El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, se refirió nuevamente a la política de austeridad que el Poder Ejecutivo implementará en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021. Esta vez, Villamayor fue contundente al afirmar que los ministros deben defender la posición del presidente, lo cual es ajustar los cinturones.
Las instrucciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fueron muy claras, la de recortar todos los gastos innecesarios, y los secretarios de Estado deben acatar esta orden.
“Los ministros tienen que defender la posición del presidente de la República y el proyecto de presupuesto lo que muestra es la posición del presidente de la República, no del ministro de Hacienda respecto a otro ministerio. El ministro de Hacienda es el secretario del presidente en esta función”, sentenció Villamayor.
Así también, el jefe de Gabinete mencionó que los ministros y ministros secretarios pueden estar de acuerdo o no con la condición del presidente de la República, sin embargo, deben cumplir con las disposiciones.
“Todos estamos obligados a defender ese presupuesto, cuando a mí me tocó ser ministro lo dije públicamente, yo puedo estar de acuerdo en desacuerdo, en acuerdo, puedo tener una visión u otra, pero yo tengo que defender el proyecto del Poder Ejecutivo porque somos secretarios de un Poder Ejecutivo donde hay un presidente”, remarcó.
Por otra parte, Villamayor mencionó que el presupuesto para el 2021 también está vinculado con los diferentes proyectos de reforma del Estado, sin embargo, a pesar de que esos proyectos serán presentados en el Congreso Nacional, en este momento la prioridad es el PGN 2021.
“Estamos haciendo todo el trabajo, se concluye en la semana entrante, y estamos en condiciones de cumplir en tiempo oportuno la presentación. El 2021 se presenta con más austeridad para el sector público y más recurso para la reactivación económica. Va entrelazado con el proyecto de recortes”, dijo el secretario civil.
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Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Fuente: MOPC
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Vecinos de Luque exigen mayores datos sobre el proyecto de autopista elevada
Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Luque llegaron hasta la sede municipal para reclamar información sobre el proyecto de autopista elevada. Piden una audiencia pública para mayor socialización del plan que afectará a varias familias.
“Nosotros estamos aquí hoy solicitándole a la Junta Municipal que nos puedan ayudar a canalizar nuestro pedido de informe sobre este proyecto”, señaló Romi Cabral al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La vocera del grupo de vecinos manifestó que se enteraron vía redes sociales del inminente inicio de la obra.
Dijo que se está proyectando la construcción de un viaducto de aproximadamente 4 kilómetros que va a atravesar la ciudad de Luque, por lo que exigen más datos sobre el punto.
“Estamos en un ambiente de incertidumbre, de desconfianza porque no nos informan, no nos pasan ningún proyecto en bruto para que nosotros podamos conocer el alcance que va a tener referente a lo que es el impacto económico y medioambiental”, sostuvo.
La joven considera que las autoridades deben prestar mayor atención a otras necesidades más urgentes de los luqueños.
“No estamos ajenos a que haya progreso, queremos progreso en nuestra ciudad, queremos progreso en nuestro país. Pero primero queremos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo ellos van a canalizarle a las personas. O cómo ellos van a reubicarle a las personas que van a ser directamente afectadas”, puntualizó.
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“Oposición se debilita con silencio cómplice sobre Abdo”, opina analista
La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.
“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.
El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.
A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.
CUENTAS EN SEYCHELLES
“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.
“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.
“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.
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Reforma del transporte público será analizada por el Senado el 3 de setiembre
La Cámara de Senadores analizará el 3 de setiembre el proyecto impulsado por el Ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano. La petición fue realizada a la plenaria por el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez.
“La presentación de este proyecto de ley es un hecho transcendental a menos de dos años de gobierno del presidente de la Republica, Santiago Peña. Se pide un sistema de transporte público digno, que se reduzca los tiempos de espera por parte de los pasajeros, que los viajeros tengan certeza que los colectivos vendrán en sus respetivos horarios, que se genere un menor gasto y que haya más controles”, manifestó.
El parlamentario sostuvo: “Creo en la voluntad política del Congreso Nacional y del Senado, la ciudadanía ya no puede esperar un día más. Propongo que hagamos audiencias públicas, que escuchemos a los empresarios, a la sociedad civil organizada".
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La plenaria también aprobó que el tratamiento en código de la iniciativa comience el 27 de agosto. El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El artículo 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.
El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.
En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.