El diputado Fernando Ortellado se refirió a las denuncias de amedrentamiento que realiza Guadalupe Alfaro, madre del ministro de Agricultura y ex gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann. La mujer utiliza una radioemisora en la cual ella es directora para intimidar a quienes realizan denuncias contra su hijo. El parlamentario refirió que es un modus operandi de la propia mafia, el de atemorizar y amenazar.
“Esas son actitudes de la mafia, más que la actitud de feudos es una actitud de la mafia. Salir a amedrentar utilizando las instituciones, los medios de comunicación, creo que son actitudes de la mafia”, sentenció Ortellado.
Por otra parte, el parlamentario mencionó que todas las denuncias realizadas en contra de Friedmann dejaron de sorprender y, en ese sentido, mencionó que desde la ciudadanía hasta las autoridades del departamento de Guairá sabían todas las irregularidades en las que estaba involucrado el exgobernador.
“A nosotros los guaireños ya no nos sorprende para nada esta situación. Ya lo sabíamos todo, siempre la ciudadanía lo viene reclamando, tanto las autoridades como la ciudadanía lo vienen diciendo, pero hasta la fecha él ha actuado de manera totalmente impune”, mencionó.
Asimismo, recordó que existen denuncias en su contra desde el 2012, cuando un cargamento de azúcar fue confiscado frente a una de sus propiedades. Sin embargo, el hecho nunca fue investigado. “Él (Rodolfo) tiene problema y siempre encuentra quien le venda la solución. Entonces continúa así impune hasta la fecha”, sentenció el diputado.
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PLRA: en dos semanas estará la auditoría de la gestión de Efraín Alegre
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas indicó que la auditoría externa realizada a la gestión administrativa de Efraín Alegre se encuentra en su etapa final y será expuesta a las demás autoridades, afiliados, dirigentes azules y a la ciudadanía en general en menos de dos semanas.
La solicitud de fiscalización fue realizada por convencionales y miembros de la conducción nacional de la agrupación tradicional ante las numerosas irregularidades denunciadas en reiteradas ocasiones y las demandas por falta de pago de las deudas contraídas que generaron embargos y sentencias de llevar a remate locales de comités políticos del PLRA, como el de Capiatá y Ciudad del Este.
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“En esta semana está concluyendo el trabajo que hemos encargado a una consultora bastante reconocida, los trabajos de auditoría empezaron a finales del mes de noviembre y en los primeros días de diciembre del año 2023. En no más de dos semanas se estará presentando oficialmente y públicamente los resultados”, manifestó.
Fleitas dijo que de comprobarse las irregularidades denuncias, no descartan impulsar una denuncia penal contra Alegre. “Nosotros siempre hemos dicho que no apañaremos nada y tampoco vamos a inventar absolutamente nada”, indicó en una entrevista con la 730 AM.
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No obstante, Fleitas sostiene que el principal responsable del colapso financiero del Partido Liberal es Alegre, quien con la finalidad de costear su campaña política a la presidencia de la República en los comicios generales del 2018, violó la Ley del Financiamiento Político.
“Esto ha sido producto de una irresponsabilidad del expresidente Alegre que le sobre endeudó al partido para las elecciones, cuando la ley del financiamiento autorizaba a todos los partidos a gastar hasta un máximo de G. 33 mil millones ¿Qué hizo el expresidente Alegre? Gastó más de G. 56 mil millones por sobre la ley, y por sobre la decisión del directorio que le autorizó a hacer esos gastos sobre el tope máximo”, sentenció.
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“Miguel Prieto y su equipo no son una alternativa válida”, sostiene Rocío Abed
La diputada Rocío Abed se refirió a las elecciones municipales, sentenciando que en Ciudad del Este claman por una alternativa real y determinante, ante la pésima gestión del actual jefe municipal, Miguel Prieto. Manifestó así que el intendente solo contribuye a aumentar la destrucción en la ciudad.
“El Partido Colorado tiene el deseo de volver a ganar en Ciudad del Este. Al respecto, tenemos una pequeña ventaja porque prácticamente nuestro jefe de campaña es Miguel Prieto, al hacer méritos con su pésima gestión, demostrando que él y su equipo no son alternativa válida”, expresó Abed.
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Atendiendo esto, remarcó que para el Partido Colorado no solo se trata de una recuperación política el objetivo de ganar en Ciudad del Este, sino también de una renovación en la ciudad, teniendo en cuenta la decadencia en la cual se encuentran sumidos los ciudadanos, bajo la gestión de Prieto.
“Cambiar esto y recuperar Ciudad del Este debe ser una prioridad para el Partido Colorado. La ciudad ha decaído, el municipio se encuentra totalmente endeudado y Prieto no tiene una visión estadista, sino más bien un sinfín de denuncias en hechos punibles”, subrayó la parlamentaria a la 1020 AM.
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Además, la legisladora aseguró que al elaborar un sondeo en la ciudad, se puede observar que la gestión de Prieto deja mucho que desear, teniendo en cuenta la administración paupérrima de la municipalidad. Lamentó de este modo que finalmente la ciudadanía deba pagar por dichos factores.
Sobre las preparaciones para las municipales, indicó que son muchos los nombres que se están barajando como posibles candidatos, descartando en ese sentido la posibilidad de presentarse como aspirante, teniendo en cuenta cómo está totalmente avocada a su gestión legislativa.
“Actualmente estamos trabajando para agarrar las riendas en Ciudad del Este y espero que podamos coincidir en la presentación del mejor candidato posible”, expresó la parlamentaria, haciendo hincapié en la importancia de mantener las labores partidarias, pensando en el beneficio poblacional.
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Ande ya formuló 64 denuncias ante la fiscalía por criptonegocios ilegales
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) trabaja en un sistema de monitoreo de consumo de electricidad en el marco de la lucha contra las granjas de criptominería ilegales que sobrecargan al sistema en muchas áreas del país. Así lo anunció su titular, Félix Sosa, revelando que hasta el momento llevan realizadas 64 denuncias ante la Fiscalía.
“Este año, hemos hecho 14 intervenciones a nivel nacional”, precisó a GEN/Universo y aclaró que no solo trabajan en el monitoreo del consumo, sino también en el seguimiento de las denuncias.
Sosa reseñó que el daño que recibe la Ande en materia de consumo clandestino de electricidad es enorme y que no solo afecta en concepto monetario, sino también en la calidad del servicio brindado, lo que termina repercutiendo en los consumidores.
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“Cuando el sistema detecta que hay actividad 24 horas, ya existe una sospecha de alguna actividad ilegal y procedemos a realizar las notificaciones”, explicó el titular de la Ande y aclaró que el departamento de Asesoría Jurídica realiza evaluaciones y denuncias.
Prohibir no, legalizar si
Al ser consultado sobre las granjas de criptominería que se encuentran activas y dentro del registro de la entidad, o sea, funcionando de manera legal, precisó que debían continuar funcionando normalmente.
“Prohibir las granjas no creo que sea el mejor camino, sí generar las mejores condiciones para que el país salga ganando”, remarcó Sosa.
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El miserable corporativismo en busca de la impunidad
La sociedad es testigo y está consciente del perverso juego de protección corporativa de dos cadenas de medios de comunicación a favor de quien fuera su aliado y proveedor –a través del Estado– en el periodo presidencial 2018-2023, y que el juicio anticipatorio de la historia ya ha condenado como el más corrupto de toda la transición democrática. Los tribunales de la república, llegado el momento, solo habrán de confirmar esta sentencia inapelable ante la abrumadora contundencia de las pruebas incriminatorias, no solo en los ministerios del Ejecutivo, sino, y especialmente, en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyas actuales autoridades tienen la responsabilidad moral de aventar las suciedades que todavía se encuentran camufladas debajo de la alfombra.
Desde el primer día de su mandato, advertíamos al presidente Santiago Peña que el mayor desafío que tiene por delante era moralizar nuevamente las instituciones públicas, al tiempo de devolverles eficacia –esto es, lograr los objetivos deseados– en el cumplimiento de sus cometidos fundamentales. Todos los esfuerzos del gobernante y su equipo envían señales inequívocas de que se encuentran en ese camino: el de la rectitud y la capacidad realizadora, mal que les pese a los agoreros del fracaso ajeno. Pero, en la otra ribera, todavía queda una tarea pendiente, y estamos convencidos de que no tardará en ejecutarse.
Aprobados en el Congreso de la Nación los proyectos que tienen categoría de política de Estado y que apuntan directamente a derribar las históricas injusticias sociales, la Auditoría General del Poder Ejecutivo debe exponer a la consideración ciudadana el cuantioso perjuicio de la administración anterior al patrimonio que es de todo el pueblo. Sabemos que se trata de una investigación que requiere pericia, seriedad y cotejo de una voluminosa documentación, para que no queden resquicios o flancos débiles a los que les encantaría disparar a las dos corporaciones mediáticas que decidieron apostar por la impunidad cómplice, presionando y hostigando tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Corte Suprema de Justicia. Y lo hacen con una alevosía que ni siquiera inmuta a ningún periodista de esos medios, quienes, sin embargo, pretenden erigirse en los abanderados de la trasparencia y la integridad.
Los mismos han pisoteado sin ningún escrúpulo ni pudor las reglas más elementales del periodismo, con tal de manipular los hechos, enmascarar la realidad y distraer la atención de los delitos más repugnantes y miserables perpetrados en agravio de miles y miles de familias, de condiciones humildes, quienes, en medio del llanto de la impotencia, veían cómo sus seres queridos morían por la insensibilidad de un Gobierno que prefirió desviar 1.600 millones de dólares, antes que aliviar el dolor de un pueblo asediado por la pandemia del covid-19. Fallecieron por falta de insumos, medicamentos, camas para terapias y, lo más triste, de oxígeno. El resultado fatal, al 15 de agosto de 2023, cuando Mario Abdo Benítez entregó el poder, fue de 19.880 decesos. Muchos de ellos pudieron ser evitados, si no fuera tanta la angurria, la improvisación y la dureza de corazones de quienes pensaron exclusivamente en sus bolsillos y no en el sufrimiento de la población. Los escasos hospitales de contingencia solo fueron montados con el propósito de propiciar las fotografías en los medios amigos y así continuar con el despilfarro de los recursos del área de la salud.
Este es el personaje y su equipo a los que están defendiendo estas corporaciones. Lo están haciendo ahora ante las irrebatibles pruebas de que utilizaron las instituciones del Estado para filtrar informaciones adulteradas algunas, y confidenciales otras, para tratar de eliminar de la carrera electoral a sus enemigos internos de la Asociación Nacional Republicana. Maniobra infame a la que se prestaron los bien identificados medios de comunicación por una doble y espuria motivación: la primera, para extender un manto oscuro de defensa sobre su aliado político y comercial; y la segunda, para obstaculizar cualquier iniciativa jurídica emprendida por los líderes del movimiento Honor Colorado en procura de justicia. Hasta pretenden, en un cinismo y descaro sin límites, deslegitimar la mayoría que hoy tiene el Partido Colorado en las cámaras de Diputados y Senadores, en alianza con representantes de otros sectores políticos democráticos. Sin embargo, en el pasado reciente celebraban la que fuera construida prioritariamente contra el cartismo entre los leales a Mario Abdo Benítez y sus satélites del Partido Democrático Progresista (PDP), liderados por la ahora exparlamentaria Desirée Masi. Sinuoso trayecto que hoy continúa con puntillosa fidelidad su marido, el senador Rafael Filizzola. Ahí es cuando la hipocresía exhibe su rostro más despreciable ante una sociedad frente a la cual perdieron todo vestigio de confianza y credibilidad. Y lo hicieron por sus propias acciones, al promover un corporativismo para la impunidad; en otras palabras, para dejar sin castigo al voraz latrocinio público, el despilfarro en avisaje fiscal y publinotas empalagosas, y la grosera manipulación de los organismos del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Y a esta campaña se sumaron algunos seudoopositores, evitando el desafuero de quien, alguna vez, más pronto que tarde, deberá enfrentar estos cargos y rendir cuentas ante la Justicia. El pueblo, repetimos, ya lo hizo hace rato.