Al parecer, la figura de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, está molestando en el entorno del Poder Ejecutivo, o por lo menos eso fue lo que dio a entender la secretaria de Estado. Según Pérez, aparentemente pidieron “su cabeza” en el Gobierno porque realizó varios cambios y ordenó sumarios a funcionarios por irregularidades serias.
“Yo sé que molesto, se acercan las elecciones, yo hice varios cambios, sumarios a personas que estaban cometiendo irregularidades serias, salieron personas de cargos de confianza porque perdieron mi confianza justamente y todo el tiempo eso genera molestias”, dijo la ministra en entrevista con Radio 1000.
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Igualmente, Pérez dio a entender que existiría la intención de sacarla del cargo para ocupar el ministerio y que esa intención sería insistente por parte de algunas personas en particular, y agregó que aquellos que están “interesados” en ocupar su cargo no tienen idea del compromiso que lleva su administración.
“Yo creo que sí, que van a seguir insistiendo. Hacer una buena gestión en el Ministerio de Justicia es muy difícil. A mí me llama la atención la gente que quiere el cargo, y si quieren el cargo es porque no se sentaron ni media hora en la silla”, manifestó.
Por otra parte, refirió que el ministerio pasa por una gran crisis, la penitenciaria y la sanitaria, a lo que se suma el problema presupuestario. “Tenemos una emergencia penitenciaria más una emergencia sanitaria y la estamos remando, ahora con el recorte presupuestario todo el tiempo nosotros estamos enfrentando problemas”, mencionó.
Agregó que a todo esto se suma la directiva del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de recortar aún más el presupuesto para el 2021, “Con el recorte presupuestario que nos piden otra vez y las condiciones en las que estamos hoy, porque nosotros no somos un ministerio con un presupuesto importante”, sentenció.
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Philipe Moura: las nuevas dinámicas geopolíticas están redefiniendo las estrategias de crecimiento de los países
En un contexto marcado por la fragmentación geopolítica, la inteligencia artificial y la transformación de las cadenas globales de valor, Paraguay debe fortalecer su estrategia de desarrollo con una mayor diversificación de alianzas, inversión en innovación y capacitación del capital humano. Así lo afirmó Philippe Moura, profesor invitado de la Fundación Don Cabral, durante la Segunda Convención Bancaria Paraguay 2026.
Las nuevas dinámicas geopolíticas y el acelerado avance tecnológico están redefiniendo la forma en que los países diseñan sus estrategias de crecimiento.
Para economías pequeñas como Paraguay, el desafío no solo consiste en adaptarse a estos cambios, sino en convertirlos en oportunidades de desarrollo, sostuvo e en exclusiva para FOCO, Philippe Moura, profesor invitado de la Fundación Don Cabral, durante la Segunda Convención Bancaria Paraguay 2026, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).
Consultado sobre las prioridades que deberían asumir el Gobierno y el sector privado frente al nuevo escenario internacional, Moura señaló que uno de los primeros pasos es desarrollar una estrategia de “hedging” político y económico.
Explicó que esto implica diversificar las alianzas internacionales y las relaciones comerciales, evitando depender de un único mercado o socio estratégico.
Identificación de cadenas de valor. Asimismo, indicó que el país debe identificar cuáles son las cadenas de valor estratégicas para su economía y garantizar tanto el acceso a las importaciones como a las exportaciones de esos sectores.
A su criterio, la creciente competencia geopolítica está modificando el valor de activos que durante décadas no eran considerados prioritarios desde el punto de vista económico.
Como ejemplo mencionó las tierras raras y otros minerales críticos utilizados en la fabricación de imanes permanentes, componentes esenciales para industrias como la inteligencia artificial, la transición energética y la defensa. “Para los países pequeños vale la pena invertir y desarrollar una estrategia consciente sobre estos activos”, sostuvo.
Enorme potencial de la economía digital. Explicó que la denominada quinta revolución industrial redujo significativamente las barreras para crear empresas de alto valor, ya que hoy es posible desarrollar emprendimientos tecnológicos con recursos mucho menores que en revoluciones industriales anteriores.
En ese sentido, afirmó que para crear una empresa con potencial de convertirse en un unicornio ya no es indispensable estar en Silicon Valley, Londres o Shanghái. “Se necesita una computadora, una conexión a internet, acceso a herramientas de inteligencia artificial y una buena idea. Eso puede hacerse desde una pequeña ciudad de Paraguay”, expresó.
Capital humano y la generación de empleos. Respecto al mercado laboral, advirtió que la inteligencia artificial provocará la desaparición de algunas profesiones, pero también la creación de otras nuevas.
Sin embargo, señaló que el mayor desafío será que quienes pierdan sus empleos no serán necesariamente quienes ocupen las nuevas oportunidades que surgirán.
Por ello, consideró que tanto el sector público como las empresas deben priorizar políticas de “reskilling”, orientadas a reentrenar a trabajadores para desempeñar nuevas funciones, así como programas de “upskilling”, enfocados en incorporar nuevas competencias tecnológicas a quienes permanecerán en sus actuales profesiones, aunque con funciones transformadas por la inteligencia artificial.
La energía de Paraguay, un activo estratégico. Finalmente, al ser consultado sobre cuál considera la mayor fortaleza que Paraguay aún puede potenciar, Moura respondió que la energía constituye uno de los principales activos estratégicos del país.
En su opinión, ampliar y diversificar la matriz energética permitirá no solo abastecer la demanda local, sino también atraer inversiones vinculadas a centros de datos, empresas digitales y nuevos proyectos tecnológicos.
“Garantizar más fuentes de energía y una mayor diversificación energética hace mucho sentido para Paraguay en el largo plazo”, concluyó.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Sedeco apuesta por la digitalización para agilizar reclamos y fortalecer defensa al consumidor
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) busca transformar su modelo de atención con una gestión más digital, accesible y preventiva, según destacó la ministra, Sara Irún. En conversación con La Nación/Nación Media, precisó que entre los principales cambios implementados se encuentran la posibilidad de presentar reclamos a través de la página web, las audiencias virtuales y el expediente electrónico, herramientas que permiten mejorar la trazabilidad y el seguimiento de los casos.
Durante el primer semestre de 2026, la institución registró casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, mientras que el valor recuperado a favor de los consumidores superó los G. 1.000 millones. A esto se suma una tasa superior al 94 % de conciliaciones, mediante acuerdos entre consumidores y proveedores, devolución de cobros indebidos, restitución de dinero y reparación o sustitución de productos, entre otras soluciones.
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Para Irún, el objetivo es que la Sedeco no se limite a actuar una vez producido el conflicto, sino que avance hacia un esquema preventivo, utilizando también las denuncias, etiquetas y comentarios publicados en redes sociales como señales para detectar posibles irregularidades y actuar con mayor rapidez, especialmente cuando puedan afectar la salud o seguridad de los consumidores.
En ese marco, durante los primeros seis meses del año se realizaron 226 fiscalizaciones, de las cuales solo 12 derivaron en sumarios administrativos, equivalente a cerca del 5 %. La institución interpreta este resultado como una señal de que aproximadamente el 95 % de los establecimientos fiscalizados cumplió o adecuó sus prácticas.
Sin embargo, el crecimiento de la demanda también representa un desafío para la institución. Los reclamos aumentaron 345 % en 2025 frente al año anterior y volvieron a crecer 57 % durante el primer semestre de 2026.
Irún reconoció que Sedeco cuenta con una estructura reducida y recursos humanos limitados, por lo que se impulsan mejoras en los procesos y herramientas de gestión, además de solicitudes para fortalecer su capacidad operativa.
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Nuestro país y Brasil agilizan traslado de personas condenadas
La cooperación judicial entre Paraguay y Brasil dio un nuevo paso con el objetivo de reducir los tiempos que demandan los procedimientos para el traslado de personas condenadas entre ambos países. Representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia analizaron medidas para optimizar la tramitación de estos casos, priorizando la actualización de los acuerdos bilaterales y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente, informaron este jueves desde el Poder Judicial.
Funcionarios de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia. Durante el encuentro se revisaron los procedimientos vigentes para fortalecer la coordinación institucional y garantizar una aplicación más ágil de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en materia de cooperación judicial internacional.
Cumplir las resoluciones
Las autoridades recordaron que el Ministerio de Justicia cumple el rol de autoridad central en los procesos de traslado de personas condenadas, mientras que la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de ejecución, tiene la responsabilidad de hacer efectivas las resoluciones y asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el país.
La directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes, explicó que uno de los principales desafíos detectados es el tiempo que demanda la traducción oficial de la documentación al portugués, requisito indispensable para la tramitación de los expedientes con Brasil. Ese proceso ha sido identificado como uno de los factores que más inciden en la demora de los traslados.
Como parte de las soluciones planteadas, ambas instituciones acordaron avanzar en la utilización del Expediente Judicial Electrónico para el intercambio de documentos y actuaciones. La implementación de esta plataforma permitirá agilizar la circulación de la información entre los organismos involucrados, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la respuesta del sistema judicial en los procedimientos de cooperación internacional.