La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, la diputada Blanca Vargas explicó que todavía no hay fecha ni hora, pero se espera la participación de todos los involucrados.
“Este proyecto pretende garantizar el derecho de la educación superior y, para lograr eso, debemos contemplar a todas las instituciones que se ven involucradas y escuchar el parecer de todos; por ello decidimos proponer la audiencia de manera de sacar un dictamen único de todas estas comisiones”, refirió Vargas.
Lea más: Tribunal de Apelación ratifica imputación contra titular del PLRA, Efraín Alegre
El diputado Sebastián Villarejo, miembro de la comisión, resaltó la importancia del proyecto. Además, informó que se pedirán informes a diversas instituciones, atendiendo la decisión de la Cámara de Senadores, que no contempló dentro del documento a institutos superiores como el de formación docente.
“Si queremos priorizar la educación debemos pensar también en quienes estudian para ser docentes, además de contemplar el tema presupuestario”, puntualizó el diputado de Patria Querida. Las comisiones de Presupuesto, Asuntos Económicos y Financieros, y la de Justicia, Trabajo y Previsión Social son las que organizan dicho encuentro.
La propuesta fue aprobada en el Senado para que los universitarios no deban abonar aranceles mientras dure la pandemia y entraría en vigencia este último semestre. La fuente de financiación establecida tiene que ver con los fondos de emergencia.
Te puede interesar: Si Friedmann vuelve al Senado, analizarán su pérdida de investidura
Dejanos tu comentario
Refundar la educación superior y eliminar toda captura regulatoria
- José Duarte Penayo
- Filósofo
- Presidente de ANEAES
La caída de ueno bank puso al descubierto una de las consecuencias de la captura de un órgano regulador, con miles de compatriotas privados del acceso a sus ahorros, trabajadores sin cobrar sus salarios y una crisis que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña.
Por eso, el BCP, tras dos décadas de construcción institucional, enfrenta hoy severos cuestionamientos a su función técnica y a su autonomía, con el desafío mayor de rectificar rumbos.
En la educación superior, existe una crisis de similitudes claras, aunque con una historia diferente y un peso distinto en el bolsillo de la gente, al menos en el corto plazo. A diferencia del BCP, el CONES, como órgano regulador, nunca consiguió construir una institucionalidad semejante y su propia composición legal consagra una estructura corporativa en la que los regulados son jueces y partes.
Creado por la Ley 4995/2013, lleva trece años acumulando competencias administrativas sin avanzar un solo día. Por el contrario, ha retrocedido sistemáticamente en la capacidad técnica necesaria para ejercerlas. Estamos ante una institución fallida desde su origen, con un diseño institucional que no refleja operatividad ni rol misional alguno.
Es una estructura de jueces y partes, donde intereses corporativos participan de decisiones que deberían responder exclusivamente al interés público. La captura regulatoria, es decir, el hecho de que los propios regulados regulen el sistema, está incorporada en el seno mismo de su Consejo, donde no existe la más mínima presencia técnica y académica que sustente sus decisiones.
La modificación legal que colocó su presidencia en el Ministerio de Educación tampoco resolvió ese conflicto ni mejoró su funcionamiento. Por el contrario, y como era previsible, agravó su lentitud y su parálisis, dados los diferentes frentes que tiene el MEC, institución históricamente desconectada de la educación superior.
¿Cuántos estudiantes han sido perjudicados por carreras habilitadas sin criterios de pertinencia, universidades que eluden controles y títulos que no garantizan las competencias que prometen? ¿Cuánto invirtieron las familias en una educación superior cuyo valor el Estado fue incapaz de resguardar?
A esta deformación institucional se agrega la ausencia de lineamientos que justifiquen sus actos administrativos, con la imposibilidad de ejercer rectoría alguna. ¿Con qué diagnóstico decide el CONES qué carreras necesita el país? ¿Cuál es su política nacional de habilitación? ¿En qué estudios de factibilidad académica, económica y social se sustenta? ¿Cuál es su modelo de educación superior ante un mundo revolucionado por la inteligencia artificial, la dislocación de las trayectorias formativas tradicionales y la creciente disociación entre universidad y trabajo?
Ninguna de estas preguntas tuvo respuesta en trece años de fracaso y no se trata solamente de la incapacidad de determinadas autoridades, sino de un diseño institucional que impide el cumplimiento de sus propias funciones.
Su capacidad de reflexión sobre sus responsabilidades es prácticamente nula. El organigrama expresa una burocracia administrativa sin una estructura misional proporcional a sus atribuciones, con procesos sin trazabilidad y una organización que, lejos de garantizar controles efectivos, genera incentivos profundos a la corrupción, la coima y al apriete a las instituciones de educación superior.
Asimismo, el CONES tiene facultades legales para intervenir universidades irregulares, pero no ha sido capaz de ejercer control frente a la proliferación de carreras fantasma, cuya única finalidad es convertir en negocio la estafa a miles de jóvenes y familias que depositan sus esperanzas de un futuro mejor en un título universitario.
A esto se suman las graves irregularidades detectadas en el Registro de Títulos del MEC, cuyo funcionamiento exige investigar hasta qué punto ha operado, ayer y hoy, como una caja de recaudación paralela al servicio de intereses políticos y personales.
El fracaso de la implementación del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE ES), a tres años de su creación, completa el cuadro de un Estado que no garantiza la trazabilidad de los títulos que registra. ¿Quiénes se beneficiaron de semejante descontrol y quiénes, obligados a impedirlo, permitieron que continuara?
Dejanos tu comentario
La Corte dictamina a favor de crear juzgados especializados en violencia contra la mujer
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por Alberto Martínez Simón, dictaminó a favor del proyecto de ley que propone la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, ante el aumento de los casos de feminicidio. A la vez, este jueves se desarrolla una audiencia pública en el Congreso Nacional para socializar la iniciativa.
“El feminicidio está creciendo en nuestro país, este proyecto ya lo había presentado en el 2024, pero lamentablemente fue rechazado, y de nuevo lo volví a presentar el pasado 14 de octubre; cuenta con el consenso de 17 instituciones que trabajaron conmigo durante 6 años”, manifestó la senadora y proyectista Lilian Samaniego a los medios de comunicación.
Samaniego acotó: “Fui a solicitarle directamente un dictamen al presidente de la Corte Suprema de Justicia y ayer miércoles ya me lo envió de manera positiva; también ya llegué hasta el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para hablar y contarle todo lo que habían dicho los jueces de paz sobre el proyecto de ley. Ellos dicen que necesitan la herramienta para dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas”.
Agregó que “el fiscal general me escuchó atentamente y me dijo que cuanto antes me enviará su dictamen. Se sabe que hay hombres presos por denuncias falsas, es decir que este proyecto de ley servirá tanto a la mujer como al varón. Cuando una mujer sufre de violencia la justicia debe actuar y nuestro compromiso se debe traducir en hechos, y es por eso que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que esto se apruebe cuanto antes”.
La parlamentaria había detallado semanas atrás que entre el 2020 y el 2025 se registró un total de 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año, y en lo que va del 2026 ya se registraron 21 feminicidios. “A cuantas personas que encuentro en mi camino les pido que se sumen y que firmen este proyecto, ya tengo miles de firmas. Nosotros vamos a pelear por un presupuesto para la instalación de los primeros cinco juzgados en los lugares donde hay mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Capital”, puntualizó.
Dejanos tu comentario
Convocan a audiencia pública para debatir sobre proyecto que regula el uso de drones
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados organiza una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “Que regula la utilización de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el territorio nacional”.
La convocatoria es para el miércoles 28 de octubre a las 13:00, en la sala de sesiones de la Cámara Baja.
La propuesta legislativa busca establecer un marco legal actualizado para el uso de drones en Paraguay y acompañar el crecimiento de esta tecnología.
Además se quiere garantizar condiciones adecuadas de seguridad, responsabilidad y respeto a los derechos de las personas.
Según los proyectistas, la iniciativa parte de la creciente utilización de estos equipos tecnológicos en actividades agrícolas, comerciales, recreativas, de seguridad, logística, comunicación, investigación y entretenimiento.
Uno de los puntos principales alude al registro obligatorio de los drones, su identificación y la determinación de responsabilidades sobre sus propietarios y operadores.
El proyecto también contempla requisitos de capacitación y certificación para quienes los utilicen, además del cumplimiento de las normas de circulación aérea y la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños ocasionados a terceros.
Leé también: Avanza sin incidentes el juzgamiento de actas en Asunción y Central
Dejanos tu comentario
Camilo interactuó con universitarios sobre cambios a generar en Asunción
Durante la exposición, Camilo Pérez desarrolló los aspectos más importantes de su plan de gobierno.
El candidato a intendente por el Partido Colorado, Camilo Pérez, presentó su plan de gobierno durante el “Encuentro Universitario sobre Propuestas para Asunción”, actividad que permitió al empresario y dirigente deportivo conectar cara a cara con el sector estudiantil para escuchar sus reclamos y sugerencias a favor de su proyecto municipal.
La reunión fue organizada por la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUCCA) y se abordaron los tres ejes centrales que Pérez proyectará en la capital, de consagrarse victorioso en las elecciones municipales del 4 de octubre.
Durante la exposición, Pérez desarrolló estos aspectos de su plan de gobierno: “Una Municipalidad que funcione”, “Calidad de vida” y “Orgullo ciudadano”, poniendo especial énfasis en las acciones vinculadas a los problemas cotidianos de la ciudad y de los vecinos.
Respecto al área de la seguridad, el dirigente colorado destacó la importancia de generar una ciudad más segura para los jóvenes y, particularmente, para los estudiantes que se movilizan diariamente por distintos puntos de Asunción. Su propuesta contempla una Policía Municipal de Cercanía, con tecnología y un sistema de monitoreo, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones que afectan a los ciudadanos.
“Soy un candidato sin techo de vidrio y no tengo ningún problema en responder los planteamientos que me hagan los jóvenes. Tengo una conexión muy fuerte con la juventud; el deporte me permitió generar esa sinergia durante muchos años y es justamente esa experiencia la que quiero llevar también a la ciudad”, afirmó Pérez tras contestar a las consultas de los universitarios.