El diputado Carlos Rejala informó que, paralelamente al estudio que se realizará en el Congreso Nacional del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, conformará su propio equipo económico para el análisis del anteproyecto. En este sentido, mencionó que las conclusiones y recomendaciones serán imparciales y estarán exentas de silogismos políticos para que la gente sepa de verdad cómo se utilizará su dinero.
“He conformado un equipo económico de excelentes profesionales para el estudio, punto por punto, del Presupuesto General de la Nación. Importante mencionar que este equipo no le va a costar un guaraní al Estado. Este es el presupuesto más importante de los últimos años”, mencionó.
Sobre el proyecto presentado por parte del Ejecutivo del PGN 2021, Rejala refirió que “este presupuesto en plena pandemia y la renegociación de Itaipú en el 2023 son las decisiones que van a marcar un antes y un después en nuestro país: un fracaso nacional o un resurgimiento internacional”.
A su criterio, son tres puntos importantes para tener en cuenta. Por un lado, se debe asegurar y blindar los fondos para la calidad en educación y salud para que no ocurra como la ley de emergencia, donde se otorgaron fondos a salud que no se ejecutaron y terminaron en gastos corrientes.
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Por otro lado, indicó que se debe congelar la contratación de nuevos funcionarios públicos a excepción de médicos, enfermeras, maestros y policías, y, a la par, acelerar un plan de retiro voluntario para achicar el Estado. Por lo tanto, plantea tener una ley de cero contrataciones nuevas, salvo los sectores ya mencionados.
Por último, se debe recuperar y asegurar la cordura fiscal; es decir, 1,5% de déficit fiscal como máximo, esto una vez que hayamos agotado las medidas para que el endeudamiento sea cero o cercano a cero.
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Ejecutivo designa a interventores de Asunción y CDE de alto perfil técnico
El presidente Santiago Peña designó a Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y al economista Ramón Ramírez, exviceministro de Administración Financiera, como responsables de llevar adelante la intervención en las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este respectivamente. Los decretos de la Presidencia de la República llevan el número 4.058 en el caso de Ramírez, y 4.059 para la designación de Pereira.
Las designaciones se dan en el marco de la auditoría aprobada por la Cámara de Diputados para verificar la gestión de los intendentes Miguel Prieto, de CDE, y de Oscar “Nenecho” Rodríguez, de Asunción.
De acuerdo a la información brindada desde el Ejecutivo, el jefe de Estado eligió a estos dos perfiles por su alto conocimiento técnico y destacada trayectoria en el servicio público como privado.
Días atrás, se informó que el mandatario había propuesto el trabajo de intervención de la municipalidad de Asunción, al actual soncejero del IPS, el exministro y doctor en ciencias contables Carlos Alberto Pereira Olmedo, quien había señalado que ayer lunes estaría dando su respuesta al jefe de Estado.
El expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empresas indicó que será un trabajo muy delicado el que llevará adelante en la comuna capitalina.
Confianza en la gestión
Por su parte, el economista Ramírez, que fue en su momento miembro de directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y trabajó hasta finales del 2023 en el Banco Mundial, comentó en conversación con radio 1020AM, que hoy martes tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente Santiago Peña, quien le propuso llevar adelante la intervención de Ciudad del Este y éste aceptó el compromiso.
“Tuve una conversación con el presidente y me solicitó asumir esta responsabilidad. Tengo una historia de trabajo con él cuando ambos estábamos en el Ministerio de Hacienda, y en base de esa confianza y el relacionamiento que tenemos me pidió asumir este desafío”, mencionó.
Señaló que las instrucciones que recibió de parte del jefe de Estado, es llevar adelante un trabajo estrictamente técnico y sólido para que la ciudadanía en general y sobre todo la de Ciudad del Este tenga la tranquilidad de que se estará llevando adelante un trabajo serio.
“Yo soy un técnico, cuento con una carrera técnica en el servicio público y en tal carácter asumo esta responsabilidad. Actualmente, estoy acogido a la jubilación, si estoy llevando algunos trabajos de asesoría externa, pero ya no estoy vinculado al sector público ocupando alguna función o cargo específico”, precisó.
Indicó que ahora se encuentra abocado en conformar a su equipo de trabajo de tal modo a llevar adelante la intervención y recuperar la normalidad del funcionamiento institucional del municipio, en el menor tiempo posible.
“Creo que mi principal desafío es que la gente confíe en el resultado de nuestro trabajo y solo vamos a ganar esa confianza con un trabajo serio. Vamos a llevar adelante un trabajo serio, técnico, responsable y ajustado a las normas. Vamos a hacer que la ciudadanía confíe en el resultado de esta intervención. Acá no importa colores ni partido, la gente de Ciudad del Este merece confiar en las instituciones”. remarcó.
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Diputados devuelve a comisiones proyecto de seguro de desempleo
La Cámara de Diputados estudió este martes, en sesión extraordinaria, el proyecto de ley por el cual se crea el seguro de desempleo. Los legisladores coincidieron en que la iniciativa sea devuelto a comisiones para un nuevo estudio y emisión de dictámenes, dado que consideran que como está planteada la propuesta, generará una carga adicional al sector formal.
El diputado Miguel Del Puerto fue el primero en hacer uso de la palabra y solicitó su aplazamiento indefinido, posteriormente, su colega, Hugo Meza, indicó que como proyectista considera que este proyecto es una herramienta necesaria dentro de nuestro país, no obstante, también se adhirió al postergamiento de su estudio.
“Quiero invitarle a los colegas a que puedan colaborar a construir un proyecto que tenga mayores insumos, que abramos el debate, porque reitero, es una ley necesaria y que necesitamos en el marco jurídico del país entonces quiero comprometer a los colegas a iniciar una mesa de trabajo y audiencias públicas para poder tener un proyecto de ley en la brevedad posible, mucho más abarcante y que se le involucre a todos los sectores”, añadió Meza.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo manifestó que considera que la actual redacción de la iniciativa debería ser retirada y en su lugar, presentar un nuevo texto, dado que así como está planteado, supone una nueva carga para el sector formal. “No desconozco la importancia de este proyecto, pero que se analice algo que pueda ser aplicado correctamente”, expuso.
Finalmente, el diputado Jorge Ávalos Mariño fue quien realizó la moción de vuelta a comisión, de modo que los legisladores puedan emitir nuevos dictámenes al respecto. “Nos allanamos a ese pedido de vuelta a comisión”, sostuvo Del Puerto y se dio paso a la votación, donde los parlamentarios respaldaron la última moción planteada.
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Sobre el proyecto
El proyecto de seguro de desempleo no contaba con un parecer positivo de parte de varias instituciones, entre ellas, el Ministerio del Trabajo, quien advirtió que mediante esta ley se aumentaría el porcentaje de aporte, tanto de los trabajadores como de los empleadores, lo cual podría desalentar la formalización, por lo que se instó a un nuevo debate entre todos los sectores involucrados.
Asimismo, expertos en la materia indicaron que el monto del seguro fijado en el proyecto es un porcentaje altísimo al cual ni siquiera llegan los países de primer mundo, por lo cual habría que analizar nuevamente la cifra de modo a que sea un programa sostenible y que no desaliente al empleo.
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Diputados tratará 16 puntos en el orden del día, entre ellos la creación del seguro de desempleo
La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.
Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.
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La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.
Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.
Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.
Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.
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Protección de datos: por qué Paraguay necesita una ley hecha a medida
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.
“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.
Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.
“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.
Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.
Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".
El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.
Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.
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Impacto en la inversión nacional y extranjera
Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.
“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.
Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.
El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".
Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.
“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.