación deberá mantenerse en estricta reserva.

La mujer fue capturada el pasado mes de febrero por los integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), en la compañía Salinas Cué.

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El secuestro de Urbieta fue perpetrado en el año 2016 en la estancia San Francisco de Belén Cué, en el distrito de Horqueta, Concepción. La primera prueba de vida se dio 15 días después del plagio y siguieron apareciendo solo hasta febrero del año 2017.

Los criminales habían enviado siete cartas y cinco videos. A partir de que no se pudo cumplir a tiempo con la entrega del dinero para la liberación, consistente inicialmente en USD 500.000, se perdió el contacto con los criminales. Entre las pruebas que recibieron sus familiares se encuentra una carta escrita por Urbieta. El grupo EML es una fracción desprendida del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), teniente coronel Germán Aguilera, confirmó ayer que una célula del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentra en la zona de Canindeyú.

Explicó que con las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarobaná, entre ellas imágenes en las cámaras filmadoras, se puede confirmar que se trata de esta agrupación criminal.

“Afirmo que efectivamente, en base a las pruebas encontradas, una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo se encuentra operando en Canindeyú”, confirmó el vocero de la FTC al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aguilera detalló que ya se contaba con informaciones de inteligencia que indicaban que el grupo se encontraba en la zona de Canindeyú, lo que se terminó confirmando con el ataque de la subcomisaría de la colonia Ybyrarobaná el pasado 3 de mayo.

“Nosotros no instalamos la subárea de pacificación número 5 en vano, en base a informaciones previas de inteligencia y a la presión que recibían estos grupos en sus refugios originales, por San Pedro y Amambay. Tras la neutralización de uno de sus líderes buscaron un lugar seguro y que le proporcionara logística suficiente para poder sobrevivir. Estuvieron inactivos por más de un año”, detalló.

• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) preparan el envío de 34 mil kilos de alimentos no perecederos para 686 familias de diferentes comunidades indígenas apostadas en los departamentos de Presidente Hayes e Itapúa, cumpliendo así con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas asistencias humanitarias se vienen llevando a cabo desde hace varios meses con envíos de alimentos de cantidad similar para las comunidades indígenas más desprotegidas y aisladas, brindándoles así un respaldo alimenticio.

“Enviamos ayuda a siete comunidades indígenas, seis de las cuales se encuentran en la región occidental y una en la oriental. Son comunidades indígenas que han obtenido una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado paraguayo debe asistirles en diferentes ámbitos”, explicó el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en conversación con la 1020 AM.

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El mismo explicó que regularmente realizan el envío de los alimentos durante la primera semana de cada mes, momento en que los equipos se trasladan hasta las diferentes comunidades para que, tras previa aprobación de los líderes de cada comunidad sobre la calidad y cantidad de alimentos, se proceda a la entrega de los kits.

“Tratamos de hacer las entregas de la manera más transparente posible, demostrando que la calidad de los productos es buena, así también garantizamos que se encuentran satisfechos con los envíos realizados”, remarcó el ministro Zárate.

En el marco de la mencionada sentencia de asistencia a las comunidades indígenas, está establecida la construcción de caminos, la provisión de agua potable y el acceso a los servicios básicos, áreas donde el Estado paraguayo está trabajando de manera continua.

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