La Cámara de Diputados llamó a sesión extraordinaria para la elección del nuevo subcontralor, entre la terna propuesta por la Cámara de Senadores. Augusto José Félix Paiva Valdovinos fue electo por mayoría para desempeñarse como subcontralor, cargo vacante para culminar el mandato que va hasta noviembre del año que viene.
Con 72 votos a favor, el nuevo subcontralor oriundo de Pilar acompañará la labor del actual contralor general de la República, Camilo Benítez, quien fue electo hasta el 2021. Con este trámite constitucional, la Cámara Baja tomó juramento de rigor como subcontralor a Paiva. La terna estaba integrada también por Camilo Filártiga y Rolando Duarte.
Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, junto con el nuevo subcontralor Augusto Paiva. Foto: Gentileza.
¿Quién es Augusto Paiva?
El nuevo subcontralor es de profesión abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA), magíster en planificación y conducción estratégica por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE). Además, obtuvo un diplomado internacional en derecho constitucional de la Universita di Bologna Italia y una especialización en gobernabilidad, gestión política y pública por la Universidad Columbia.
Fue funcionario de la Cámara de Diputados, estuvo en el cargo de asistente de varias comisiones asesoras y desde el 2003 fue asesor jurídico de la presidencia de dicha cámara al 2008. En el 2013 fue ministro secretario privado del expresidente de la República Federico Franco. También se desempeñó como síndico de la CGR ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), designado en el 2018.
Función de la Contraloría
Art. 281. De la Naturaleza, de la composición y de la duración. La Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determinada por esta Constitución y por la ley, goza de autonomía funcional y administrativa.
Se compone de un contralor y un subcontralor, quienes deben ser de nacionalidad paraguaya, de treinta años cumplidos graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos será designado por la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de sus miembros, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría.
Duran cinco años en sus funciones y no serán coincidentes con las del mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo sólo por un período más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso, gozarán de inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones.
“Todos los candidatos cumplen con los requisitos”, dice Maidana sobre ternas para Contraloría
Compartir en redes
El senador Derlis Maidana defendió las postulaciones para la Contraloría y Subcontraloría General de la República al asegurar que los integrantes de ambas ternas cumplen con los requisitos constitucionales. Con sus declaraciones, Maidana buscó desestimar el discurso de la oposición, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
“Tengo entendido que había una especie de costumbre de designar a un opositor, pero esa mala costumbre le trajo mucho daño a la República, ya que los contralores que entraron por cuoteo político, perteneciente a la oposición fueron procesados, imputados, se fueron a la cárcel, no hicieron bien su trabajo”, refirió.
El pleno del Senado conformó ayer miércoles en su sesión ordinaria la terna para ambos cargos que serán remitidas a Diputados para su definición. La lista para el cargo de contralor se encuentra integrada por Camilo Benítez Aldana quien busca su reelección, Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz.
Mientras que la nómina para subcontralor está conformada porArmindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres. “El principal cuestionamiento a Camilo, Armindo, entre otros, no es que son ineficientes, que hicieron mal su trabajo, sino que son colorados y que el partido de gobierno no puede poner al contralor”, manifestó Maidana.
Entre los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia se encuentra el liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000. El mismo enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
También figura Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos.
Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
A la vez, se encuentra José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme.
Día clave en el Congreso: Senado define quiénes controlarán los gastos públicos
Compartir en redes
Un grupo de 27 senadores presentó oficialmente una nota para la elaboración de las ternas para el cargo de contralor general de la República y subcontralor para el siguiente periodo de mandato en la entidad contralora.
El pleno de la Cámara de Senadores deberá definir las ternas para ambos cargos y posteriormente remitir a la Cámara de Diputados para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR).
El senador Natalicio Chase planteó al pleno ir a un cuarto intermedio de la sesión ordinaria y convocar a una extraordinaria para tratar la conformación de la terna. El legislador también se encargó de presentar la propuesta de los seis nombres para conformar las dos ternas.
“Esta nómina es fruto de un análisis serio y responsable de los antecedentes, de la trayectoria y las capacidades de cada postulante, no se trata de nombre elegidos al azar, sino de personas que cumplen con los requisitos constitucionales y legales, que además cumplen con la solvencia profesional y ética necesaria para conducir este órgano clave de control de la gestión económica y financiera del Estado”, argumentó.
Para el cargo de contralor general, en la propuesta de la terna se incluye a Camilo Daniel Benítez Aldana (actual titular), Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz. Para subcontralor, la propuesta incluye a Armindo Torres Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres Rodríguez.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Compartir en redes
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza
Este lunes 24 de agosto se realizarán las respectivas reuniones preparatorias para la elección de autoridades.
Las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados conformarán sus mesas directivas para el período 2026/2027. Este lunes 24 de agosto, se realizarán las respectivas reuniones preparatorias para la elección de autoridades. Cada comisión, integrada por resolución de la presidencia de la Cámara de Diputados, deberá elegir, por simple mayoría, un presidente, un vicepresidente y un secretario. Tras este trámite, los bloques quedarán oficial e inmediatamente instalados, conforme a lo establecido en el artículo 180 del reglamento interno de la institución.
Asimismo, cada comisión establecerá el día y la hora de sus reuniones ordinarias para el año legislativo 2026-2027. Las comisiones permanentes de asesoramiento tienen a su cargo el estudio y análisis de los diferentes proyectos y asuntos ingresados a la Cámara de Diputados.
Estos estamentos emiten dictámenes que posteriormente constituyen base de estudio de los diferentes temas, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Diputados.
Algunas de las comisiones son: Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Relaciones Exteriores; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Educación, entre otros.