El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.

El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.

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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.

El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.

“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.

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El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.

“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.

“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó con 26 votos a favor el proyecto de declaración que acompaña la investigación de la Fiscalía e insta a las instituciones del Estado a profundizar y buscar aclarar las denuncias periodísticas contra el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana Abdo, sobre supuestas cuentas millonarias en paraísos fiscales, específicamente en la isla Seychelles, África.

La propuesta tiene por acápite la declaración de la Cámara Alta, en acompañar la investigación iniciada por el Ministerio Público e insta a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad), a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a iniciar de manera urgente y coordinada las investigaciones pertinentes relacionadas con las publicaciones periodísticas que vinculan al expresidente, con la presunta existencia de cuentas offshore en las Islas Seychelles por un monto aproximado de USD 21 millones”.

Esta propuesta fue finalmente aprobada con el apoyo de 26 senadores, en tanto, que 1 votó en contra, otros 8 se abstuvieron y se registró la ausencia de 4 senadores. La iniciativa fue aprobada con modificaciones planteadas en el plenario.

Durante su tratamiento, se hicieron algunos planteamientos de modificación al proyecto de declaración, a fin de que el documento sea mucho más eficaz.

Entre las modificaciones aprobadas incluye el instar a la Contraloría General a que realice un examen de correspondencia sobre la declaración jurada presentada por Abdo Benítez.

En tanto, que a la Seprelad se le solicita que recurra a los acuerdos de cooperación con organismos internacionales, a fin de solicitar informes a los mismos, de tal modo a lograr tener acceso directo a varias instituciones internacionales, y de ese modo llegar a la verdad.

“Lo que buscamos es claridad, lo que buscamos es la transparencia. Por lo tanto este órgano constitucional que es la Contraloría, realice ese examen de correspondencia sobre la declaración del expresidente. Hablando de hechos objetivos y evidencias documentadas claras”, explicó el senador Mario Varela.

A su turno, el senador Derlis Maidana informó al plenario que las Islas Seychelles, que en principio constituyeron un paraíso fiscal, forman parte de la Red Internacional de Seprelad, desde el 3 de julio del 2013, contando con una Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles (UIF Seychelles).

Indicó que por tanto, corresponde que la Seprelad Paraguay pueda iniciar los contactos con este organismo a fin de dilucidar el trasfondo y así a confirmar si existen o no esas supuestas millonarias cuentas a nombre del exmandatario y su esposa.

“Si se confirma la existencia, por supuesto, constituye hechos punibles de evasión, lavado de dinero, y otros hechos de corrupción y por supuesto, las instituciones involucradas en el tema tienen que ser la Seprelad, la DNIT, la Contraloría y el Ministerio Público. Hacer un examen de correspondencia, antes de tener una certeza de cuál será la información final de la UIF Seychelles, creo que puede derivar en un hecho de impunidad yo de encubrimiento”, acotó.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, indicó que esperan que el Poder Ejecutivo envíe finalmente entre hoy o mañana martes el proyecto de Ley de Reforma de Transporte Público. Aseguró que está firme el compromiso de darle celeridad a su tratamiento porque es un tema que preocupa a todos.

En charla con varios medios de prensa, mencionó que durante la última conversación que mantuvo con el presidente de la República, Santiago Peña, le había confirmado que estaría enviando al Senado, la propuesta de ley este lunes 21 de julio.

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No obstante, sostuvo que si no se envía en la fecha, estará coordinando para que la entrega se haga este martes durante una conferencia de prensa, aclarando que aún desconoce el contenido de la propuesta, por lo que aún no puede brindar detalles al respecto.

“Quiero ver primero el proyecto que presentará el Ejecutivo; no sé qué fuente de financiación propone, no sé qué modelo se va a utilizar. Acá nosotros vamos a estudiar a fondo pero también vamos a tratar de darle celeridad en su aprobación; porque el tema de transporte público es algo que preocupa a todos”, enfatizó.

El legislador colorado recordó que en el pasado fue miembro de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama) e indicó que es sabido que en el mundo lo que más se subsidia es el transporte público, lo que ahora se debe buscar es el grado de subsidio que va a alcanzar con la reforma.

“Acá podríamos decir que, incluso tenemos un subsidio privilegiado, en el sentido que con una población de más de 6 millones de paraguayos, el subsidio al transporte es solo para un sector del área metropolitana, que es la que recibe los aportes que al final la pagan todos los ciudadanos del país. Esperamos que con esta ley podamos sacar algo positivo”, concluyó.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, recibió a la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, quien valoró que la Cámara Alta haya aprobado el proyecto de ley que establece límites a descuentos salariales a funcionarios públicos y adelantó que se presentará una propuesta similar a favor de trabajadores del sector privado.

“En ese sentido se ha hecho la media sanción de este proyecto que beneficia a funcionarios públicos, donde se van a establecer límites para los descuentos, no obstante, conversamos que eso sería muy apropiado también implementar para el sector privado”, expresó la ministra Recalde.

La secretaria de Estado dio a conocer que en esta conversación con el titular del Congreso, abordaron la problemática que viven los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que están sujetos a descuentos judiciales, de créditos o descuentos de asociaciones mutuales, lo cual genera que cobren un salario muy bajo, desencadenando en un problema social.

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La ministra manifestó que los elevados porcentajes de descuento, llevan a que las personas prefieran la informalidad antes que ser parte del sector formal, estando fuera del Instituto de Previsión Social (IPS), invisibilizados para casos de embargos y control, pero desprotegidos del sistema y excluidos de planes como el financiamiento para el acceso a viviendas.

“Hoy eso es una barrera que tienen los trabajadores porque no pueden comprobar sus ingresos, y en ese sentido, reducir también para el sector privado los porcentajes a los cuales sus salarios o ingresos puedan ser embargados es un tema que nos preocupa porque la clase media necesita ser protegida en sus ingresos”, aseveró la ministra.

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