La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, la diputada Blanca Vargas explicó que todavía no hay fecha ni hora, pero se espera la participación de todos los involucrados.
“Este proyecto pretende garantizar el derecho de la educación superior y, para lograr eso, debemos contemplar a todas las instituciones que se ven involucradas y escuchar el parecer de todos; por ello decidimos proponer la audiencia de manera de sacar un dictamen único de todas estas comisiones”, refirió Vargas.
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El diputado Sebastián Villarejo, miembro de la comisión, resaltó la importancia del proyecto. Además, informó que se pedirán informes a diversas instituciones, atendiendo la decisión de la Cámara de Senadores, que no contempló dentro del documento a institutos superiores como el de formación docente.
“Si queremos priorizar la educación debemos pensar también en quienes estudian para ser docentes, además de contemplar el tema presupuestario”, puntualizó el diputado de Patria Querida. Las comisiones de Presupuesto, Asuntos Económicos y Financieros, y la de Justicia, Trabajo y Previsión Social son las que organizan dicho encuentro.
La propuesta fue aprobada en el Senado para que los universitarios no deban abonar aranceles mientras dure la pandemia y entraría en vigencia este último semestre. La fuente de financiación establecida tiene que ver con los fondos de emergencia.
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En audiencia pública, debatirán proyecto de creación de un registro nacional de pagarés
Para este lunes 21 está previsto el desarrollo de una audiencia pública en la que estarán presentes ministros de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de otras instituciones estatales. El fin de esto es analizar dos iniciativas legislativas que surgieron a partir de la trama delictiva “mafia de los pagarés”.
Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón; así como el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez serán parte del encuentro para debatir sobre el proyecto que “que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito” y la propuesta que “establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
La propuesta de creación de un registro nacional fue presentada por varios diputados, entre ellos José Rodríguez, Rocío Abed y Cristina Villalba, del Partido Colorado, y Rodrigo Blanco del Partido Liberal, Plantea una plataforma pública, digital y accesible que permitiría registrar este tipo de documentos, fortaleciendo la seguridad jurídica y reduciendo los riesgos de fraude.
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Según sus impulsores, la medida facilitaría las transacciones comerciales al permitir que los titulares puedan acreditar de forma más clara la existencia y titularidad de sus créditos. En tanto, el proyecto que establece un régimen de depósito apunta a modificar varios artículos del Código Procesal Civil.
El objetivo es evitar que estos documentos puedan ser utilizados de forma simultánea o reiterada en distintos procesos judiciales, promoviendo un mayor control y transparencia en los litigios civiles. Además, la propuesta contempla que el juez determine el destino final del documento una vez dictada la sentencia, con lo cual se busca cerrar la posibilidad de reutilización indebida de los mismos títulos.
La trama “mafia de los pagarés” derivó en diferentes propuestas legislativas en ambas cámaras con el propósito de evitar nuevos casos. En la última sesión ordinaria del Senado quedó aprobado un proyecto de ley que establece un límite en los descuentos salariales a los funcionarios públicos. Esta iniciativa también está pendiente de estudio por los diputados.
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Protección de Datos Personales: hay claro interés en que se convierta en Ley Nacional
La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, de la Cámara de Senadores, llevó adelante una audiencia pública donde analizó la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales.
Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Patrick Kemper afirmó que está muy satisfecho con la audiencia, porque todos los sectores que participaron quieren que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación.
Al término de la jornada, el legislador explicó que se estará analizando en la comisión todas las propuestas planteadas para emitir el dictamen de aprobación con modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados.
Indicó que durante esta audiencia pública se han escuchado los distintos pareceres de diversos sectores, ya sea del ámbito de la academia, como los representantes de los organismos que tienen como actividad el desarrollo tecnológico del sector privado. Manifestó que también participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate con todo su equipo técnico.
“Han participado diferentes sectores de la sociedad civil y público, donde han dado sus pareceres, sugerencias y propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Lo importante es que hay un claro interés general de que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación. Ahora nos toca hacer un trabajo minucioso para pulir todas las sugerencias y sacar un dictamen de aprobación con modificaciones”, precisó.
Remarcó que se encuentra muy satisfecho, porque todos los sectores manifestaron que les parece importante contar con una ley de protección de datos personales.
Fortalecerá la seguridad jurídica
A su turno, el titular del Mitic expresó que es una ley fundamental para la institución a su cargo. Dijo que este proyecto fortalecerá la seguridad jurídica sobre el abordaje de información de las personas.
Agregó que ayudará para atraer mayores inversiones, porque si viene una empresa que trabaja con datos provenientes del exterior necesita una ley que les proteja.
Explicó que esta propuesta ya lleva varios años de estudio, que se ha venido debatiendo en diversas audiencias públicas, ya desde el tiempo que se estudió en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones.
“Este proyecto de ley nos permitirá a nosotros fortalecer nuestra seguridad, porque en el proceso de intercambio de información también nos permitirá atraer mayor inversión al país, porque cuando un inversionista viene al país tiene que buscar una ley espejo que complemente la protección de datos”, comentó.
Explicó que cuando una empresa tiene que trabajar con datos provenientes del exterior, tiene que haber una regulación local que precautele eso. De tal manera podamos contar con una ley que permita crecer en cuanto a la inversión internacional.
“También es importante proteger nuestra información de nuestros datos personales, si bien ya contamos con la Ley de Datos Crediticios, que abarca una parte, pero no así la Ley de Datos Personales, que contempla lo que nosotros mismos somos los dueños de estos datos y no una empresa, o una entidad o sociedad. Desde ese punto de vista estamos escuchando las recomendaciones”, acotó.
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En audiencia pública, debaten sobre prohibición de cianuro en minería
El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.
La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.
Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.
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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.
“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.
Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.
“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.
Un proyecto político
Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.
“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.
Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.
“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.
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Minería y medioambiente: buscan consensuar una ley sobre uso de químicos
Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.
“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.
En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.
“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.
“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.
Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.
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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.