La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.

La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.

“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.

Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.

Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.

“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.

Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.

Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.

“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.

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El programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, cuyos titulares son Óscar Rodríguez y Miguel Prieto, respectivamente.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 16 de mayo fue defendida por el director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que, en el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este, se habla de fallas sistémicas en varias áreas de la gestión municipal.

“En el examen documental acerca de los gastos de capital de 2019-2022, se constató que la municipalidad no proveyó de documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones”, refirió.

Recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día, y de ponerlos a disposición de los órganos de control, cuando estos los requieran.

“Prieto apenas ha enviado un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo”, indicó. Alegó lo mismo en relación con la administración de Rodríguez, quien está al frente de la Municipalidad de Asunción.

“Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es serio. A la institución de control es a quien hay que mandar todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que, entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones.

El analista político Euclides Acevedo indicó que el argumento de la persecución política “no puede ser una coartada a la desprolijidad contable que pueda tener una administración”. Sus afirmaciones surgen ante el intento de salvataje de la oposición al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

Estos argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política que tiene por objetivo sacar al dirigente opositor de la arena electoral.

“Esto es una fosforescencia de la degradación política que hay en el Paraguay y la degradación del pensamiento en general. La soberanía radica en el pueblo a través del sufragio, esto es una parte elemental. La soberanía también radica en el tributo del ciudadano que tiene que ser honestamente administrado”, dijo en el programa “Fuego cruzado”.

intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez se presentó ayer a la convocatoria de la Comisión de Intervención para la Municipalidad de Asunción, para realizar su descargo y responder al informe de la Contraloría General de la República (CGR), que derivó en el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo.

El jefe comunal llegó con varios biblioratos y documentaciones que presentó ante la comisión especial.

“Esta oportunidad venimos solicitando hace cuatro años, en estos cuatro largos años, tanta intriga, tanta mentira, tanta maldad, tantas tergiversaciones o medias verdades que se quisieron instalar a través de diferentes grupos de medios, acompañados por algunos actores políticos, y hoy por fin que este equipo de trabajo de la Municipalidad de Asunción puede ser escuchado”, dijo al iniciar su descargo.

Rodríguez señala que el trabajo realizado por el contralor para emitir un informe su administración no fue objetiva ni parcial, por lo que asegura que refutará todos las observaciones apuntadas en ese informe.

El contralor general, Camilo Benítez, ya se presentó el jueves ante al comisión para presentar las argumentaciones para el pedido de intervención.

“Va a ser muy importante tener estos datos y estas documentaciones, y esta radiografía, porque el único que puede dar esa radiografía de la municipalidad y que ustedes pueden contrastar, comprobar y corroborar, y hago ya la invitación a los miembros de la comisión que quieran ir hasta el municipio, las puertas están abiertas, pueden ir a corroborar absolutamente todo lo referente al manejo administrativo, económico, financiero jurídico y político de la Municipalidad de Asunción”, remarcó.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió ayer jueves a la convocatoria de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Óscar Rodríguez; para exponer las argumentaciones del informe que derivó en la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

“Ojalá que podamos tener la oportunidad de poder arrojar todos los datos que hemos hecho en los últimos años acerca de las más de 9 denuncias penales, que hemos realizado contra el intendente de Asunción, que se pueda dar un poco de luz acerca del desfalco financiero que tenemos en Asunción”, expresó el titular del ente contralor ante los legisladores.

El contralor argumentó que este “desfalco” se dio a causa de una falta de seguimiento o falta de cambios en la política institucional que fueron recomendadas en su momento por la Contraloría. “Muy en especial con lo que tiene que ver con el uso de bonos cuyas documentaciones respaldatorias no nos dan. En Asunción es por casi 500.000 millones de guaraníes que el intendente no pudo arrimar documentos que puedan respaldar”, dijo.

Detalló que esos documentos fueron enviados al Tribunal de Cuentas, que se declaró competente sobre ejecuciones presupuestarias, y esas documentaciones no serán entregadas a la Contraloría.

“Ustedes saben la problemática que tiene la Contraloría con el Tribunal de Cuentas, es algo histórico que es nuestro cuestionamiento, y encima el Tribunal de Cuentas no nos da esas documentaciones”, expresó.

Benítez sostuvo que en el caso de la Municipalidad de Asunción, más que en otros casos, amerita realizar la intervención. “Estamos en una situación que, yo creo que la intervención corresponde en la Municipalidad de Asunción, con todos estos reportes que hemos hecho, con todas estas documentaciones que hemos arrimado, y por sobre todo con esta imposibilidad (del Tribunal de Cuentas), sin material para poder llevar adelante más investigaciones”, apuntó.