La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.

Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.

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La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.

Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.

Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.

Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El diputado Miguel Del Puerto informó sobre importantes avances en beneficio del Departamento de Caaguazú, derivados de su participación en la comitiva oficial que acompañó al presidente de la República, Santiago Peña, durante su reciente visita a la India.

Según detalló el legislador, uno de los principales logros de esta misión fue el compromiso del Ejecutivo para la provisión de ambulancias y equipamientos médicos destinados al Hospital Distrital de Caaguazú. La dotación, que estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, está prevista para concretarse la próxima semana.

“Es una necesidad urgente del hospital y una respuesta concreta por parte del presidente Peña. La salud pública de Caaguazú se verá fortalecida gracias a este respaldo institucional”, afirmó Del Puerto en declaraciones brindadas a medios de comunicación del departamento.

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Además del eje sanitario, el parlamentario sostuvo conversaciones con Peña sobre la situación económica del distrito, solicitando apoyo para los inversionistas locales con el objetivo de dinamizar la economía regional y generar nuevas fuentes de empleo. Según indicó, la propuesta fue bien recibida por el mandatario, quien expresó su disposición a respaldar iniciativas orientadas al desarrollo productivo de la ciudad.

Durante su estadía en la India, la delegación paraguaya mantuvo encuentros de alto nivel con autoridades del país asiático, incluyendo reuniones con la presidenta Droupadi Murmu, el primer ministro Narendra Modi, el ministro de Relaciones Exteriores Subrahmanyam Jaishankar y el gobernador del estado de Maharashtra, C. P. Radhakrishnan.

La agenda oficial también contempló un encuentro con más de un centenar de ejecutivos y representantes de startups indias vinculadas a los sectores logístico, energético, farmacéutico y de transporte, en el marco de una estrategia de atracción de inversiones y fortalecimiento del intercambio comercial entre ambos países.

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Este 30 de junio vencen las patentes de rodados en los municipios del país y los dueños de vehículos deben renovar la habilitación. Tras la polémica a principios de año por el cambio de la legislación, se procedió a una nueva legislación que establece los montos que deben pagar los contribuyentes.

El director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), Félix Hernán Jiménez, explicó los alcances del artículo 3 de la Ley 7459/2025, que establece la nueva base de cálculo del impuesto de patente de rodados en Paraguay, según comentó en entrevista con la 1020 am.

La normativa fija como valor imponible el monto sobre el cual se aplicará un 0,3% para calcular la patente, con una depreciación del 5% anual desde la fabricación del vehículo, hasta un tope del 50% a partir de los diez años de antigüedad, comentó.

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Jiménez aclaró que, en caso de que el vehículo no figure en el listado oficial, el contribuyente podrá presentar su factura de compra, de la cual se descontará el IVA para determinar el valor imponible. Esta medida busca mayor equidad y precisión en el cobro del tributo, ajustándose a las condiciones reales del mercado automotor.

Además, el director destacó que esta ley tiene como uno de sus principales objetivos que los municipios cuenten con un registro actualizado y fiable de su parque automotor. “Queremos que cada contribuyente que estaba pagando fuera de su municipio vuelva a tributar en el municipio donde reside”, remarcó.

Sobre otros aspectos de la seguridad vial, Jiménez señaló que la Inspección Técnica Vehicular (ITV) es una atribución municipal, aunque no es obligatoria por ley. Sin embargo, desde la ANTSV se trabaja para establecer la implementación del ITV y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en todo el país.

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