La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de las dos menores de edad el pasado 2 de setiembre en Concepción, durante un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La instancia internacional repudió la muerte de ambas menores e instó al Estado paraguayo a investigar y aclarar las circunstancias en que sucedieron los hechos.
“La CIDH repudia la muerte de dos adolescentes el 2 de setiembre, en límite de los departamentos de Concepción y Amambay, en una acción de las Fuerzas Armadas del Estado en contra de miembros del grupo armado no estatal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, refiere el comunicado hecho público a través de la red social Twitter.
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En este sentido, la instancia internacional recordó que niños, niñas o adolescentes que se encuentren en este tipo de agrupaciones criminales deben ser consideradas víctimas y tratadas como tal. “La CIDH recuerda que niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas del reclutamiento forzado y que los Estados deben adoptar medidas para su protección y restitución de sus derechos”, dice la publicación.
Así mismo, instó al gobierno paraguayo a redoblar los esfuerzos para evitar el reclutamiento de menores de edad en las filas de estos grupos criminales.
“La CIDH insta al Estado de Paraguay a investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes y a redoblar los esfuerzos en la adopción de medidas de prevención al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos armados en el país”, termina el referido comunicado.
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Santiago Peña destaca potencial de Tavaí tras inaugurar nueva comuna
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la inauguración de la nueva sede de la Municipalidad de Tavaí, en el departamento de Caazapá. El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana y autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de pobladores de la comunidad, en un acto en el que destacó el trabajo impulsado durante los últimos años para fortalecer el desarrollo del distrito y mejorar la atención a la ciudadanía.
Peña valoró la gestión del intendente municipal, Miguel Bogado, resaltando su compromiso con la comunidad y las obras impulsadas para el crecimiento de Tavaí. “Este distrito de Tavaí tiene un gran futuro y depende solamente de nosotros, de la capacidad que tengamos de trabajar y unirnos todos juntos”, expresó el jefe de Estado.
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Fortalecer la atención ciudadana
La nueva sede municipal busca mejorar las condiciones de funcionamiento institucional y brindar una atención más eficiente y cercana a la ciudadanía, consolidándose como un espacio clave para la gestión local y el desarrollo comunitario.
El jefe de Estado señaló que el Gobierno del Paraguay acompaña este proceso mediante inversiones complementarias para el municipio, incluyendo apoyo con mobiliarios y mejoramiento de calles. Asimismo, reconoció que todavía existen importantes desafíos pendientes en el distrito y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de continuar impulsando nuevas obras y proyectos para la comunidad.
“Somos conscientes de que todavía falta mucho. Yo quiero seguir viniendo acá y seguir trabajando con cada uno de ustedes para traer más beneficios a Tavaí”, sostuvo el mandatario.
Trabajo conjunto
El mandatario destacó la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la gobernación, el municipio y la ciudadanía para seguir fortaleciendo el crecimiento del departamento de Caazapá. También hizo un llamado a mantener la unidad y dar continuidad a los proyectos que permitan seguir generando oportunidades para las familias del distrito. “Todavía podemos hacer muchísimo por esta comunidad”, enfatizó al culminar su discurso.
La inauguración de la nueva sede municipal marcó el cierre de la jornada de Gobierno encabezada por el mandatario en el departamento de Caazapá, donde también se realizaron entregas de aportes sociales, inversiones en salud y acciones de fortalecimiento productivo para distintos distritos del departamento.
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Honor Colorado rechaza postergación de cronograma electoral
El movimiento Honor Colorado emitió un comunicado en el que manifestó su postura respecto a los pedidos realizados por sectores de la disidencia colorada ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP), relacionados con la auditoría de las máquinas de votación y la eventual suspensión del cronograma electoral de las internas previstas para el próximo 7 de junio.
En el documento, el sector político recordó que participa en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado desde el año 2010 y aseguró que siempre compitió “conforme a las reglas vigentes”, enfrentando a los distintos movimientos internos dentro del marco institucional.
Asimismo, señaló que incluso en momentos de alta competencia electoral actuó con “responsabilidad institucional”, evitando cuestionamientos extemporáneos sobre sustituciones de candidaturas, incluyendo las relacionadas con la Presidencia de la República en el año 2022. El pronunciamiento surge luego de las presentaciones realizadas el pasado 13 de mayo ante el TEP y de las declaraciones públicas efectuadas por dirigentes de otros sectores internos del Partido Colorado.
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Defensa del cronograma electoral
En el comunicado, Honor Colorado sostuvo que la conformación de los distintos órganos partidarios responde a criterios de pluralidad y representación de sectores internos, incluyendo al Tribunal de Conducta y al Tribunal Electoral Partidario, conforme a lo resuelto durante la Convención partidaria del 9 de marzo de 2024.
Además, enfatizó que los plazos y términos del proceso electoral son “perentorios e improrrogables”, por lo que cada sector político debe velar por el cumplimiento del cronograma establecido tanto por el TEP como por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Respecto al pedido de auditoría y suspensión del cronograma presentado por apoderados de movimientos disidentes, el movimiento oficialista afirmó que la solicitud fue realizada de manera extemporánea.
En ese contexto, expresó que no acompañará una eventual postergación de las elecciones internas, argumentando que faltan menos de tres semanas para los comicios y que una suspensión podría poner en riesgo la realización de las elecciones partidarias.
“Una suspensión podría poner en riesgo la realización de los comicios previstos para el 7 de junio del corriente año, situación que el Partido Colorado no puede permitir por la irresponsabilidad de algunos sectores”, señala el documento.
Auditoría de máquinas
No obstante, Honor Colorado indicó que acompañará cualquier decisión que adopten el TEP y el TSJE en relación con una eventual nueva auditoría de las máquinas de votación. En ese sentido, recordó que el sistema electrónico fue utilizado en las elecciones internas y municipales del 2021, en las internas partidarias del 2022 y en las elecciones generales del 2023.
El movimiento subrayó además que varios de los dirigentes que actualmente cuestionan el sistema accedieron a sus cargos mediante esos mismos procesos electorales. El comunicado concluye afirmando que la Asociación Nacional Republicana “está por encima de las personas” y que todos los sectores tienen la obligación de preservar la institucionalidad partidaria con responsabilidad.
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Parlasur rechaza acciones contra el orden democrático en Bolivia
El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Rodrigo Gamarra, se pronunció sobre la situación en el Estado Plurinacional de Bolivia, expresando su profunda preocupación ante la situación que atraviesa el pueblo boliviano como consecuencia de las protestas y bloqueos de carreteras, que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales, afectando gravemente la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Gamarra expresó ayer sábado, a través de sus redes sociales, un profundo rechazo toda acción que busque alterar el orden democrático o “desestabilizar” al gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados hace once días en el país andino.
Asimismo, el presidente del bloque parlamentario regional acompaña el posicionamiento manifestado en la Declaración Conjunta sobre la situación en Bolivia por los países signatarios y reafirma que toda acción orientada a alterar el orden democrático, vulnerar la institucionalidad o desestabilizar al Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia resulta incompatible con los principios democráticos que sustentan el proceso de integración regional.
El legislador Gamarra reiteró su solidaridad con el gobierno del presidente Rodrigo Paz y el pueblo boliviano y exhortó a todos los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo, el respeto a las instituciones democráticas y la preservación de la paz social. “La democracia, el Estado de Derecho y el bienestar de la ciudadanía deben prevalecer por encima de cualquier interés sectorial o circunstancial”, remarcó.
Los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú también emitieron una declaración conjunta en la cual rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia.
Bloqueo de carreteras
De acuerdo a las informaciones provenientes de Bolivia, señalan que sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia del presidente Paz.
Señalan que dichas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos y la muerte de al menos tres personas por no recibir asistencia médica adecuada, según los reportes oficiales.
En tanto, el Gobierno boliviano ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico, una acusación que hasta ahora el exmandatario ha rechazado.
El Parlasur es un órgano representativo del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, miembro pleno desde 2024. No obstante, carece de competencia legislativa para dictar normas vinculantes para los países miembros.
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MOPC aclara que Costanera fue una obra del Gobierno y no de gestión municipal de Samaniego
El precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego divulgó a través de sus redes sociales, un video en el que se jacta de ser el que impulsó y ejecutó la construcción de la Costanera de Asunción, en su primera etapa y proyectó la construcción de las siguientes etapas. De esa manera, invocó asegurar que bajo su administración como intendente municipal se llevaron a cabo dichas obras.
Sin embargo, nobleza obliga recordar que este proyecto fue impulsado primeramente por la ex intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, que presentó el proyecto de Ley al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y se encargó de elaborar el proyecto y ejecutar el mismo con fondos provenientes del Estado paraguayo a través del Presupuesto General de la Nación y no con recursos de la comuna.
Al respecto, desde la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC confirmaron a La Nación/Nación Media, que la Avenida Costanera de Asunción, se inició durante la administración municipal de Arnaldo Samaniego, pero que la misma fue una obra impulsada y ejecutada por el Gobierno nacional, a través del MOPC.
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Mencionaron que la primera etapa de la Costanera Norte comenzó en 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, bajo conducción del entonces ministro de Obras Públicas Efraín Alegre. No obstante, señalaron que la Municipalidad de Asunción acompañó y participó en aspectos urbanísticos, coordinación técnica y aprobación de los proyectos complementarios.
Proyecto de Franja Costera
La construcción de la Costanera de Asunción (etapa Norte) fue uno de los proyectos de infraestructura urbana más transformadores para la capital paraguaya, marcando el inicio del reencuentro de la ciudad con el río Paraguay. Formó parte del Plan Maestro de la Franja Costera, una visión urbana que se venía gestando desde la década de los 90.
Pero el impulso definitivo llegó con la administración del MOPC para conectar el tráfico y recuperar la zona ribereña. Esto, teniendo en cuenta que el diseño y la ingeniería estuvieron a cargo del MOPC, bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de Proyectos, con la colaboración de técnicos municipales y consultoras privadas.
En cuanto a la inversión aproximada para esa primera etapa fue de 21,5 millones de dólares, cuya forma de financiación fue con fondos estatales, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Nacional, gestionados a través del Presupuesto General de la Nación asignado al MOPC, y que luego se fueron sumando créditos internacionales y bonos soberanos en las distintas etapas posteriores del proyecto.
Aportes del municipio
Por tanto, es relevante hacer una distinción en este punto, con relación al aporte de la Municipalidad de Asunción que no fue la entidad ejecutora principal de la avenida, ya que la dirección técnica y contractual estuvo a cargo del MOPC.
Pero sí la comuna asuncena estuvo a cargo de coordinar obras urbanas complementarias, elaborar y aprobar planos para infraestructura en la zona costera, impulsar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano alrededor de la Costanera y participar en planes de reconversión de la Bahía de Asunción.
Por ejemplo, en 2015 la Municipalidad entregó al MOPC planos elaborados por técnicos municipales para comisaría, cuartel de bomberos, guardería y sede de PMT en la zona de la Costanera.
Tensiones con la comuna
De hecho, recurriendo a los archivos periodísticos de la época se puede encontrar que durante el gobierno municipal de Arnaldo Samaniego hubo varios roces institucionales con la administración Central. Esto, considerando que desde la intendencia reclamaba no conocer completamente algunos detalles de la segunda etapa de la Costanera Norte.
En 2013, Samaniego incluso pidió suspender la apertura de ofertas de una licitación hasta que el municipio aprobara el proyecto urbanístico. Además, se reportaron algunos fuertes cruces entre el MOPC y el municipio por la titularidad de las tierras y el mantenimiento. La Municipalidad puso reparos sobre quién debía hacerse cargo de la limpieza, la seguridad y la iluminación una vez terminada la obra.
El mayor freno fue el proceso de reubicación de las familias que vivían en las zonas de relleno (bañados). La Municipalidad exigía planes de vivienda social claros antes de avanzar, pero que finalmente, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes se realizó la entrega de las primeras 120 viviendas sociales.
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