El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, se refirió a las especulaciones del pedido de cambio de la Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, lo que no solo desmintió, sino que aseguró que se “vendió” una información errónea a la secretaria de Estado.
Cecilia Pérez refirió semanas atrás que manejaba la información que desde el entorno del Poder Ejecutivo habrían “pedido” su cabeza y que sea cambiada del cargo. La ministra incluso mencionó que ya habría interesados en ocupar su lugar, lo que ahora fue desmentido por el jefe de Gabinete.
“Al menos desde el Palacio no salió esa versión y menos de parte del vicepresidente como especulan algunos, no sabemos quién inventó esa falacia”, refirió Villamayor sobre el tema. De acuerdo a las declaraciones del jefe de Gabinete, aparentemente la ministra fue mal informada.
El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya dio su apoyo a Pérez en una conversación entre ambos en torno a estas especulaciones. En este sentido, la propia ministra contó que consultó al mandatario sobre estas especulaciones y el propio mandatario le aseguró que nadie, por lo menos a él, le solicitó su cambio.
“Yo sé que molesto, se acercan las elecciones, yo hice varios cambios, sumarios a personas que estaban cometiendo irregularidades serias, salieron personas de cargos de confianza porque perdieron mi confianza justamente y todo el tiempo eso genera molestias”, dijo la ministra al momento de contar que querían su cargo.
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Legislador critica que candidatos a defensor del Pueblo se presentan “sin planes reales”
El senador Ramón Retamozo, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, cuestionó a los postulantes que aspiran a ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, por dedicar mayor tiempo de sus exposiciones a la presentación de su currículum y prácticamente sin propuesta o programa de trabajo.
El legislador señaló que durante las audiencias públicas tuvo que hacer un llamado a la atención, porque cada postulante a los que le ha tocado escuchar hasta ahora, se ha dedicado a presentar su preparación académica, y experiencia.
Pero, señaló que casi nadie habla sobre lo que tiene previsto hacer para mejorar la institución, o de su plan de gestión, y lo más grave es que casi nadie maneja el presupuesto que tiene la Defensoría del Pueblo.
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“Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. Tiene que tener ya todas las falencias punteadas y qué van a hacer para que mejore esa institución. Necesitamos un defensor o una defensora del Pueblo que lidere todos los procedimientos que se realizan a nivel país, ya sea en lo judicial, en lo social, en todos los sentidos”, remarcó.
El senador Retamozo indicó que a su criterio el defensor del Pueblo debe estar involucrado en todos los aspectos. Señaló que son cargos sumamente importantes para la sociedad, ya que tienen que cuidar al pueblo, afirmando que el cargo se podría comparar como el cargo de un fiscal general del Estado.
“Debe tener monitoreados todos los procedimientos en donde hay falencias, donde hay abandono, donde se está cometiendo injusticias, abusos por nuestra gente y ahí tiene que estar el defensor o la defensora del Pueblo”, remarcó.
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Directora de Garantías Constitucionales cumple con los requisitos para el cargo
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.
El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.
Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.
El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.
Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.
Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.
En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.
Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.
A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.
En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.
En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.
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PLRA reclama la Contraloría para fortalecer su rol de control del Gobierno
El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezado por Alcides Riveros, en la primera sesión ordinaria como presidente electo, resolvió reivindicar el cupo de Contraloría General de la República para un afiliado liberal.
Además, resolvió conformar un equipo de senadores y diputados para conversar sobre este tema y buscar el consenso con las demás bancadas parlamentarias.
Al respecto, el senador liberal Líder Amarilla recordó que la base de la democrácia está basado en este principio de igualdad y controles mútuos; y puso como ejemplo la Justicia Electoral, donde cada miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, representa a sector político, uno de la Asociación Nacional Republicana, uno del Partido Liberal y uno representa al tercer espacio.
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Indicó que ese el principio de la democracia un control mutuo durante el proceso de las elecciones. Señaló que lo mismo sucede en la Contraloría General de la República; porque es el que controla mientra otro sector es el que gobierna, sin ninguna duda es esa la función.
“Hoy en el inicio de esta nueva conducción del Partido Liberal tenemos la obligación de transmitir un mensaje claro, al pueblo liberal y al pueblo paraguayo; vamos a reclamar la Contraloría General de la Repúbilca, para que podamos ejercer ese control que nos corresponde a nosotros como partido de oposición. Nos corresponde a nosotros controlar en qué se está gastando la plata pública”, enfatizó.
Así también se aprobó la conformación de un equipo de Senadores y Diputados liberales de diferentes movimiento de tal modo sea igualemnte pluralista, que contará con el total respaldo del Directorio del PLRA que tendrá la misión de reclamar la designación de un afiliado liberal para ocupar el cargo de Contralor General de la República.
Los primeros legisladores que fueron desingnados a conformar este equipo parlamentario fueron el diputado Antonio Buzarquis, los senadores Dionisio Amarilla, Ever Villalba y Lider Amarilla; posterioremnte irán completando la lista.
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Corte no confirma al juez Mirko Valinotti ni al fiscal Carlosmagno Alvarenga
El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no confirmar en el cargo al juez Penal de Garantías de Asunción, Mirko Valinotti. En reemplazo del citado exmagistrado, fue designado el actual fiscal Marcelo Saldívar, quien ahora ocupará el cargo de magistrado Penal de Garantías de la capital.
El nombramiento de Saldívar se realizó por mayoría y fue a propuesta de la ministra e integrante de la Sala Penal de la Corte, Carolina Llanes, con los votos de los ministros César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón. Por su parte, el ministro César Garay se abstuvo de votar. En minoría, votaron por la confirmación del hoy exjuez Valinotti los ministros Gustavo Santander, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos.
Fiscal que hizo megafiesta tampoco fue confirmado.
Asimismo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia decidieron no confirmar en su cargo al fiscal de delitos ambientales Carlomagno II Alvarenga Cohelo, quien era el único integrante de la terna analizada por los altos magistrados. Debido a la mencionada determinación de la Corte, el cargo fue declarado vacante y se comunicó la situación al Consejo de la Magistratura para el inicio del proceso correspondiente.
El exfiscal Alvarenga tuvo notoriedad debido a que se dio a conocer fotos de la megafiesta de 15 años de su hija. A raíz de ello, se sigue aguardando el resultado del examen de correspondencia por parte de la Contraloría General de la República.
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