El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, acompañó al presidente de la República, Santiago Peña, en la reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Manuel de Oliveira Guterres en Estados Unidos. El titular legislativo destacó la importancia de este encuentro con la máxima autoridad de la organización internacional.

“Compartimos una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres, conversamos sobre la visión de Paraguay sobre el momento que atraviesa el mundo y el aporte que nuestro país puede hacer para la construcción de una sociedad más justa para todos”, expresó el parlamentario a través de su cuenta oficial X.

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El titular de la Cámara Baja hace parte de la delegación que acompaña al presidente Santiago Peña en las actividades y reuniones que se encuentra realizando en los Estados Unidos. Para este martes se prevé la intervención del presidente Peña ante la sesión especial de la ONU.

Latorre, también participó del encuentro con el Comité Judío Americano (AJC), donde el presidente recibió el premio Gesher, por el gran compromiso y apoyo al Estado y el pueblo de Israel.

“Orgulloso como paraguayo de acompañar al presidente Santiago Peña a recibir el prestigioso premio que otorga la American Jewish Committee. Este galardón representa, el afecto mutuo, el respeto por las libertades y el trabajo permanente en la búsqueda del bien común”, fueron las expresiones de Latorre sobre este tema.

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El diputado Rodrigo Gamarra disertó ante el Foro Parlamentario Sur – Sur, en Marruecos, donde se abordó sobre las tecnologías, la inteligencia artificial, y el impacto a nivel global. El legislador sostuvo que no se debe tomar las nuevas tecnologías como una amenaza, sino se debe generar más inversiones para que con ellas se puedan generar más oportunidades.

“Un tema oportuno, hablar de tecnologías e inteligencia artificial, digo oportuno porque en foros pasados nos reuníamos para hablar del futuro, pero ahora nos reunimos para hablar del presente. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ya no son un lujo para ningún país, al contrario, son una necesidad estratégica para tomar decisiones y oportunas”, expresó ante el foro internacional.

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En este punto, se refirió a dos cuestiones, el manejo de la tecnología y la inteligencia artificial, o el sometimiento a las decisiones de otros, y en este punto, sostuvo que se debe tener en cuenta tres ejes principales. “El primero, que no se trata de usar más tecnologías, se trata de crear tecnologías, de fomentar desarrolladores, de invertir en educación”, indicó.

En este punto agregó que “con la inteligencia artificial, si nosotros confiamos en nuestra gente, si invertimos en nuestra gente no va a reemplazarnos, va estimularnos, y va ser una herramienta que va generar más fuentes de trabajo y oportunidades”.

En segundo lugar, apuntó que “la inteligencia artificial es una aliada estratégica para nuestras industrias, para las pequeñas empresas, para la educación, la agronomía, la salud, pero para ello necesitamos proteger nuestra soberanía digital, los datos, los algoritmos y los conocimientos tienen que ser plenamente nuestros”.

Como tercer punto, habló de una integración real. “Este tipo de foro Sur – Sur no puede pasar a ser meramente discurso, tenemos que intercambiar legislaciones, utilizar la diplomacia parlamentaria para nutrirnos de informaciones necesarias, no toda integración debe ser meramente comercial, sino también debe ser una integración digital”, sentenció.

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La Cámara de Senadores deberá estudiar la propuesta de modificación del artículo 294 del Código Penal vigente, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La aprobación por unanimidad en la Cámara Baja de esta normativa fue valorada por los diputados.

El proyecto tiene por finalidad agravar la sanción impuesta al funcionario público o personal que preste servicio en un establecimiento penitenciario, cuando participe en calidad de “autor” en un hecho que implique la liberación, fuga o evasión de un establecimiento de reclusión.

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El diputado Yamil Esgaib explicó a La Nación/Nación Media, que actualmente la ley vigente contempla sanciones que van de 6 meses a 5 años. Ahora, la propuesta aprobada por unanimidad por Diputados eleva de 5 a 15 años las penas en caso de complicidad de fuga. El proyecto legislativo pasa ahora al Senado para su consideración.

El diputado lamentó que, en los últimos casos de fuga de reos, hasta ahora no hubo un solo guardiacárcel castigado. “El proyecto que aprobamos pasa ahora al Senado, y espera que una vez que sea sancionado y promulgado la ley desaliente definitivamente la complicidad de los guardiacárceles con los reclusos”, expresó.

Explicó que este proyecto fue ampliamente analizado en la cámara incluso con expertos, ante la preocupación que surgió a raíz de los últimos hechos de fugas de recluso, donde se constató la fácil evasión de los presidiarios con la ayuda y complicidad de los empleados penitenciarios, que son los primeros encargados de la seguridad y se constató que las sanciones eran muy bajas.

El proyecto con media sanción, busca elevar esa sanción a 15 años de pena privativa de libertad y establece también un mínimo de 5 años. El texto propuesto dice en la parte pertinente “…se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años.”

Por una parte, señaló que no hay ningún inconveniente que la pena para la modalidad agravada sea elevada. “Esto se justificaría por elevado grado de reproche de los funcionarios o servidores penitenciarios que provoque, propicien o no eviten una fuga o, peor aún, que deliberadamente liberten a persona que deben cumplir una condena o una medida de privación de libertad. En ese sentido, está justificada la elevación de la pena”, acotó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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