Senadores votaron a favor de postergar el estudio del pedido de desafuero del extitular del MAG, Rodolfo Friedmann, para el próximo jueves. Foto: Gentileza.
Senadores postergan estudio de desafuero de Friedmann
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La Cámara de Senadores en la sesión ordinaria del día de hoy postergó el estudio del pedido de desafuero de Rodolfo Friedmann. La solicitud del senador de Patria Querida Stephan Rasmussen de tratarse sobre tablas no pudo darse. El estudio pormenorizado del pedido de desafuero se realizará el próximo 10 de setiembre ante el plenario de la Cámara Alta.
Rasmussen, tras no poder tratarse hoy el desafuero, hizo un pedido sobre tablas de una moción de preferencia de 8 días para tratar el oficio Nº 294 del Poder Judicial con relación a la imputación del senador Friedmann sobre supuestos hechos punibles “que son anteriores a su función de legislador”, aseguró. De esta manera el estudio queda para la próxima sesión de la Cámara de Senadores.
La Fiscalía imputó al exministro de Agricultura y Ganadería Rodolfo Friedmann y a 5 personas más por lavado de dinero, asociación criminal y otros hechos punibles, en el marco de la investigación del negociado con la empresa ESSA y la provisión de almuerzo escolar a través de la Gobernación del Guairá.
En tanto, la Cámara de Diputados rechazó ayer miércoles el pedido de desafuero del diputado oficialista Éver Noguera, quien también está imputado por la supuesta comisión de administración en provecho propio y asociación criminal, en el mismo caso en el que es investigado el extitular del MAG.
Cámara de Senadores sanciona ley sobre restitución de pagarés
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La Cámara de Senadores sancionó este miércoles en sesión extraordinaria la ley que establece la restitución de los pagarés una vez cancelada la obligación.
Es así que el pleno aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador.
La iniciativa fue presentada por el senador Derlis Osorio y, con la aceptación de los cambios introducidos por la Cámara Baja, quedó sancionada y será remitida al Poder Ejecutivo.
En su intervención, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica de los deudores mediante un mecanismo que obligue al acreedor a devolver los pagarés una vez cancelada la deuda.
Asimismo, contempla un régimen sancionador cuya aplicación estará a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
“El objeto prevé la obligación para el acreedor de una deuda instrumentada en uno o más pagarés a la orden de entregar dichos títulos al deudor en el acto de cancelación y, ante el incumplimiento de la devolución del pagaré, el mismo quedará sujeto a las sanciones referidas”, explicó el parlamentario colorado.
El gremio de jubilados del Paraguay advierte el riesgo de las reservas de los fondos jubilatorios, si se declara la emergencia sanitaria del IPS. Foto: Mariana Díaz/LN
Jubilados piden postergación del proyecto de emergencia sanitaria del IPS
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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.
El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.
En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.
“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento
Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.
El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.
En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.
Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.
Elvio Brun, vicepresidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Foto: Mariana Díaz
“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.
El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.
El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).
Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.
La Cámara de Senadores tratará 15 puntos en sesión de hoy, según se resolvió en reunión de mesa directiva, liderada por el presidente Basilio Núñez.
El orden del día incluye pedidos de informes a diversas instituciones, así como proyectos relacionados con seguros, cuidados, combustibles, licencias de conducir para personas con discapacidad auditiva, notificaciones electrónicas, pagarés, vehículos abandonados, donación de sangre, entre otros temas.
La agenda incorpora el proyecto de ley que regula el otorgamiento de licencias de conducir a personas con discapacidad auditiva, estableciendo mecanismos de evaluación, adaptación y conducción segura, conforme al principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, será considerado el proyecto que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley N.º 1160/1997 Código Penal.
Así también se prevé estudiar el proyecto de Ley de Seguros, remitido por el Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Economía y Finanzas. Igualmente será puesto a consideración del pleno, el proyecto de Ley “Que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay”, presentado por senadores de diferentes bancadas.
Juicio contra Miguel Prieto continuará el 7 de setiembre
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Tras un breve receso y algunos incidentes, esta tarde se retomó el juicio oral contra Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza, en el caso conocido como “Tía Chela”, asociado con la compra de kit de alimentos en pandemia por valor de casi G. 3.000 millones.
Ahora la Fiscalía tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez que el Ministerio Público conteste los incidentes, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa de los acusados, por lo que el juicio continuará el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 08:00.
Inicio con un incidente
La apertura de la audiencia tuvo un primer incidente con uno de los abogados defensores, Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, quien pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación.
Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Específicamente la audiencia inició con la presentación de algunos incidentes probatorios por parte del fiscal Silvio Corbeta, con el testimonio del actual director de contrataciones públicas, Agustín Encina.
El juicio comienza más de un año después de la acusación formal presentada en junio de 2024, y define la responsabilidad penal de Prieto y los otros diez acusados por el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.