Tres diputados colorados impulsan un proyecto de ley que busca regular la propaganda electoral en redes sociales y el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Los proyectistas sostienen que el Artículo 290 del Código Electoral paraguayo mantiene “una estructura de pensamiento analógica”, incluso tras su modificación por la Ley N° 7135/2023, debido a que sigue centrado en medios tradicionales como pasacalles, afiches, prensa escrita, radio y televisión.

Fundamentan además que “la plaza pública se ha trasladado al ciberespacio”, indicando que el 47,4 % de los electores jóvenes se informa sobre procesos electorales, principalmente, a través de redes sociales.

Según argumentan, esta situación genera un “vacío legal” que permite campañas digitales fuera de los plazos establecidos y sin mecanismos claros de control y rendición de cuentas.

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El proyecto guarda relación con la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, normativa que considera la afiliación política como un dato sensible.

Prohíbe el uso de técnicas de segmentación electoral o “micro-targeting” basadas en perfiles ideológicos obtenidos sin consentimiento expreso del ciudadano.

Se establece la obligatoriedad de registrar ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las cuentas oficiales de redes sociales y sitios web utilizados para propaganda electoral.

La propuesta incorpora regulaciones vinculadas al uso de Inteligencia Artificial (IA), prohibiendo expresamente la utilización de “deepfakes” para suplantar identidades de candidatos o difundir desinformación electoral. Obliga a identificar con advertencias específicas todo contenido generado mediante IA con fines proselitistas.

Los proyectistas son los diputados Saúl González, Jatar Fernández y Santiago Benítez.

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Representantes del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) se reunieron con el líder de la bancada “A” del Partido Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, en el marco del análisis del proyecto de ley que busca destinar un 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a esta institución.

Tras el encuentro, el legislador exteriorizó su apoyo a la iniciativa legislativa impulsada por su colega Cristina Villalba.

Es así que adelantó su acompañamiento para lograr la media sanción. Se comprometió incluso a buscar mecanismos legislativos oportunos para avanzar en su fortalecimiento, ya sea en el tratamiento actual de la propuesta o en el marco del estudio el Presupuesto General de la Nación 2027 (PGN 2027).

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“Estamos convencidos de que fortalecer al IPTA permitirá ampliar su cobertura territorial, mejorar su eficiencia institucional y contribuir a la formulación e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector productivo del país”, señaló.

La normativa lleva por denominación oficial: “Que modifica el artículo 42 de la Ley N° 3788/10 - Que crea el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), y el artículo 30 de la Ley N° 2426/04 - Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)”.

La intención es incorporar mecanismos que permitan ampliar fuentes de financiamiento destinadas a la investigación agraria.

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El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.

Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.

Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.

En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.

Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.

En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.

Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.

Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.

Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.

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Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.

En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.

Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.

Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.

Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.

No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.

Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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El “Tren de Cercanías” sumó este martes un nuevo respaldo político tras la reunión mantenida entre autoridades del Poder Ejecutivo y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en la que se analizó el proyecto de ley que modifica y amplía la normativa vigente para impulsar su implementación mediante acuerdos entre gobiernos (G2G).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que la comisión legislativa emitió de manera unánime un dictamen favorable a las modificaciones planteadas por el Ejecutivo y adelantó que solicitarán incluir la propuesta en el orden del día de la próxima sesión de Diputados.

“Este tren ya está en marcha, no para, y con el apoyo de los congresistas va a poder materializarse en mucho menos tiempo”, afirmó la secretaria de Estado tras el encuentro.

La reunión se realizó en la Comisión de Presupuesto presidida por la diputada Cristina Villalba, con participación además del titular de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), Facundo Salinas.

Centurión aseguró que el Tren de Cercanías ya atraviesa una etapa técnica clave y remarcó que el equipo de Emiratos Árabes Unidos, encargado de acompañar el proceso, ya se encuentra instalado en Paraguay.

Según detalló, actualmente están contratadas tanto la ingeniería como la supervisión técnica, ambas a cargo de empresas internacionales con experiencia en el sector ferroviario. “Más que contarle a la ciudadanía que esto es real, hoy ya está en su fase de ingeniería”, sostuvo.

La ministra señaló además que la previsión es iniciar las obras durante el primer semestre de 2027, posicionando al sistema ferroviario como una de las principales apuestas para modernizar el transporte público en Asunción y el área metropolitana.

La primera etapa abarcará 18 kilómetros entre Asunción y Luque, con nueve estaciones distribuidas a lo largo del recorrido. Entre los puntos estratégicos mencionados figuran:

• la estación de Luque
• el Parque Ñu Guasu
• el Comité Olímpico Paraguayo (COP)
• la futura Universidad de Taiwán
• el Jardín Botánico
• y el eje de la avenida Artigas
• hasta llegar a la Estación Central de Asunción.

De acuerdo con las primeras proyecciones técnicas, el trayecto completo entre Asunción y Luque demandará aproximadamente 26 minutos. Centurión resaltó que el sistema permitirá movilizar a más de 40.000 personas por día, ofreciendo viajes más previsibles, cómodos y seguros, además de contribuir a reducir la congestión vehicular.

La titular del MOPC también enfatizó el componente ambiental de la iniciativa, señalando que el tren será 100 % eléctrico, lo que ayudará a disminuir la contaminación y el ruido en el área metropolitana.

Asimismo, indicó que esta propuesta se complementará con otras acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sistema de transporte público, entre ellas el servicio Búho, la incorporación de buses eléctricos y futuras licitaciones vinculadas al transporte urbano.

“Es la respuesta que le da el Gobierno del presidente Santiago Peña a esta demanda y al padecimiento ciudadano respecto al transporte público”, expresó al concluir la reunión.

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