El primo del ministro Rodolfo Friedmann, Rodolfo González Friedmann, señaló este martes que se deben aclarar las denuncias en contra del exgobernador del Guairá y sobre todo lo expresado por este en uno de los audios filtrados, en el que dice que “esa plata no se toca”.
“Lo único que necesitamos es que este señor, que es mi primo, nos responda una sola cosa, a quién le dijo que esa plata no se toca ni si se cae el mundo”, cuestionó González Friedmann en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que si el actual titular del MAG explica a quién le dijo “que esa plata no se toca ni si se cae el mundo”, con nombre, apellido y fecha, él retira todo lo dicho y pedirá disculpas públicas. Instó al exgobernador a no recorrer medios de comunicación con “biblioratos”, sino aclarar las denuncias.
Mencionó que el ministro de Agricultura y Ganadería debe dar explicaciones sobre las acusaciones y no “cantiflear” la situación porque el pueblo paraguayo pide una respuesta, porque las denuncias forman parte del dinero público, destinado a la merienda escolar en el Guairá.
“Yo le quiero recordar a mi primo que cuando ocurrió el tema de la gobernación, la primera persona que salió a su favor fui yo porque él estaba en el extranjero, pero esta es otra situación y no queramos mezclarlos tantos. Él tiene que aclarar de forma rápida y contundente la situación y dar explicaciones al pueblo paraguayo”, agregó.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, está en el ojo de la tormenta por sus vínculos con la empresa de Eventos y Servicios (ESSA) por adueñarse de la merienda escolar en su época de gobernador mediante las “licitaciones”. También es acusado de monopolizar el plan de cáñamo hacia una sola empresa, Healthy Grains, vinculada al clan Ferreira, salpicado en el caso de las sobrefacturaciones de insumos médicos.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Presidente de Bolivia destituye al ministro de Economía
El presidente Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica.
La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno de centroderecha de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver.
Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en la gaceta oficial.
Espinoza fue convocado el martes al Congreso en La Paz para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el presupuesto general del Estado, entre otros temas. Pero comunicó que no podría asistir porque tenía programado viajes a Santa Cruz (este) y a Brasil.
En la misma jornada, 91 de los 129 senadores y diputados presentes en la sesión votaron a favor de remover al ministro, lo que obligaba al presidente a destituirlo.
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El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso.
Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país.
El Tribunal Constitucional fijó audiencia para examinar el caso el 24 de agosto.
La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.
Momentos difíciles
Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.
Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares.
Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.
Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 % al 5 %, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.
“No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.
El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 % y 1 %, estima el Ministerio de Economía.
Fuente: AFP
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Titular de Diputados respalda endurecimiento de penas contra la corrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre sentó postura sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción. Durante el tratamiento en plenaria, el legislador colorado manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, afirmó el diputado Latorre durante su intervención. El titular de la Cámara Baja remarcó la necesidad de combatir tanto la corrupción como la impunidad. “Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
A su criterio, no basta únicamente con aumentar las penas, por lo que abogó por fortalecer el sistema de Justicia. “Tenemos que trabajar en el sistema para que, verdaderamente, pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, significó.
El congresista también sostuvo que la clase política debe dar señales concretas de compromiso. “Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, afirmó.
Finalmente, anticipó el respaldo al proyecto y destacó que, aunque “podrá no ser la solución definitiva, sin lugar a dudas es una señal, una posición que refleja la voluntad de avanzar en acciones concretas contra la corrupción y la impunidad en el país”. El proyecto de ley fue aprobado, en general, durante la sesión última de la Cámara de Diputados; mientras su estudio, en particular, se postergó indefinidamente.
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Elevar penas por corrupción: “La clase política tiene que dar señales claras”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia. Nosotros, la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.
El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.
La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, del Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008; y los artículos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
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Expectativas de penas
La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.
Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.
El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.