Ejecutivo veta proyecto de ley que despenaliza el cultivo de marihuana para uso medicinal
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El Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley N° 6602/2020, que despenaliza el cultivo de marihuana para uso medicinal. Dicho proyecto fue sancionado en agosto pasado por la Cámara de Diputados y fue remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto. Actualmente, en Paraguay la tenencia o el cultivo del cáñamo es penada por ley.
La Secretaría Nacional antidrogas (Senad) había recomendado precisamente el veto a esta ley, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), por considerar que la ley N° 6602/2020, contraviene la normativa lo estipulado en la Convención Única de Estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York, donde se establecen para los países firmantes, criterios de regulación para el cultivo del cannabis para uso terapéutico.
Fernando Krug, funcionario de la Senad expresó que se trata de una sustancia que será utlizada con fines médicos por lo que es indispensable el control por parte del MSP y BS. “Entendemos que la promulgación de una ley que presente deficiencias para el control del proceso puede representar un riesgo de desviación de la finalidad de esta producción, como la producción o la promoción para usos no médicos pero también bien puede representar una amenaza para la salud", explicó Krug.
Basado en las recomendaciones de organismos internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que en numerosas oportunidades ha remarcado la necesidad de establecer precisión y seguridad a este tipo de iniciativas, desde la Senad entienden que el proyecto vetado colisiona con la posibilidad de garantizar la producción de derivados del cannabis.
El Poder Ejecutivo está a favor de impulsar la producción del cannabis para uso terapéutico por dos motivos en particular, uno, para atender a una demanda real de Salud Pública y porque aquellos que obtengan la licencia para la producción del cannabis con fines medicinales, están obligados a donar como mínimo, el 2% de su producción al Ministerio de Salud, para que este entregue de manera gratuita a cualquier usuario que requiera la medicación.
"Por otro lado la Senad también impulsa esta producción porque es parte de la estrategia en el marco del desarrollo alternativo, que busca es instalar procesos de producción legales para mejorar la economía familar y además ir ganando terreno a las alternativas ilícitas”, explicó Krug.
Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
El objetivo principal de esta propuesta es erradicar las reguladas, otorgar un buen y regular servicio del transporte a los usuarios del área metropolitana. Foto: Marina Díaz
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Vecinos de Luque exigen mayores datos sobre el proyecto de autopista elevada
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Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Luque llegaron hasta la sede municipal para reclamar información sobre el proyecto de autopista elevada. Piden una audiencia pública para mayor socialización del plan que afectará a varias familias.
“Nosotros estamos aquí hoy solicitándole a la Junta Municipal que nos puedan ayudar a canalizar nuestro pedido de informe sobre este proyecto”, señaló Romi Cabral al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La vocera del grupo de vecinos manifestó que se enteraron vía redes sociales del inminente inicio de la obra.
Dijo que se está proyectando la construcción de un viaducto de aproximadamente 4 kilómetros que va a atravesar la ciudad de Luque, por lo que exigen más datos sobre el punto.
“Estamos en un ambiente de incertidumbre, de desconfianza porque no nos informan, no nos pasan ningún proyecto en bruto para que nosotros podamos conocer el alcance que va a tener referente a lo que es el impacto económico y medioambiental”, sostuvo.
La joven considera que las autoridades deben prestar mayor atención a otras necesidades más urgentes de los luqueños.
“No estamos ajenos a que haya progreso, queremos progreso en nuestra ciudad, queremos progreso en nuestro país. Pero primero queremos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo ellos van a canalizarle a las personas. O cómo ellos van a reubicarle a las personas que van a ser directamente afectadas”, puntualizó.
Reforma del transporte público será analizada por el Senado el 3 de setiembre
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La Cámara de Senadores analizará el 3 de setiembre el proyecto impulsado por el Ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano. La petición fue realizada a la plenaria por el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez.
“La presentación de este proyecto de ley es un hecho transcendental a menos de dos años de gobierno del presidente de la Republica, Santiago Peña. Se pide un sistema de transporte público digno, que se reduzca los tiempos de espera por parte de los pasajeros, que los viajeros tengan certeza que los colectivos vendrán en sus respetivos horarios, que se genere un menor gasto y que haya más controles”, manifestó.
El parlamentario sostuvo: “Creo en la voluntad política del Congreso Nacional y del Senado, la ciudadanía ya no puede esperar un día más. Propongo que hagamos audiencias públicas, que escuchemos a los empresarios, a la sociedad civil organizada".
La plenaria también aprobó que el tratamiento en código de la iniciativa comience el 27 de agosto. El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El artículo 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.
El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.
En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.
El Consejo de Seguridad Social se pudo completar con el nombramiento provisorio de miembros del sector de jubilados, a través del Decreto n.° 4356, firmado el 28 de julio por el presidente de la República, Santiago Peña. Los designados tendrán un mandato temporal de un año, a la espera de las elecciones donde se designarán a los representantes definitivos.
El Poder Ejecutivo confirmó a Rodi Hernán Ozuna Paredes como miembro titular y a Jorge Pineda Brítez como suplente. Este consejo se reunió en dos ocasiones desde su constitución por la Ley n.° 7235/2023, que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Durante su última reunión, en junio, se definió un plan de acción para la Caja de Jubilaciones; mientras que el primer encuentro fue en diciembre de 2024.
El Consejo de Seguridad Social está integrado actualmente por el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Mónica Recalde, quienes conforman el bloque estatal.
Por el sector empleador fueron designados Enrique Vidal Lovera como titular y Luis Fleitas Bogarín como suplente; mientras que, por el sector trabajador, también con carácter provisional: Jorge Sebastián Luraghi como titular y Ramón Tomás Ávalos González, suplente. Completan la lista los representantes jubilados nombrados ayer por el Poder Ejecutivo.