El defensor de Hugo Alexander Torales, “el prestanombre” del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, abogado Óscar Tuma, mencionó que la actitud del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es meramente política y con eso se lava las manos.
El letrado se refirió a las últimas declaraciones del mandatario, en las que minimiza la situación y asegura que aguardará una acción de la Justicia para tomar una decisión sobre Friedmann.
“El presidente respondió políticamente, dio una respuesta política y no jurídica. Él termina lavándose las manos y dice que es un problema jurisdiccional, un problema de los fiscales, de la Justicia. Es una posición, no quiero arriesgarme a decir acertada o equivocada, pero creo que es una exposición neutral, dejando que la Justicia actúe, que es muchas veces lo que nosotros solicitamos”, mencionó.
Así mismo, Tuma refirió que durante 10 años ocupó una banca en la Cámara de Diputados y aseguró que el reclamo de la ciudadanía siempre apunta a los políticos, sin embargo, también se debe apuntar a la Justicia.
“Hay que entender que todas las quejas y molestias ciudadanas se centran en la política, y el problema de la clase política radica en la Justicia. Y es la Justicia la que es lenta y la que debe actuar. Creo que debemos desviar un poquitito la mira de nuestra artillería y apuntar un poco a los órganos jurisdiccionales”, indicó.
Por otra parte, se refirió a la estrategia utilizada por Rodolfo Friedmann al negar que conoce o que tuvo algún tipo de relación empresarial con su cliente, Hugo Alexader Torales, y calificó a esta estrategia de errónea.
“Yo creo que haber negado conocer a mi cliente fue un error. Hoy la tecnología te permite remontar años, hasta décadas atrás; entonces, cuando estamos ante circunstancias como esta lo más conveniente es decir la verdad”, mencionó.
Agregó que en todo caso debería hablar del incidente y los motivos, pero no tratar de negar una relación porque los archivos están ahí, en las nubes, para que cualquiera pueda acceder, lo que ocurrió en este caso.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.
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La Fiscalía quedó desprovista de elementos para sentenciar a Boidanich, dice abogado
La defensa legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, ejercida por el abogado Claudio Lovera, realizará este jueves la presentación de sus alegatos finales en el marco de la causa judicial que enfrenta el economista por supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Se aguarda a la vez que en la fecha se de a conocer si Boidanich será sentenciado o no. “La semana pasada presentó sus alegatos finales la Fiscalía como órgano acusador y el día de hoy toca presentar los alegatos de la defensa. Una vez que suceda esto, la Fiscalía tiene el derecho, si lo estima pertinente, de hacer lo que se denomina una réplica, es decir si entiende que luego de los alegatos de la defensa hay algunos puntos de sus alegatos finales de acusación que no quedaron claros, tienen derecho de hacer alguna mención adicional”, explicó Lovera, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Si lo hace, la defensa también tiene el derecho sobre lo que se denomina dúplica, para contestar esos puntos. Pasados esos momentos, el tribunal de sentencia está obligado a dictar sentencia, eventualmente si esos momentos se dan hoy, la sentencia se tendrá”.
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.
“Esto implica una conducta que alguien realiza para evitar que otra persona sea condenada o sometida a una medida. La Fiscalía sostiene que desde la Seprelad y, en particular, Boidanich, en el ejercicio de sus funciones, cometió una omisión al no enviar en un determinado periodo de tiempo un informe de inteligencia, pero algo interesante es que la Fiscalía reconoce que todas las medidas cautelares respecto a bienes de Messer se aplicó de manera oportuna y se aplicó el comiso sobre el 100 % de sus bienes“, refirió.
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Pruebas producidas en juicio
Lovera también argumentó que el informe de inteligencia financiera con relación a Messer se entregó oportunamente al Ministerio Público y que el trabajo previo realizado por la Seprelad permitió al órgano extrapoder ganar bastante tiempo en su investigación.
“En lo que implica el caso en sí, la Fiscalía quedó desprovista de elementos, porque se mantiene solo en mencionar en términos generales lo que ya sostuvo en la acusación y cuando uno alega debe hacerlo sobre la base en pruebas producidas en juicio. Básicamente, mantiene su postura en términos de lo que fue la acusación escrita a la espera de lo que puede decidir el tribunal, pero la percepción cambió respecto a los hechos, porque es distinto escribir una acusación a escuchar a un testigo en juicio o producir un documento", comentó Lovera.
Agregó que, a lo largo del juicio oral y público, declararon 12 funcionarios de diferentes áreas de la Seprelad, y quedó acreditado que Boidanich no dio ninguna indicación o instrucción para que no se realizaran los trámites del borrador del informe, el cual se procesó conforme a lo previsto.
La defensa señaló que durante gran parte de enero, febrero, todo marzo y hasta el 14 de abril de 2018, Boidanich no estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo debido a vacaciones y a una internación por una operación médica muy seria. Tras recibir el alta, el sábado 14 de abril, se reincorporó el lunes 16 de abril de 2018, siendo uno de sus primeros actos la firma y el envío del informe al Ministerio Público. La fiscalía no cuestiona la gestión de quienes quedaron como encargados de despacho en el transcurso de periodo.
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Tuma califica de retroceso el proyecto de divorcio exprés: “Tocamos algo que funciona bien”
El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.
Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.
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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.
Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.
“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.
Apunta a la disolución de bienes
Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.
Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.
Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.
“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.
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Abogado del Dr. Oropallo desliga al médico de la propiedad del centro médico clausurado
El abogado Oscar Tuma emitió un comunicado en sus redes sociales en el que realiza una aclaratoria a la opinión pública, en representación del doctor Líbero Antonio Oropallo, mediante el cual niega ser el dueño, accionista, director o responsable administrativo de la clínica de genética ubicada en Asunción, que fue clausurada en la fecha, tras constatarse que operaba sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.
El representante legal del Dr. Oropallo aseguró que la institución pertenece a terceros, quienes son los titulares y responsables de su administración, habilitación, funcionamiento y gestión interna.
“La vinculación del Dr. Oropallo con dicho establecimiento se limita a la existencia de un contrato comercial celebrado con los propietarios, mediante el cual estos fueron autorizados a utilizar su nombre e imagen profesional con fines de identificación, posicionamiento y marketing institucional”, expresa el comunicado.
El abogado Tuma insiste en nombre de su representado que debe quedar absolutamente claro que no se trata de una clínica de propiedad del Dr. Oropallo, ni de un establecimiento administrado por su defendido.
“El Dr. Oropallo no realiza consultorio médico en dicho lugar, ni tiene intervención en la gestión operativa diaria de la clínica. Por tanto, cualquier afirmación que lo presente como dueño, responsable directo o administrador del establecimiento resulta inexacta y puede inducir a error a la opinión pública”, concluye el comunicado.
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