Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

La Iglesia de Dios de la Sociedad Misionera Mundial invita a participar de la jornada de donación voluntaria de sangre a llevarse a cabo el domingo 8 de marzo, de 09:00 a 12:00 en Teniente Benítez 264, entre Hernandarias y Marcelina Insfrán, San Lorenzo.

La Iglesia de Dios lleva a cabo campañas de donación de sangre en todo el mundo para poner en práctica el amor de Cristo que da vida a la humanidad.

Esta campaña, que se realiza en el marco de la Pascua, busca apoyar al Centro Nacional de Servicios de Sangre, ante la escasez de donantes.

“La Pascua mencionada es el día en que Jesucristo, antes de su sacrificio en la cruz, estableció el nuevo pacto mediante el pan y el vino que simbolizan su carne y su sangre, prometiendo el perdón de los pecados y la vida eterna”, explicaron desde la congregación religiosa.

Destacaron que, atendiendo a que la sangre no puede fabricarse artificialmente, la participación voluntaria será fundamental. “Esperamos que esta campaña de donación de sangre también contribuya a la estabilidad del suministro de sangre en la comunidad”, expresaron.

En ese sentido, prevén la participación de alrededor de 50 personas, incluidos los miembros de la zona de San Lorenzo, familiares y vecinos.

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Siguiendo las indicaciones del personal médico, completarán un cuestionario, se someterán a exámenes de sangre y confirmarán su aptitud para donar antes de proceder, de manera ordenada, a la extracción.

El Centro Nacional de Servicios de Sangre organizará todo el proceso de forma sistemática para que los participantes puedan donar en un ambiente cómodo y seguro.

La directora del Centro Nacional de Servicios de Sangre, Elsa Nidia Vargas, estará presente para brindar palabras de aliento a los participantes.

La Iglesia de Dios, establecida en 7800 regiones de 175 países en todo el mundo, es una iglesia global que cree en Dios Padre y Dios Madre basándose en la Biblia.

Inició su labor en la República de Corea en 1964 y este año celebra su 62.º aniversario. Siguiendo la enseñanza de Cristo de “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, practica el amor y el servicio en diversos campos.

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El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.

“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.

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Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.

Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.

“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.

Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.

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El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó, mediante decreto, la ampliación del área de operaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en aquellos territorios donde pudieran detectarse eventuales amenazas contra la seguridad y la soberanía del país.

El decreto presidencial lleva el número 5.554 y se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental. Esto, incluyendo ríos nacionales, fronterizos e internos a fin de garantizar la seguridad interna.

En el considerando del decreto se menciona que el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), presentó una nota para informar sobre la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas de la Región Oriental.

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Estas organizaciones están vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, quienes estarían aprovechando la ausencia de militares y policías en la región para sus incursiones y hacer sus operaciones ilegales.

Es de recordar que el lunes pasado, se realizó una reunión extraordinaria del Codena encabezada por el presidente Santiago Peña, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en donde se adoptó esta importante determinación luego de los últimos episodios vinculados a la seguridad interna.

Hoy miércoles, el mandatario se trasladó hasta el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instalada en el departamento de Concepción, donde mantuvo una reunión con los altos mandos militares, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.

El ministro del Interior, Enrique Riera, también había confirmado que la Policía Nacional trabajará de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, a través del Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), respectivamente.

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